Las autoridades abandonaron el conflicto en Malinaltepec, asegura el ex delegado de la Procuraduría Agraria Jaimes Ferrel
Chilpancingo, Guerrero, 26 de junio de 2024. Vecinos de 15 comunidades de la zona me’phaa del municipio de Ayutla de los Libres retuvieron al primer coordinador, Ysabel de los Santos Morales; al tesorero Tirso Ferreira Guadalupe y al director de Obras Públicas, Erick Ceballos, en la Casa de los Pueblos, para exigir las obras que le corresponden a esa zona, con dinero del presupuesto de este año.
Vía telefónica, el comisario de la comunidad El Camalote, Serafín, quien hace de vocero de la mencionada zona, informó que cerraron la Casa de los Pueblos porque el director de Obras Públicas ya no se presenta a su oficina para atender las peticiones de los pueblos, en cuestión de obras para las localidades, pues en el sistema normativo propio se acostumbra que cada año le toca una obra a cada localidad, dividida equitativamente, según el presupuesto de cada año, y advirtió: “Si no se llega a un buen acuerdo, vamos a cerrar ambas entradas del municipio. No nos retiraremos hasta que nos resuelvan a todas las localidades”.
En consulta telefónica a las 8:30 de la noche, el coordinador Ysabel de los Santos confirmó que estaban retenidos los tres funcionarios, además de otros trabajadores, sin almorzar, sin comer y sin tomar agua desde las 10 de la mañana. Pidió la intervención del gobierno estatal.
En nombre del coordinador, un hombre que se identificó sólo como su secretario particular, pidió que autoridades estatales o federales explicaran a los manifestantes que no tienen el dinero para construir las obras, porque las últimas dos ministraciones, que son un 20 por ciento del presupuesto, unos 28 millones de pesos, no las ejecuta este gobierno sino la próxima administración, pues a los funcionarios municipales no les creen.
El comisario de El Camalote dijo que ahí estaban 15 localidades de la zona me’phaa, de las 25, para demandar la pavimentación de calles y una biblioteca escolar, en especial.
Informó que localizaron al coordinador y al tesorero poco después de las 10 de la mañana, que los llevaron caminando a la Casa de los Pueblos y que el director de Obras Públicas se presentó después de las 6 de la tarde.
“Queremos aclarar que estamos de manera pacífica. Hasta el momento somos 15 localidades y mañana bajan el resto, pues la zona la conformamos 25 localidades. Ahorita ya está el primer coordinador y la segunda coordinadora, Epifania (González Guadalupe), así como los concejales de nuestra zona”, dijo a la 1 de la tarde el comisario.
Señaló que el coordinador Ysabel de los Santos no tiene ninguna autoridad en la Casa de los Pueblos, “los que mandan son Erik Ceballos y Tirso Ferreira, y ahorita nos preocupa, porque se rumora que no habrá obras en nuestra zona. Ese es el miedo de los ciudadanos que ya están por salir (los integrantes de este gobierno)”.
Se pudo hablar con integrantes de diferentes organizaciones de Ayutla y con representantes de colonias y comunidades, quienes coincidieron en que la inconformidad se debe a que en octubre termina esta administración y han documentado actos de corrupción, entre funcionarios de la Casa de los Pueblos con contratistas e ingenieros de obra, priorizando a quienes son afines e ignorando a la oposición política y social.
Señalaron que no hay rendición de cuentas, que pusieron ingenieros, que inflaron los precios de las obras y a las colonias y comunidades que no aceptaron la imposición de gente externa, les pidieron el 15 por ciento del dinero ejecutado, como condición para que se construyera.
No se puede comprometer el gobierno
A las 8:30 de la noche, vía telefónica, el coordinador Ysabel de los Santos confirmó que estaba retenido con la Casa de los Pueblos, ocupada por unos 200 manifestantes de la zona me’phaa.
Después, comunicó a un hombre al teléfono, que se identificó como “secretario del alcalde”, quien explicó que las últimas ministraciones, que son “como unos 28 millones de pesos”, no las ejecutará este gobierno sino el siguiente.
Se le comentó que ya estaban comprometidas las obras y dijo que al inicio de cada año se hace el compromiso con el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) de las obras del año, “eso es del monto anual de cada año, pero cada que hay cambio de gobierno se recibe un 80 por ciento y el gobierno que entra el otro 20 por ciento. No se puede comprometer el gobierno con un recurso que llega en octubre, son dos ministraciones y nosotros salimos en septiembre”.
Confirmó que este gobierno mantiene el compromiso de hacer una una obra por comunidad, “los contratistas van cumpliendo, algunos contratistas sobornan para que vengan las comunidades a exigir sus obras, por eso tenemos este problema. Estamos desde las 10 de la mañana retenidos, llegó un representante de Gobernación, pero no han apoyado”.
“El gobierno estatal sí tiene continuidad en los recursos, pueden exigirle a ellos”, propuso.
En cuanto a los señalamientos de corrupción, afirmó que “no hay desvío de recursos, todos saben el monto de sus obras, se dio la separación de Ñuu’ Savi (el nuevo municipio) y se tuvo que dividir el recurso, y nos descontaron 73 millones de pesos, que no tenemos porque se determinó que lo tenía que ejecutar Ñuu’ Savi”.
“Se ha cumplido en obra pública y comprobación de recursos. No tenemos problemas con la auditoría, tenemos algunas observaciones, pero aquí no hay obras fantasma, como en otros municipio”.
Dijo que de 15 obras presupuestadas quedan pendientes 10, “pero porque no ejecutamos todo el recurso, salimos en octubre. No podemos firmar contratos de un dinero que no tenemos”.
Pidió al gobierno estatal que “se comprometa con brindar seguridad, certeza y mandar a alguien a explicar porqué a nosotros no nos creen, piden un órgano superior”.
Siguen retenidos en Pascala del Oro el director de Obras y un contratista
El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, Tonatiuh Alcaraz Sotelo y un contratista de obra, seguían retenidos anoche por un grupo de pobladores de Pascala del Oro.
El funcionario y el contratista fueron retenidos desde las 10 de la mañana del lunes, cuando un grupo de vecinos encabezados por su comisario municipal, Constantino Zeferino Bernardino, fueron notificados que sólo les pavimentarían 180 metros de calle con los 3 millones de pesos que le corresponden del Ramo 33.
El alcalde con licencia, Adaír Hernández Martínez, quien ganó las elecciones del 2 de junio para su reelección, informó que la asamblea en la que las autoridades municipales atendían su petición para la liberación del funcionario y el contratista, seguía a las 8 de la noche.
El alcalde del Partido del Trabajo informó que el problema es más político que por la inversión de la obra, y que se trata sólo de “un grupito” de los vecinos que están inconformes.
Indicó que están justificando su inconformidad en que la inversión no corresponde con la obra que se va a hacer, porque lo que quieren es que el Ayuntamiento les entregue el dinero en efectivo, lo cual, dijo, normativamente no es posible.
Explicó que la normativa del programa establece que los recursos de estos programas se depositan al Ayuntamiento, que es el que realiza la obra y comprueba los recursos ante el gobierno federal.
Indicó que el grupo de inconformes tiene intereses políticos y que por eso se esperó para protestar hasta después de las elecciones, “estaban esperando a ver los resultados de las elecciones”, dijo.
Un vecino de Pascala del Oro informó ayer por teléfono que los pobladores se encuentran en asamblea permanente desde las 10 de la mañana del lunes, cuando recibieron al director de Obras Públicas, Tonatiuh Alcaraz Sotelo y al contratista.
Contó que la asamblea se prolongó hasta las 4 de la tarde sin que llegaran a acuerdos con respecto al recurso que le corresponde a esa comunidad del programa Ramo 33.
Dijo que la gente no cree que en 180 metros de pavimentación de calle se vayan a invertir los 3 millones de pesos.
Derivado de su inconformidad, el lunes emplazaron al alcalde para que se presente a darles una explicación y debido a que a las 5 de la tarde del lunes el presidente municipal no llegó, decidieron impedir que salieran del pueblo el funcionario municipal y el contratista.
Hernández Martínez informó que ayer la reunión fue convocada con la presencia de las autoridades municipales a las 2 de la tarde pero la reunión se aplazó hasta a las 4 y a las 8 seguían sin llegar a acuerdos.
Las autoridades abandonaron el conflicto en Malinaltepec, asegura ex funcionario agrario
Autoridades de los gobiernos federal y estatal abandonaron el conflicto agrario entre Malinaltepec y Alacatlatzala, que era catalogado en el anterior gobierno como “foco rojo”; es decir, de alto riego, y que se pretendía resolver mediante el programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer).
El abogado, especialista en asuntos agrarios, ex delegado de la Procuraduría Agraria (PA) del gobierno federal y ex subsecretario estatal de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, declaró este martes que, derivado del abandono, ahora el problema ha escalado a conflicto político, penal y social, con el asesinato del presidente municipal de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero.
Jaimes Ferrerl estuvo al tanto del conflicto agrario entre Malinaltepec y Alacatlatzala durante casi 16 años, 10 como delegado de la PA en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como seis como subsecretario de Asuntos Agrarios, en el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores.
Entrevistado respecto a ese conflicto, que de acuerdo con autoridades de la actual administración estatal, fue la causa del asesinato del alcalde Flores Castro, el jueves pasado, cuando fue a inaugurar la pavimentación de una calle en la colonia La Guadalupe, anexo de Alacatlatzala, el ex funcionario opinó que en este caso falló el diálogo.
“El diálogo es uno de los medios alternativos para la solución de los conflictos agrarios, y yo creo que en este caso, de Malinaltepec y de Alacatlatzala, no se debió dejar de lado. Se tuvo que estar insistiendo y ser necios ante esta situación, porque es lamentable todo lo que está ocurriendo en ese lugar”, opinó.
Jaimes Ferrel indicó que durante los años que lo atendió, como funcionario federal y después como funcionario estatal, la dificultad para llegar a acuerdos radicó en que los comuneros de Alacaltazala son ñu savi o mixtecos y los de Malinaltepec son me phaa o tlapanecos, “esto es lo que dificulta el diálogo y la solución del problema ahí”.
Explicó que desde cuando conoció del asunto, en el sexenio del presidente Vicente Fox, cuando Florencio Salazar Adame era el secretario de la ya desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), se creó un grupo de trabajo integrado por el Registro Agrario Nacional (RAN), PA y SRA.
“La atención se centró en este conflicto, porque estaba dentro de los llamados ‘focos rojos’”, debido a que antes del problema con Malinaltepec, Alacatlatzala estaba pelando 133 hectáreas de tierras con el núcleo agrario de Coatzoquitengo, “pero este asunto se resolvió con diálogo”.
Sin embargo, añadió que después Alacatlatzala inició el conflicto con Malinaltepec, a raíz de que alrededor de 1993, mediante un juicio agrario, le reconocieron a Malinaltepec 9 mil 591 hectáreas, acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Jaimes Ferrerl recordó que, después, con los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), le regularizaron a Malinaltepec, entre 2005 y 2006, una superficie de más, que son las 3 mil hectáreas que ahora reclama Alacatlatzala.
“Esto es lo que ha generado el problema”, indicó el ex funcionario.
“Insisto, yo creo que el gobierno estatal debe intervenir ante el gobierno federal para que se atienda este asunto de manera pronta, porque no sabemos, la verdad, hasta donde vaya a para este asunto. Es muy delicado, es un tema que se tiene que abordar de manera rápida y echar a andar todos los mecanismos que sean necesarios, para que el diálogo prevalezca por encima de cualquier agresión”.
Pero dijo que “los conflictos no se arreglan solos. Si se abandonan crecen, se multiplican, primero es un problemita, después se vuelve un conflicto y se enganchan otros intereses, hasta que se convierte en un conflicto inmanejable”.
Explicó que es el caso ahora de Malinaltepec y Alacatlatzala, cuyo conflicto inició por la disputa de las tierras, “ahora ya se convirtió en un problema político, con el asesinato del presidente municipal, que también lo convierte en penal y lo que sigue será el problema social”.
El ex funcionario reiteró que ahora se dificultó más, “porque además del conflicto agrario, tienen que arreglar los problemas penales, las diferencias políticas y los problemas sociales, porque ya Alacatlatzala quiere formar otro municipio”.
Indicó que en estos casos debe prevalecer la necedad por parte de las instancias gubernamentales, “si se ceja, por temor a represalias o por temor a remover el asunto, el problema va a crecer más”.
Jaimes Ferrerl contó que en las pláticas, en las que tuvo muchas veces con las dos partes, para apaciguar los ánimos, cuando le tocó atenderlo “siempre se les dije que la manera de llegar a un acuerdo era el respeto, primero”.
Aseguró que ambas partes siempre mostraron entendimiento y voluntad, que para dirimir sus inconformidades buscaban platicar primero y lo hacían a través de las instancias correspondientes, “siempre se les vio voluntad y estuvieron en la creencia que, tarde que temprano, el conflicto se iba a resolver”.
Informó que la propuesta del anterior gobierno era dividir la superficie en conflicto, tomando en cuenta el mayor número de posesionarios de alguno de los pueblos.
“Estábamos buscando la manera de darles una contraprestación, como la construcción de escuelas, centros de salud, pavimentación de carreteras, abrir brechas; sin embargo, se declaró que ya no fue posible porque estaban en ese proceso del estira y afloja cuando concluyó el gobierno”.
El ex funcionario lamentó que ahora ya no se usen programas como el Cosemer para atender estos conflictos, mediante el cual se entregaban las contraprestaciones a las partes que quedaban dolidas o que perdían en los juicios agrarios.
Texto: Rosendo Betancourt Radilla y Zacarías Cervantes / Foto: El Sur
