Después de que la Secretaría de Hacienda y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, protagonizaran un pleito público por 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero, el economista Juan Moreno analizó cómo se han manejado esos cuantiosos recursos. En entrevista, el también asesor parlamentario revela que, en efecto, se aplican de forma discrecional –probablemente con propósitos electorales– y que de la misma manera los manejó el ex secretario José Antonio Meade, ahora candidato “ciudadano” del PRI a la presidencia. En juego han estado y seguirán estando decenas de miles de millones de pesos
Carlos Acosta / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. Resulta que José Antonio Meade, el ciudadano “apartidista”, con fama de honesto y servidor público incorruptible, y que juega como candidato presidencial de la coalición Todos por México, de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, no es nada inmaculado.
El movimiento que emprendió en enero el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para exigirle a la Secretaría de Hacienda la entrega de 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FFF) –incluido en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación– que habían pactado a finales de 2017, permitió descubrir un nuevo mecanismo diseñado por Hacienda para canalizar de manera totalmente discrecional cuantiosos recursos presupuestales con probables objetivos electorales.
Así lo dice el doctor en historia económica y asesor parlamentario Juan Moreno Pérez después de hacer una revisión exhaustiva del FFF, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en la Cuenta Pública Federal de los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
Explica el especialista en programación financiera que dicho fondo fue introducido de manera subrepticia por la SHCP –cuando el titular era Luis Videgaray Caso– en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2016, dentro del “Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas”, con un monto de mil 481 millones de pesos.
Sin embargo, al revisarse los analíticos de la Cuenta Pública para 2016 se encontró que las erogaciones por ese concepto habían alcanzado la insólita cifra de 62 mil 258 millones de pesos, monto 42 veces superior al aprobado en el PEF.
Al siguiente año, los funcionarios de Hacienda encargados indebidamente de elaborar el dictamen del PEF –por ley, esto les corresponde a los diputados– introdujeron un monto de 3 mil 243 millones de pesos en ese fondo del Ramo 23. De nuevo, según el cierre preliminar del PEF para 2017, el gasto reportado asciende a 55 mil 482 millones de pesos, 17 veces por encima de lo incluido en el PEF.
Dice Juan Moreno: “Pero esas enormes desviaciones del gasto público, respecto a lo incluido en el PEF, no son lo más preocupante, sino la total discrecionalidad con que la SHCP maneja esos enormes montos de recursos públicos, así como su dudosa legalidad”.
Vale la pena recordar que Meade asumió el cargo de secretario de Hacienda el 7 de septiembre de 2016. De hecho, el paquete económico para el siguiente año ya estaba confeccionado, impreso inclusive, y a él sólo le correspondió entregarlo a las cámaras del Congreso de la Unión.
Es decir, no tuvo injerencia en el contenido original ni de la Ley de Ingresos ni del Presupuesto ni de los Criterios Generales de Política Económica. Pero sí le tocó encabezar las negociaciones con los diputados y dictaminar las respectivas leyes y decretos para sacar adelante el programa económico de 2017.
Moreno, economista por la UNAM y doctor por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), cuenta cómo se introdujo el FFF en el Ramo 23 para 2016, lo que se repitió en los presupuestos aprobados para 2017 y 2018.
“El Fondo para el Fortalecimiento Financiero fue introducido por primera vez por los funcionarios de la SHCP que indebidamente elaboran los dictámenes del PEF, en el correspondiente al ejercicio de 2016. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo no estaba incluido el citado fondo.
“Pero, como lamentablemente ya se ha hecho costumbre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, encargada de ‘dictaminar’ el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, no sólo no revisó ni dictaminó nada, sino que ‘aprobó’ por mayoría, sin siquiera conocerlo, el dictamen elaborado por la SHCP. Ese dictamen fue conocido por los diputados hasta que se había iniciado el pleno de ese organismo legislativo, que terminó aprobándolo.
“Fue precisamente en ese dictamen elaborado por la SHCP donde se introdujo por primera vez el FFF, con un monto de mil 481 millones de pesos. En el decreto del PEF aprobado no se señala el objeto, propósito y posibles reglas de ese fondo. Sólo cuando la SHCP integró el PEF aprobado y dio a conocer todos los detalles del mismo, en el apartado Estrategia Programática correspondiente al Ramo 23, se mencionó de manera muy escueta: ‘Fortalecimiento Financiero. Para atender las solicitudes de las entidades federativas en el concepto de Fortalecimiento Financiero’.
“Durante la discusión del PEF para 2017 –que ya le correspondió a Meade–, se repitió exactamente la misma historia. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, de nuevo no se incluyó el FFF. Pero al presentarse el dictamen elaborado por los funcionarios hacendarios se introdujo un monto de 3 mil 243 millones de pesos para ese fondo.
“Respecto al PEF para el actual ejercicio de 2018 –que ahora sí le tocó confeccionar y negociar a Meade–, se hizo lo mismo por tercer año consecutivo. En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo tampoco se incluyó nada para el FFF. En el dictamen elaborado por Hacienda, y luego aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, se metió un monto de 2 mil 538 millones de pesos en ese concepto.
“Al revisar la distribución de los recursos del FFF ejercidos durante 2016 y 2017, se puede apreciar con toda claridad la gran discrecionalidad con que se maneja la SHCP.”
Por ejemplo, dice que en 2016, de los 62 mil 258 millones de pesos que finalmente constituyeron el FFF de ese año –y no los mil 481 millones aprobados–, 7 mil 206 millones de pesos (11.6%) se fueron al Estado de México; a Oaxaca, 4 mil 538 millones (7.3%); a Puebla, 4 mil 309.7 millones (6.9%); a Guerrero, 3 mil 5 millones (4.8%) y a la Ciudad de México, 2 mil 941.2 millones de pesos (4.7%).
Esos estados fueron los que mayores recursos del FFF recibieron; los que menos, Zacatecas, 580 millones (0.9%); Campeche, 415.2 millones (0.7%) y Tamaulipas, 129.4 millones (0.2%).
En 2017 las cosas fueron muy parecidas. El Estado de México se llevó el mayor monto: 8 mil 519 millones, el 15.4% de los 55 mil 482 millones 354 mil 100 pesos ejercidos por el oscuro Fondo de Fortalecimiento Financiero.
Acota el especialista: “No hay que olvidar que ese insólito monto de recursos se otorgó durante un año electoral, en el cual el gobierno del Estado de México resultó acusado, de manera reiterada, de usar ilegalmente recursos públicos”.
Le siguieron Guerrero, con 3 mil 792.2 millones (6.8%); Michoacán, 3 mil 772 millones (6.8%); Ciudad de México, 3 mil 385.4 millones (6.1), y Chiapas, con 3 mil 328.5 millones de pesos (6%).
En la cola quedaron, con los menores apoyos, Tlaxcala, con 330 millones 778 mil pesos (0.6%); Nuevo León, con 330 millones (0.6%), y Chihuahua, con apenas 68 millones 822 mil 700 pesos (0.1%), según datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre preliminar del Presupuesto de Egresos de 2017.
