Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Después de permanecer año y medio privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Acapulco (Cereso), Vicente Suástegui Muñoz optó por quedarse a vivir en Ciudad Renacimiento. El 8 de enero de 2018 fue detenido en un operativo aparatoso realizado por la Policía Ministerial y la Policía del Estado, que llegaron a la comunidad la Concepción, con la consigna de detener a los policías comunitarios y a los miembros del Cecop.
En la madrugada de ese día se había dado un enfrentamiento entre el grupo de la comunitaria con personal de la comisaría, dejando un saldo de seis personas asesinadas. Como a las 10 de la mañana las corporaciones policiacas rodearon la comunidad y de inmediato procedieron a detener a los elementos de la Policía Comunitaria. De manera arbitraria ejecutaron a tres policías, detuvieron y torturaron a Marco Antonio Suástegui, líder del Cecop y privaron de la libertad a 24 campesinos más, entre ellos a Vicente Suástegui.
Al ingresar al Cereso le notificaron que además del homicidio, tenía otra orden de aprehensión, por despojo. Durante su encierro permaneció ocho meses incomunicado con Marco Antonio, por cuestiones de seguridad. En realidad, fue para impedir que los hermanos organizaran a los demás detenidos. Fue hasta el 25 de julio de 2019 cuando Vicente salió del penal, después de pagar una fianza de 185 mil pesos, por el delito de despojo. Hasta la fecha sigue procesado.
Para sostener a su familia y saldar sus deudas, consiguió trabajo como chofer de un taxi colectivo, cubriendo la ruta de Renacimiento al centro de Acapulco. Desde las 6 de la mañana iniciaba los recorridos hasta las 10 de la noche. Se daba un respiro a las 2 de la tarde para comer. Su situación económica se complicó en 2020 con la pandemia. Bajó la afluencia de pasajeros y la inseguridad se incrementó en las colonias de la periferia. Los mismos policías municipales y estatales aprovecharon este clima de inseguridad para atracar y extorsionar a la población.
En la madrugada del 2 de abril de ese año, cuando Vicente tenía estacionado su taxi para subir pasaje, elementos de la Policía Estatal le dieron la orden de que avanzara. Al permanecer por más tiempo, uno de los policías lo encaró; “qué te crees? Ya te tenemos identificado. Tú eres Suástegui, uno de los revoltosos”. En el intercambio de palabras Vicente arrancó su carro. Los policías entendieron que los había desafiado y ofendido. Lo siguieron y le marcaron el alto. Al ver que continuaba su marcha le dispararon, provocando que Vicente perdiera el control del taxi y chocara en la avenida Rancho Acapulco. En lugar de prestar auxilio, los policías golpearon a Suástegui y a los tres pasajeros que lo acompañaban. Los acusaron de cometer varios asaltos, de portar armas, droga, celulares, dinero en efectivo y por manejar un vehículo con reporte de robo. Lo trasladaron al cuartel de la policía donde lo torturaron, porque supuestamente había accionado un arma de fuego. Nada le pudieron probar y en el término de 72 horas se resolvió su situación jurídica, decretando el juez su libertad por falta de pruebas.
El pasado 12 de julio, Vicente sufrió otro incidente en su domicilio por parte de elementos de la Secretaría de Marina. Alrededor de las 5 de la tarde llegaron dos camionetas que se estacionaron en la casa de Vicente. Su esposa al verlos bajar con sus armas cerró la puerta. Sin motivo alguno patearon la puerta con la intención de entrar. Exigían que abrieran. “Ya sabe a qué venimos, aquí hay armas y drogas. Con mayor razón su esposa se escondió con sus dos pequeñas hijas, ante el temor que se metieran. Le marcó a Vicente, quien de inmediato llegó y reclamó a los marinos porqué pateaban su puerta. Le exigieron que se bajara del vehículo. Les pidió que le enseñaran la orden. Sólo respondieron: “Te tenemos identificado. Allá en tu pueblo puedes hacer lo que quieras, pero aquí no”. Los vecinos se acercaron y empezaron a tomar fotografías y a grabar. Ante el temor de que la gente los rodeara, optaron por retirarse.
Antes de cumplir un mes, el 5 de agosto, alrededor de las 23 horas, Vicente Suástegui Muñoz, cuando regresaba a su domicilio, en su taxi colectivo número 2342, fue interceptado por tres personas armadas que viajaban en una camioneta roja. Le cerraron el paso, se bajaron disparando sus armas. Se abalanzaron contra Vicente para someterlo y subirlo por la fuerza a la camioneta, dejando su taxi con la puerta abierta. Su esposa y un amigo recién habían hablado y enviado un mensaje a las 10:50 a Vicente. Todavía respondió “no puedo pasar porque está fuerte la lluvia”. Un familiar que había ido a una tiendita a comprar, le habló a su esposa para decirle que el carro de Vicente se encontraba medio atravesado en la calle y con la puerta abierta. De inmediato habló con la hermana de Vicente y se dirigió al lugar. Ahí encontró a un grupo de la Policía Estatal. Le comentaron que habían acudido porque en el 911 recibieron una llamada, de que se encontraba un vehículo abandonado. Esa misma noche la esposa y familiares de Vicente de inmediato se organizaron para pedir informes en el reclusorio, la Fiscalía, el Semefo y algunos hospitales. Pidieron la intervención de la Fiscalía y la Policía Estatal para que iniciaran la búsqueda. La intervención de las autoridades se formalizó cuando su hermano Marco Antonio interpuso la denuncia por la desaparición de personas.
La desaparición de Vicente se da en un clima de violencia perpetrada tanto por actores estatales como grupos de la delincuencia, que en algunas ocasiones actúan en connivencia. A pesar de que Vicente se dedicó a emprender un trabajo como taxista, la Policía del Estado en coordinación con la Policía Ministerial, lo tenían fichado, como una persona “revoltosa”. Los elementos de la Marina también le reiteraron que ya lo tenían identificado, es decir “fichado”, por eso quisieron entrar a la fuerza en su domicilio. A pesar de estas denuncias, las autoridades omiten investigar y más bien, consideran como un asunto trivial lo que suceda a las personas que forman parte de un movimiento campesino que ha levantado la voz ante tantas tropelías de las autoridades municipales y las corporaciones policiacas.
Vicente asumió temporalmente el liderazgo de su hermano Marco Antonio, cuando éste fue encarcelado en un penal de alta seguridad en Tepic Nayarit. Levantó un movimiento a nivel regional para exigir su libertad. No se arredró a pesar de las amenazas que enfrentó y se mantuvo firme hasta lograr el objetivo de ver a su hermano libre.
Por su parte Marco Antonio, en medio de muchos peligros que enfrenta y órdenes de aprehensión que tiene, por delitos fabricados por empresarios gravilleros que cuentan con el apoyo de funcionarios del estado y de la misma Fiscalía, sigue en la lucha contra la construcción de la presa la Parota. Hay el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que no se realizará este proyecto, sin embargo, para los comuneros y comuneras de Cacahuatepec, esta declaración presidencial es insuficiente. Por eso Marco Antonio ha pedido que salga publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En Acapulco la violencia y la inseguridad continúan al alza y en este fin de trienio no hubo una mejoría entre las colonias más pobres del puerto. Por el contrario, el registro de asesinatos diarios en las vías públicas se ha incrementado. Los perpetradores se sienten dueños de las calles y saben que las autoridades están de su lado, por eso, no hay detenciones, ni operativos orientados a desmantelar la estructura criminal que se ha enraizado en los sistemas de seguridad y justicia. Se ha normalizado la violencia y tolerado a funcionarios que en lugar de proteger la vida y la seguridad de la población, se coluden con los jefes de las plazas y sirven de informantes para seguir lucrando con el negocio de la muerte.
La desaparición de un defensor comunitario obliga a las autoridades a emprender operativos que den con el paradero de Vicente. Es increíble que en Acapulco donde se encuentran todos los cuerpos de
seguridad del estado y donde todas las mañanas tienen reuniones para analizar la situación de violencia que acontece en el puerto, sean incapaces de identificar a los perpetradores y de no ubicar los lugares donde se apertrechan y cometen sus fechorías. La población se siente defraudada porque en los lugares que están identificados como más inseguros, no hay cambios significativos. Se aisigna mayor presupuesto al Ejército, a la Guardia Nacional, supuestamente para garantizar seguridad, pero los resultados son imperceptibles.
La Fiscalía del Estado tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación, tomando en cuenta la trayectoria de Vicente como defensor comunitario. Debe de atender los actos de molestia de que fue objeto por parte de los Policías del Estado y la Marina e identificar el vehículo y las personas que perpetraron su desaparición.
