La captura y encausamiento de los ex funcionarios chihuahuenses que el año pasado participaron en el desvío de recursos públicos a las arcas del PRI destapó un escándalo en el que sale a relucir el nombre de Manlio Fabio Beltrones y que compromete también al canciller Luis Videgaray. El primero –a la sazón presidente del Revolucionario Institucional– es presunto autor del plan que hacía pasar dinero federal a las cajas estatales para de ahí ser llevado a su partido, a fin de reforzar las campañas electorales. El segundo, porque entonces era secretario de Hacienda, y debió saber lo que ocurría con los cientos de millones de pesos que iban a dar al tricolor
J. Jesús Esquivel / Agencia Proceso /Foto: Cuartoscuro
Chihuahua, Chihuahua. El desvío de 250 millones de pesos de las arcas de Chihuahua para financiar las campañas del PRI en 2016, durante el gobierno de César Duarte Jáquez, salpica a Los Pinos y convierte al canciller Luis Videgaray y al ex senador y ex presidente priista Manlio Fabio Beltrones en presuntos artífices y cómplices de un gran escándalo de corrupción electoral.
La investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua –del gobierno del panista Javier Corral– revela una trama de corrupción electoral y malversación de dinero público –presuntamente diseñada por Beltrones– cuyos tentáculos se extienden por lo menos a otras seis entidades: Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con expedientes judiciales revisados por Proceso y expuestos públicamente el pasado jueves 21 en una audiencia judicial celebrada en esta capital.
El más reciente eslabón de la cadena de fraude y corrupción presentado por la Fiscalía de Chihuahua se logró conocer con el arresto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mano derecha de Beltrones y operador financiero de su partido, y a quien se acusó formalmente del delito de peculado, que se agrava por haberse embolsado 4 millones de pesos de los 250 sustraídos de la entidad norteña para fines electorales.
Proceso y el diario estadunidense The New York Times iniciaron hace varios meses una investigación sobre el desvío de dinero público a las arcas del PRI.
Mediante entrevistas y la revisión de documentos se descubrió el supuesto involucramiento de Beltrones y de otros altos funcionarios del PRI, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, cuando se cometió el delito en Chihuahua, estaba encabezada por Videgaray, actual canciller.
Los documentos revisados y analizados en la investigación periodística, que comenzó en junio de este año, establecen que el plan del robo del dinero del erario chihuahuense se echó a andar en enero de 2016, cuando –según los documentos del juzgado a cargo del caso– Beltrones se coordinó con Duarte para transferir los 250 millones de pesos al PRI por conducto de las secretarías estatales de Hacienda y Educación.
En el oficio número SH/0014bis/2016 del 13 de enero de 2016, el entonces secretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, envió a la SHCP la solicitud por 275 millones de pesos con la siguiente justificación: “El estado de Chihuahua enfrenta diversas restricciones y presiones financieras y presupuestales para solventar diversos gastos de operación, entre otros el pago de servicios personales que ocasionaría pérdida en la eficiencia de la capacidad de respuesta del estado en caso de incumplimiento de pago oportuno”.
La petición de recursos a la Secretaría encabezada por Videgaray fue dirigida a Isaac Gamboa Lozano, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Dos días después, el 15 de enero de 2016, Gamboa Lozano y Herrera Corral firmaron el convenio por la concesión del monto requerido.
Cuatro empresas
Con base en la revisión de documentos de la corte estatal sobre declaraciones de funcionarios del gobierno de Duarte, procesados e interrogados por las autoridades, los 275 millones de pesos que dio la SHCP sí fueron utilizados para los propósitos que expuso Herrera Corral en su solicitud.
Sin embargo, y de acuerdo con la declaración de la sentencia de Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación de Chihuahua, Beltrones, Duarte y Gutiérrez Gutiérrez fraguaron el plan consistente en que 250 millones de pesos de las arcas estatales se enviaran en efectivo al PRI mediante contratos con cuatro empresas que supuestamente prestarían servicios al sistema educativo.
En su declaratoria de culpabilidad de fraude y enriquecimiento ilícito –delitos por los que fue sentenciado a cuatro años de cárcel y a devolver 246 millones de pesos al estado–, Yáñez Herrera asegura que las cuatro empresas fueron propuestas por Gutiérrez Gutiérrez, con el argumento de que las entidades ya habían sido usadas para el mismo objetivo en otros cinco estados: Durango, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Las irregularidades en el proceso de contratación directa de las cuatro empresas, sin licitación, se expone hasta en el orden cronológico asignado en los números de contratos y en las fechas en que éstos fueron firmados.
El 24 de febrero de 2016 la empresa Servicios y Asesorías Samex, SC, representada por Sandibel Gallardo Gallardo, y el gobierno estatal, representado por Yáñez Herrera y por el director general de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, firmaron el contrato número SH/AD/078/2016 por 55 millones de pesos. Los servicios que esta empresa prestaría a Chihuahua, y que nunca llevó a cabo, serían: capacitación e impartición de un curso para la actualización de 5 mil 605 padres de familia de nivel preescolar y primaria en el desarrollo de un sistema de actitud eficaz, enfocado a desarrollar una mejor calidad de vida en el ambiente familiar.
Con la empresa Servicios y Asesorías Sinnax, SA de CV, representada por José Juan Saliano González, Yáñez Herrera y Villegas Madriles, firmaron el 25 de febrero el contrato número SH/AD079/2016, por 55 millones de pesos, por servicios que tampoco se prestaron: un curso para la actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones, áreas de oportunidad y fortalezas.
El 26 de febrero de 2016, Villegas Madriles y Yáñez Herrera rubricaron el contrato SH/AD/080/2016, por 46 millones de pesos, con la empresa Servicios y Asesorías Sissas, SA de CV, representada por Aarón Talavera Mejía, por 46 millones de pesos a cambio de la capacitación e impartición de un curso en temas relativos al medio ambiente, dirigido a docentes para que éstos lo impartieran a alumnos de niveles preescolar y primaria en el estado.
El último contrato, el número SH/AD /077/2016, asignado a Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV, representada por María de Lourdes Gallardo Carrillo y firmado por Villegas Madriles y Yáñez Herrera, amparó 90 millones de pesos por la presunta prestación de servicios “profesionales de planeación, diseño e implementación de software que se denomine ‘Sistema Integral de Trámites y Movimientos del Personal de Subsistema Estatal’, el cual tiene como fin sistematizar y hacer más eficientes los procesos de administración de recursos humanos del magisterio”.
La suma de los montos asignados al vapor a estas cuatro empresas por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua da la cifra de 246 millones de pesos. En dicha ecuación queda claro que faltaban 4 millones de pesos de los 250 solicitados en el Acta de Adjudicación SH/AD/080/2016, firmada a las 19:00 horas del 26 de febrero de 2016 por Antonio Enrique Tarín García, presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado; Érick Manuel Hernández Aguilar, representante de la Dirección de Programas de Inversión de Hacienda, y por Karla Areli Jurado Bafidis, directora administrativa de la Secretaría de Educación.
Estalla el escándalo
El jueves 21, The New York Times publicó en la primera plana de su edición impresa un amplio reportaje firmado por su corresponsal en México, Azam Ahmed, y por el corresponsal de Proceso en Washington, en el cual se expuso el mecanismo del desvío de fondos del erario chihuahuense para el PRI, con la presunta coordinación de Beltrones, Duarte, Gutiérrez Gutiérrez y la supuesta anuencia de la SHCP de Videgaray.
Horas antes de esa publicación, en la tarde del miércoles 20, el diario neoyorquino subió a su página en internet la nota que daba cuenta de la captura de Gutiérrez Gutiérrez y del robo del dinero de Chihuahua para los fines electorales del PRI.
La publicación del reportaje mencionado se precipitó por el arresto de Gutiérrez Gutiérrez, anunciado por el gobernador Javier Corral en su cuenta de Twitter. En un operativo conjunto de la Policía Federal y la estatal de Chihuahua, fue detenido a petición de la corte estatal, acusado de peculado agravado.
Corral, según las versiones a las que este semanario tuvo acceso, se vio obligado a hacer precipitadamente el anuncio de la captura del ex directivo del CEN priista porque los agentes federales se negaban a entregar al detenido a las autoridades del gobierno de Chihuahua para ser llevado a la capital del estado, donde iba a ser presentado ante el juez.
Las declaraciones de Yáñez Herrera fueron la clave para detener a Gutiérrez. Gracias a ellas y a las pesquisas de la Fiscalía estatal, que siguió la ruta del dinero, se descubrió que los 4 millones de pesos faltantes de la asignación de los 250 desviados a las arcas del PRI se los embolsó Gutiérrez. De ahí la acusación de peculado.
El 15 de abril de 2016, a las cuatro de la tarde con 20 minutos y 36 segundos, se depositaron 4 millones de pesos en la cuenta de Banorte número 072076005436939210, a nombre de la empresa Jet Combustible, SA de CV, propiedad de Gutiérrez Gutiérrez.
La entidad que realizó el depósito a la cuenta de la empresa de quien fuera mano derecha de Beltrones fue el estado de Chihuahua, cuya referencia la estipula el documento de la transferencia bancaria revisado por Proceso.
Fracaso electoral
La trama del desfalco a Chihuahua para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016 –de acuerdo con las declaraciones de los cinco implicados que han sido capturados y sentenciados, y a una decena más de antiguos funcionarios del gobierno de Duarte que están cooperando con la Fiscalía estatal– obedeció a los temores de Beltrones de perder el control de los gobiernos de los estados a donde se enviaron los fondos estatales, como los 246 millones de pesos del estado de Chihuahua.
El robo en cada una de esas entidades no funcionó para materializar los planes definidos supuestamente por Beltrones. En esos comicios el partido del presidente Enrique Peña Nieto perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, y en cuatro de ellas el PRI fue el gran derrotado por primera vez en su historia.
Poco después del fracaso del PRI con Beltrones como presidente del CEN, en agosto de 2016, Duarte descubrió que el gobierno electo que encabezaría Corral tenía conocimiento de los desvíos de dinero.
Ante las evidencias recolectadas por la Fiscalía de Chihuahua del gobierno de Corral y con la aceptación de culpabilidad, de declaratorias y sentencias de quienes fueron funcionarios del gobierno de Duarte, Beltrones podría y debería ser citado a declarar sobre el asunto; lo mismo que Videgaray, como titular de la SHCP en ese momento, ya que debió aprobar la transferencia de los 275 millones de pesos, o por lo menos haber revisado la solicitud del gobierno de Duarte.
