Se han usado las instituciones para hacer negocios con el crimen organizado, señala Abel Barrera. Al Ejército se le dio un poder “supraconstitucional” en el pasado sexenio y en el actual ha alcanzado más poder y hasta se le asigna la construcción de importantes obras de infraestructura, critica
Chilpancingo, Guerrero, 17 de octubre de 2020. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda evidencia un Estado fallido en el cual titulares de las instituciones las utilizaron para confabularse y hacer negocios con el crimen organizado.
Subrayó que más allá de lo que arroje la investigación en Estados Unidos contra el general “nosotros hemos constatado como ciudadanos, como defensores de derechos humanos que el papel del Ejército en seguridad no ha tenido resultados favorables para la población”.
Y recalcó que la detención del general confirma que en México no se investiga y que hasta los soldados rasos han gozado de impunidad, la que ha rodeado al Ejército desde los tiempos de la Guerra Sucia contra la guerrilla en Guerrero en la década de 1970.
Barrera dijo que la detención del ex secretario de la Defensa “nos ha desconcertado, pensábamos en secretarios de Seguridad , en policías como (Genaro) García Luna pero no imaginábamos que se tocaran esos vínculos y nexos del Ejército” con el crimen organizado.
En declaraciones por teléfono, dijo que el hecho de que Cienfuegos Zepeda esté siendo procesado habla de los altos niveles de corrupción que existen en el Ejército y sobre todo el papel del general retirado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto que, según la acusación, era la de proteger las actividades del jefe de un cartel que formó parte del grupo de los hermanos Beltrán Ley-va que era el hegemónico en Guerrero cuando el ahora detenido fue comandante de la Novena Región Militar en 2005-2006.
Recordó que el general incluso opinaba en temas como la reforma educativa, a que la defendió asumiendo un rol político.
Recordó que en el pasado sexenio al Ejército se le dio un poder “supraconstitucional” y advirtió que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene más poder y los militares ya hasta fueron convertidos en “empresarios” a los que se les asigna la construcción de importantes obras de infraestructura.
“Lo que hoy tenemos ante la opinión pública internacional con el caso del general (Cienfuegos Zepeda), es que estamos ante un Ejército que está vinculado a negocios truculentos como el narcotráfico”, subrayó Barrera.
Y destacó que la detención puede ser la evidencia de que hay “un Estado fallido donde en verdad han fallado las instituciones. Los titulares de las instituciones se han confabulado al crimen, le han apostado a vivir en la impunidad, y han utilizado a las instituciones para hacer negocios con la economía criminal. En este sentido hay indicios de cómo se han capturado a las instituciones del Estado para otro tipo de intereses ajenos al mandato institucional”.
No colaboró en el caso de los 43
Recordó también que el general fue uno de los más reacios a que se investigara a los militares en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
“Se negó a que se diera información, públicamente dijo que no tenía por qué el Ejército dar cuenta de su actuación a autoridades civiles, esta protección a ultranza deja mucho que decir, ese hermetismo, esa forma tan dura de dirigirse a una sociedad que exige justicia”, y agregó que la detención pudiera tener alguna repercusión en el caso de los normalistas.
Luego de que ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador defendiera a la institución castrense y al actual secretario Luis Cresencio Sandoval, Barrera Hernández dijo que ha sido la tónica de las autoridades civiles de defender al Ejército.
“Hay una alianza, un pacto de respeto mutuo, entre el Ejército y el gobierno civil. Yo creo que es una apuesta cautelosa y prudente (del presidente) en términos de que no podrá él tampoco asumirse como alguien crítico del Ejército, pero el juicio de la ciudadanía en términos de los resultado que ha tenidos el Ejército es violador de los derechos humanos de manera sistemática y que desde la Guerra Sucia no hay un solo juicio contra ellos, ni una sola investigación”.
También recordó que Guerrero, y sobre todo Acapulco, han sido un bastión para el tráfico de drogas incluso de aquella que es enviada desde Sudamérica, lo que ha generado “grandes negocios y que lamentablemente quedó en el silencio porque no se puede señalar a actores castrenses vinculados, por esa cultura que se nos ha impuesto de que el Ejército es una institución que protege a nuestro país y que protege al sistema político y que ahora se desmonta y se desnuda a esta institución, que en verdad no es como lo han querido presentar y que ahora creo que los ciudadanos y ciudadanas estamos llamados a exigir que se investigue el papel del Ejército y de los generales en estos hechos”.
Texto: Jacob Morales / Foto: Archivo
