Especialistas opinan que han sido meses de “claroscuros” y de políticas del presidente López Obrador que “parecen esquizofrénicas”
Ciudad de México, 1 de julio de 2019. Doce meses han transcurrido ya de la victoria electoral más apabullante de los últimos comicios electorales: el 1 de julio de 2018, 30 millones de personas votaron por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Después de un relativamente largo periodo de transición, el 1 de diciembre tomó posesión de la presidencia de la República. De eso ha pasado ya poco más de medio año.
Cuando Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundar Centro de Análisis e Investigación intenta hacer un balance de los siete meses de López Obrador como jefe del Ejecutivo federal, piensa en la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa, en que la semana pasada por fin se nombró un fiscal que atendiera el caso.
Piensa también en la Guardia Nacional, inaugurada este domingo en el Campo Marte con una ceremonia encabezada por el Presidente.
“Han sido meses llenos de claroscuros”, resume Guerrero, abogado especialista en derecho internacional de derechos humanos.
“Por un lado hay un cambio no sólo de discurso, también de acciones y avances muy concretos que dan mucha esperanza a las víctimas. La reinstalación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la liberación de presos políticos, el caso Ayotzinapa. Pero también vemos acciones que son sumamente contradictorias con el paradigma de derechos humanos que Morena manejó durante su campaña”.
Esta contradicción resulta una constante de los primeros meses de la administración de López Obrador, es decir de “la Cuarta Transformación”: una política pública que promete la legalización de las drogas al tiempo que envía miles de elementos policiacos y militares a sus fronteras, por las presiones políticas de Estados Unidos, que atiende con disposición casos de violaciones graves a derechos humanos, como Ayotzinapa, al tiempo que se disparan los asesinatos de activistas ambientales y periodistas.
“De todos los temas, el que más tensión provocó desde muy temprano fue la Guardia Nacional. Plantear un cuerpo así como un elemento de pacificación es un problema: la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad genera violaciones a los derechos humanos. Aún si creemos que AMLO no dará la orden de reprimir al pueblo, es una medida problemática”.
Hasta ahora, la administración y el gabinete de López Obrador han sido sobre todo de una gestión de la herencia negra de los sexenios pasados. Las desapariciones, el robo de combustible, las fosas clandestinas, Ayotzinapa.
Humberto Guerrero advierte que con la Guardia Nacional, la Cuarta Transformación puede estar a punto de inaugurar también sus propias violaciones en materia de derechos humanos.
“Los casos se van a dar, de manera casi inevitable. Aquí es donde tenemos que estar alertas y exigir que la impunidad se ataje de inmediato, que no se intente encubrir a funcionarios, que se cuente con mecanismos reales de rendición de cuentas. Hoy la Guardia Nacional ya está ocasionando cuestionamientos. Hoy es por el tema de la migración, pero mañana será por otros contextos, por seguridad o por los megaproyectos”.
Meses de políticas que parecen esquizofrénicas: Juan Carlos Narváez
Desde que la primera caravana migrante entró en territorio mexicano en octubre de 2018, el tema no ha hecho si no escalar. La fotografía de un hombre salvadoreño y su hija pequeña ahogados en el río Bravo y de la Guardia Nacional deteniendo migrantes en Ciudad Juárez, han agitado las opiniones respecto al papel de México en el fenómeno migratorio.
Juan Carlos Narváez es investigador del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (Sudimer) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También trabajó como investigador del Instituto Nacional de Migración (INM) de 2010 al 2012 y hasta el 2015 dirigió el área de Investigación para Políticas Públicas de la Unidad de Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob). En su opinión no se trata de algo nuevo.
“Antes de los acuerdos que se firmaron en Washington las cosas no estaban precisamente bien”, explica en entrevista telefónica con El Sur. “Han sido meses de políticas que parecen esquizofrénicas, hemos pasado de un propósito estelar que pretendía garantizar derechos humanos y políticas aperturistas a posturas completamente opuestas: cerrar, controlar y militarizar las fronteras y todo en completo hermetismo y opacidad”.
A Juan Carlos Narváez no le sorprendió que la Guardia Nacional fuera usada en las fronteras. Resultaba algo predecible desde mucho tiempo antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a México con aumentar las cuotas arancelarias si este no controlaba sus flujos migratorios.
En realidad, explica, lo que ha pasado es que la nueva administración ha retomado negociaciones y políticas que ya estaban en la mesa con la excusa de una amenaza comercial.
“Hubo muy buenas señales en diciembre de que el tema migratorio se atendería de otra forma”, explica y menciona el nombramiento de Tonatiuh Guillén como comisionado del INM. “Era un buen perfil. Tenía visión panorámica muy buena por su trabajo en el Colegio de la Frontera Norte. Pero su renuncia y la subsiguiente imposición de Francisco Garduño como titular del INM, además de que la Guardia Nacional asuma las labores de control migratorio, hablan de contradicciones preocupantes”.
Preocupantes porque México comienza a definirse como una frontera entera, una “frontera vertical”, explica Narváez en donde cada estado de la República representa un nuevo obstáculo, con sus propios controles y estaciones migratorias y donde la Guardia Nacional podrá asumir funciones de agentes migratorios, en la vía pública y en cualquier sitio.
“Esto crea un clima de hostilidad, intimidación, criminalización, xenofobia y racismo hacia las personas en tránsito, lo cual contradice su intención de crear un programa de desarrollo que atiendas las causas profundas de la migración”.
No se trata de un tema menor. En México el “tráfico de migrantes” constituye un negocio de seis mil millones de dólares anuales –de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU– y tragedias como el asesinato de 72 migrantes en la masacre de San Fernando en 2010 se acumulan por toda la ruta hacia Estados Unidos.
“Tenemos una gestión necropolítica de la migración”: Amarela Varela
“Lo que tenemos es una gestión necropolítica de la migración”, dijo Amarela Varela, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. “Por un lado tenemos el Plan Frontera Sur de Enrique Peña Nieto y la gestión paralegal y paramilitar de la migración, las redes de trata y tráfico del crimen organizado claramente coludido con el INM, algo que ha documentado la CNDH. Esto no ha hecho sino profundizarse”.
Varela insiste: la presión política internacional fue un excelente pretexto para impulsar medidas más duras contra los migrantes centroamericanos, medidas que ya estaban listas desde meses antes.
“Olga Sánchez Cordero –explica– tenía un discurso impecable en el que aseguró que se dejaría de abordar como un tema de seguridad nacional a un tema de seguridad humana, en donde antes del tema de extranjería o seguridad, lo que importarían serían los derechos humanos de estas personas. Creemos que todavía existe voluntad para gestionar esto de otra forma pero al interior del mismo gabinete hay distintas posturas, no por nada ahora Ebrard se está haciendo cargo de este tema, en lugar de la secretaria de Gobernación”.
El gabinete de López Obrador tiene una ventaja, detalla Varela: conoce a la perfección las preocupaciones en cuanto a derechos humanos.
“Son los mismos militares de antes, sólo cambian de uniforme”: Fabrizio Lorusso
Fabrizio Lorusso es periodista y académico de la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato, el estado más letal del país, uno de los tres a donde llegará primero la Guardia Nacional.
Desde noviembre el año pasado, cuando se presentó la propuesta de reforma para crear la Guardia Nacional, Lorusso participó como académico e investigador en torno al debate abierto por el colectivo Seguridad sin Guerra respecto al mando civil de la Guardia Nacional.
“El primer dato que tenemos es que quienes están operando son los mismos militares de antes, sólo cambian de uniforme. Que la ley contemple un mando civil nos parece, al menos en este punto, un buen síntoma. Pero en la práctica esto no está ocurriendo: los jefes son militares, las filas son militares. La única esperanza que nos queda es que este cambio se dé de manera paulatina”.
En una publicación reciente –Tendencias de la violencia, las desapariciones y los homicidios en Guanajuato–, Lorusso mide los diferentes factores que dan pie a homicidios y desapariciones en Guanajuato, desde los sociales.
La violencia, lo sabe bien Lorusso, no cesa con las fuerzas armadas tomando las funciones de seguridad. Lo único que provocan la intervención del Ejército es que la violencia se vuelve cada vez más compleja y profunda.
“En Guanajuato vamos para cuatro años de intervenciones de este tipo y lo que ha ocurrido es que se han debilitado las fuerzas estatales y las municipales, además de que la violencia se desata en otras zonas.
“En muchas partes cuando la violencia ya es abrumadora, como en el corredor de Salamanca, la misma gente pide una intervención. Pero la presencia militar no puede ser algo fijo. Cuando esto sucede significa que hay un problema que no se logra resolver en otros temas: procuración e impartición de justicia, investigación”.
Lorusso no ve la intervención de la Guardia Nacional como algo estrictamente negativo. Piensa que si existiera una estrategia integral mucho más efectiva, donde se impulsara un desarrollo inclusivo, un verdadero estado de bienestar, se cuidara más la política educativa y de salud, la Guardia Nacional no tendría que asumir sola toda la crisis de seguridad nacional. El problema, insiste, es que no parece haber mucho avance en los otros rubros.
La regulación de las drogas como paso previo a la pacificación: Santiago Roel
Santiago Roel, el fundador del Semáforo Delictivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública, opina distinto. “Los programas sociales son muy necesarios pero, de acuerdo con nuestros números y análisis, no existe mucha correlación entre desigualdad y violencia. El desempleo sí puede disparar algunos crímenes menores, pero no los relacionados con el crimen organizado”.
Según los registros del Semáforo Delictivo para el primer trimestre del 2019 registra un aumento porcentual en el delito de homicidio en más de la mitad de los estados del país: 104 por ciento en Nuevo León, 48 por ciento en Ciudad de México, 47 por ciento en Tabasco, 46 por ciento en Quintana Roo, y todo indica que la tendencia continuará.
“Para serte franco, desde que se anunció la Guardia Nacional nosotros lo entendimos como más de lo mismo: el Ejército haciendo labores policiacas. Algo que, está demostrado, no funciona. Lo que sí veíamos como una novedad que nos entusiasmaba era la regulación de las drogas como un paso previo a la pacificación”.
La iniciativa, presentada por Olga Sánchez Cordero respecto a la regulación de la mariguana no sólo había despertado el interés de empresas y gestores a nivel mundial, también había entusiasmado a quienes estudiaban los procesos del crimen organizado en el país pues apuntaba a una verdadera voluntad por atacar al crimen organizado de una manera integral, no sólo con fuerzas armadas.
“Legalizar ciertas substancias, comenzando por la mariguana y la amapola, tendría que ser la condición cero para la paz. Porque la violencia y la inseguridad en México están ligadas a un mercado”.
“Este gobierno tiene que distanciarse del pasado y entender que el mejor paradigma es compartir los datos, compartir y compartir las soluciones. Esa es la única forma en que podremos salir de esta crisis”, expuso.
Texto: Carlos Acuña, El Sur / Foto: Cuartoscuro
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