La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela no sólo ha puesto en jaque a la comunidad internacional, sino que desenmascara el juego de la política global, que en función de sus propios intereses tiene diferentes criterios para situaciones similares.
Madrid, España, 24 de enero de 2019. La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela no sólo ha puesto en jaque a la comunidad internacional, que parece forzada a declararse casi obligatoriamente a favor o en contra de este nombramiento, sino que ha desenmascarado el juego de la política global, que en función de sus propios intereses tiene diferentes criterios para situaciones similares.
Salvado las distancias, y partiendo de la base de que Venezuela es un país soberano y Cataluña una comunidad autónoma perteneciente a España, existen muchas similitudes entre ambos casos y respuestas muy diferentes a crisis de la misma índole.
Reconocimiento internacional a un parlamento en desacato
En la tarde de este miércoles, Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela –declarada en desacato por parte del Gobierno de Nicolás Maduro desde que en marzo de 2017 el Tribunal Superior de Justicia anunciara que asumía las competencias de la cámara legislativa controlada por la opositora Mesa de Unidad Nacional– se proclamaba presidente interino al amparo del artículo 233 de la Constitución del país, que señala que de existir “faltas absolutas” del presidente de la República, “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes”.
Según la Asamblea Nacional y el resto de la oposición, el artículo 233 podría activarse dado que consideran que Maduro mantiene un continuo “incumplimiento de deberes constitucionales” desde el año 2017, cuando se produjeron las movilizaciones más grandes y violentas de la historia contemporánea del país. De esta forma, el artículo establece que “mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional”.
Sorprende la rápida respuesta de la comunidad internacional, que no tardó en posicionarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado a los 30 minutos de que Guaidó jurara la Constitución mostrándole su apoyo. A él le siguieron Colombia, Canadá, Brasil o Perú también en las primeras horas y a continuación se sumó el Grupo de Lima, integrado por los cuatro anteriores junto con Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. Tan solo México y Uruguay han evitado tomar posición, abogando por una “negociación incluyente y creíble” para resolver la crisis.
El mundo comenzó a tomar posiciones rápidamente. El presidente de Bolivia, Evo Morales, responsabilizó a EU de “promover un Golpe de Estado” en Venezuela. Las superpotencias de China, Rusia e Irán también se posicionaron del lado del Gobierno “elegido legítimamente en las urnas”, como recordaban sus mandatarios, pero faltaba el posicionamiento de la Unión Europea. Líderes de partidos españoles como Pablo Casado (Partido Popular) o Albert Rivera (Ciudadanos) se congregaban en la Puerta del Sol en torno a las nueve de la noche (hora local) junto con cientos de venezolanos que salieron a mostrar su apoyo al autoproclamado presidente. Tanto Casado como Rivera exigieron al presidente español, Pedro Sánchez, que se posicionase del lado de Guaidó, pero Sánchez prefirió esperar a tomar partido conjunto con el resto de socios europeos.
Poco antes de las 12 de la noche, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, leyó un comunicado previamente consensuado con los Veintiocho en el que mostraban su “pleno apoyo” al “presidente encargado” del país. “La UE hace un llamamiento firme para el inicio inmediato de un proceso político que lleve a elecciones libres y creíbles en conformidad con el orden constitucional”, reclamaba.
Esta decisión, dando por válida la decisión de un Parlamento considerado en desacato por un Gobierno legítimo, contrasta con su total rechazo a la declaración unilateral de independencia que se produjo en Cataluña el 10 de octubre de 2017. En aquella ocasión, ningún país del mundo reconoció la validez de la República Catalana, alcanzada por mayoría en el Parlamento de la Generalitat tras la victoria del “Sí” en el referéndum celebrado el día 1 de ese mismo mes.
El Tribunal Constitucional suspendió la declaración el 31 de octubre de 2017 y dictó su inconstitucionalidad el 8 de noviembre del mismo año, aplicando el artículo 155 de la Constitución española por medio del cual el Gobierno central asumía el control de la Generalitat. Aquella medida, a diferencia de lo que está ocurriendo con Venezuela, fue respaldada por todos los líderes internacionales, que respetaron las medidas adoptadas por el “legítimo” gobierno español y sus órganos judiciales, posición que en el caso de Venezuela se sitúa en el otro extremo al validar una autoproclamación que no cuenta con el respaldo del Gobierno venezolano ni de sus órganos judiciales.
Presos políticos
Una incongruencia similar se produce con la discusión sobre “presos políticos” o “políticos presos”. La Unión Europea, en su práctica totalidad, ha mostrado en diferentes ocasiones su desacuerdo con mantener en prisión a líderes opositores como Leopoldo López, acusado por el Gobierno de Maduro de instigar a la violencia durante las movilizaciones que se produjeron en las calles de Venezuela en 2014 y terminaron con 43 muertos.
En cambio, Europa evita pronunciarse sobre los políticos catalanes que se encuentran en prisión preventiva a la espera de que se produzca su juicio al que deberán responder por delitos similares –en el caso español sin muertos de por medio–, dando por buenas las decisiones que tome el Gobierno español y su justicia sobre este tema.
La única discrepancia sobre esta cuestión se ha producido en relación al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que vive ahora en Bélgica protegido por la justicia de ese país después de que se negase a extraditar a España al considerado como líder del proceso independentista alegando que su Constitución no contempla el delito de rebelión por el que se le reclama en España. Tampoco Alemania lo extraditó por rebelión cuando lo detuvo a finales del año pasado tras cruzar su frontera desde Dinamarca, por donde también se pudo mover con libertad. Parece, por tanto, que aunque la posición de España se respeta, no se comparte del todo por buena parte de los países europeos.
En especial llamativa es la posición de los partidos políticos españoles en relación con los presos. Por un lado, los líderes tanto del Partido Popular como de Ciudadanos se han dejado ver en innumerables ocasiones mostrando su apoyo tanto a López como al resto de políticos venezolanos encarcelados y no dudan en considerar que los catalanes, a los que califican de “golpistas”, están en la cárcel por razones objetivas. La misma hipocresía, pero a la inversa se vive en los partidos de la izquierda española. Mientras los portavoces tanto de Podemos como de Izquierda Unida llevan más de un año reclamando la puesta en libertad de los exconsellers, siempre se han posicionado en favor del Gobierno venezolano en lo que respecta al encarcelamiento de Leopoldo López.
16 víctimas mortales
Ante la nueva situación en el país caribeño, Maduro se niega a abandonar el poder y reconocer a Guaidó. “Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita”, declaró el mandatario al poco de conocer la proclamación. El presidente consideró como “una gravísima irresponsabilidad por parte de EU y sus gobiernos satélite querer provocar un enfrentamiento civil en Venezuela”.
Texto y foto: Europa Press
