Yolanda Mora Silva da por suficientes los datos de prueba y determina la “probabilidad” de que quien fue encargado de la Secretaría de Seguridad en la capital haya participado como “inductor” del homicidio de Alejandro Arcos. Critica que la investigación de la Fiscalía fue “mínima” y la emplazó a comprobar el móvil de que el edil fue decapitado porque no integró a Los Ardillos en su gabinete. Germán Reyes y su defensa califican de inverosímiles las pruebas presentadas en su contra
Chilpancingo, Guerrero, 19 de noviembre de 2024. El ex encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Germán Reyes Reyes, fue vinculado a proceso como probable responsable de homicidio calificado en agravio del alcalde Alejandro Arcos Catalán.
La jueza Yolanda Mora Silva determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no investigó de manera amplia los hechos, pero los datos de prueba que presentó la agente del Ministerio Público fueron suficientes para determinar la “probabilidad” de que el acusado participó en el crimen y por lo tanto su vinculación a proceso.
Emplazó a la FGE a comprobar el móvil planteado al inicio del juicio, de que el alcalde fue asesinado porque se negó a nombrar en su gabinete a personas vinculadas con el grupo criminal Los Ardillos.
En un mes, la próxima audiencia
Germán Reyes permanecerá bajo prisión preventiva en la cárcel de la capital con medidas especiales, al considerar que su vida está en riesgo por haberse desempeñado como fiscal de Delitos Graves. Yolanda Mora aclaró que esta medida cautelar no podrá exceder de dos años y está sujeta a revisión a lo largo del proceso.
Aunque la Agente del Ministerio Público solicitó tres meses de plazo para realizar la investigación complementaria, la defensa legal de Germán Reyes consideró que un mes es suficiente y la jueza coincidió, por lo que la siguiente audiencia se fijó para el 18 de diciembre. Por orden de Yolanda Mora todas las audiencias del caso serán de carácter público.
Este lunes se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial de formulación de imputación en la Sala 2 del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad Judicial, misma que inició a las 10 de la mañana y concluyó a las 7:45 de la noche, en ese lapso hubo seis recesos, la mayoría para que los asistentes pudieran descansar, y el más largo, de dos horas, para que Yolanda Mora resolviera la situación jurídica preliminar del acusado.
Además de periodistas de distintos medios de comunicación, también estuvieron presentes familiares de Germán Reyes. El acceso a la Sala estuvo vigilado por dos agentes de la Policía Procesal armados, mientras que afuera de las instalaciones se observó a personal de la Guardia Nacional.
La defensa de Germán Reyes
Los tres abogados a cargo de la defensa legal de Germán Reyes señalaron que la FGE no aportó datos de prueba “objetivos” para sustentar la acusación en su contra.
Uno de ellos argumentó que la entrevista hecha a Domitilo Cándido Pila, el comerciante de 69 años de edad, quien se presentó el 27 de octubre ante la Fiscalía de Delitos Graves para denunciar que fue privado de su libertad por integrantes de la Policía Comunitaria de Petaquillas ese mismo día y escuchó una conversación donde se dijo que el ex funcionario ordenó el asesinato, es “inverosímil”.
Destacó que Domitilo identificó entre el grupo armado que lo “levantó” a El Jimmy, El Junior y Marco Antonio Osorio Castrejón, El Michoacano, quienes lo llevaron a un rancho en Quechultenango donde presuntamente fue asesinado el alcalde; también aseguró que en el trayecto El Michoacano dijo que El Patrón y El Jefe Germán tenían acuerdos y el último, ordenó el homicidio.
Sin embargo, la defensa consideró que Domitilo al contar con estudios sólo de secundaria, ser de la tercera edad y estar privado de su libertad, no pudo contar con la capacidad para retener todos los detalles de los hechos.
Criticó que la FGE no aportó ningún dato de prueba para corroborar que El Jimmy, El Junior y El Michoacano efectivamente privaron a Domitilo de su libertad, así como que tuvieron conocimiento del asesinato del alcalde, quién lo ordenó y quiénes participaron en el crimen, a pesar de que la institución cuenta con un “imperio” y “todo el poder del Estado” para investigar los hechos.
En tanto que la denuncia anónima vía correo electrónico que presentó un policía municipal, quien dijo haber escuchado a Germán Reyes hablar por teléfono con una persona a la que le ordenó “juntar” a El Michoacano y otros hombres para asesinar al alcalde y que pidió expresamente “su cabeza”, dos días antes del 6 de octubre, no cumple con datos de identificación del denunciante.
Para comprobar que Germán Reyes es integrante de Los Ardillos la FGE recurrió a “fuentes abiertas”, particularmente la página de Facebook Chilpancingo Libre, donde el 16 de octubre se publicó que el ex funcionario pertenecía a ese grupo delincuencial y tenía vigilado al ahora alcalde Gustavo Alarcón Herrera.
La defensa argumentó que dicha publicación es insuficiente como prueba; mientras que los dictámenes periciales y la necropsia hecha a Alejandro Arcos, que también fueron presentados como datos de prueba, sí acreditan la preexistencia del alcalde, así como su asesinato, pero “en ninguna manera” acreditan la responsabilidad de Reyes.
Genera suspicacia la investigación, reprocha
Germán Reyes concordó con lo expuesto por su defensa y puntualizó que en los tres tomos que conforman el expediente, “no hay un dato objetivo que me vincule con el hecho que se me imputa”.
Resaltó que en la entrevista que Domitilo dio ante la FGE no se incluyeron firma y huellas dactilares al margen, lo que llama la atención debido a que el resto de las entrevistas hechas a familiares y colaboradores del alcalde sí cuentan con esta característica.
Cuestionó por qué en la entrevista al “testigo principal, testigo estrella” de la Fiscalía, quien lo señaló de haber ordenado “tal barbaridad” (el asesinato del alcalde), no se cumplió con la firma y huellas dactilares al margen.
Añadió que la investigación dio “un giro de 180°”, ya que se presentaron entrevistas con varias personas cercanas al alcalde, videos de cámaras de vigilancia, y otras evidencias como datos de prueba, incluidos números de celular con los que el alcalde tenía comunicación frecuente.
Reclamó que la agente del Ministerio Público resaltó que el 6 de octubre a las 11:49 de la mañana el alcalde tuvo comunicación con Germán Reyes y que, de acuerdo con las geolocalizaciones establecida mediante el celular del alcalde sacrificado, el entonces encargado de despacho de la SSPM se encontraba cerca de Liverpool, al sur de la ciudad.
Es decir, la Fiscalía dijo que Germán Reyes estaba cerca de la misma zona donde el alcalde se separó de sus escoltas y equipo que lo acompañó ese día a entregar víveres a Petaquillas y Tepechicotlán.
El acusado aseguró que “el alcalde me llamó a mí” y explicó que vive en la colonia Balcones de Tepango, al sur de la capital a un costado del punto conocido como Parador del Marqués, y no entiende la relevancia técnica de este dato.
“Me genera mucha suspicacia (la investigación), no hay nada que pruebe de forma científica, objetiva, contundente” su participación como autor intelectual del asesinato.
Nuevamente, el acusado calificó como absurdo e inverosímil el relato de Domitilo, pues consideró “ilógico” que el grupo armado que privó de su libertad al comerciante lo liberara aún después de haber escuchado sus conversaciones.
Sobre las fuentes abiertas consultadas por la Fiscalía, expresó: “qué miedo que una publicación en Facebook se tenga como un indicio (de que forma parte de la delincuencia organizada)”.
Pidió a la jueza ser “imparcial, objetiva” y que no se le vinculara a proceso; añadió que, si se resolvía su libertad, no se generaría impunidad ya que la FGE podría seguir con la investigación: “me va a privar de mi libertad por el dicho de alguien que no se ha corroborado”.
Arremete la jueza contra la Fiscalía
Antes de resolver la vinculación a proceso, Yolanda Mora dijo que se ha cuestionado su imparcialidad en el caso, a pesar de que estuvo a cargo de la masacre de siete pobladores de la localidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, ocurrida en diciembre del 2022, así como otros casos en los que estuvieron involucrados miembros de Los Tlacos y Los Ardillos, por lo que “no soy una jueza improvisada”.
Declaró que asumió la responsabilidad de tomar la decisión en el caso de Alejandro Arcos porque estaba en turno, pero no tiene “ningún interés personal” en el mismo.
Ya en materia, señaló que a Germán Reyes se le atribuye participación en el asesinato del alcalde en calidad de inductor y que el acusado se reservó su derecho a declarar al inicio del proceso, por lo que las posturas que fijó “no implican una declaración”.
Detalló que la FGE solicitó la orden de aprehensión del acusado el pasado 10 de noviembre mediante un correo, pero sin firma electrónica, y en un inicio se negó la petición y fue hasta el 12 de noviembre que la orden se emitió y ejecutó.
Recordó que, en la formulación de cargos, la Agente del Ministerio Público acusó a Germán Reyes de ser integrante de Los Ardillos y haber ordenado el asesinato del alcalde debido a que éste se negó a incluir en su gabinete a personas vinculadas a ese grupo delincuencial, y afirmó que fueron Carlos y Leonel Arcos Catalán, hermanos del edil sacrificado, quienes lo señalaron.
Sin embargo, “esto no se corroboró”, debido a que en las entrevistas hechas a los hermanos del alcalde “no hay nada” en contra de Germán Reyes; tampoco la viuda de Alejandro Arcos, Sandra Solís Peralta, declaró “nada”.
La jueza hizo énfasis en que la FGE “no ha dado cuenta” de si Domitilo sigue vivo, falleció o bien está enfermo. Mencionó esto porque “las partes” circularon información en relación a este hecho, en alusión a que se dijo que el comerciante fue hallado muerto el 6 de noviembre.
Destacó que la Fiscalía había identificado al comerciante con el pseudónimo El Chavo, por tratarse de un testigo protegido, pero “de manera inexplicable” la Agente del Ministerio Público dio nombres completos de las personas que entrevistó, lo que coloca a Domitilo “en riesgo”.
Coincidió con la defensa del acusado en que la Fiscalía debió investigar a El Jimmy, El Junior, El Michoacano e identificar el rancho en Quechultenango, donde presuntamente fue asesinado el alcalde, pero no lo hizo, o “al menos” no presentó los datos de prueba correspondientes.
Indicó que tampoco se investigó el motivo por el cual los escoltas del alcalde le permitieron separarse del grupo que lo acompañaba, ni si intentaron localizarlo luego de que pasó varias horas sin comunicarse. Esto no por responsabilizar al equipo de seguridad, sino porque la institución debió cuestionar los hechos para lograr su esclarecimiento.
En tanto que, si bien los dictámenes periciales prueban que el alcalde fue asesinado, no se incluyó ningún análisis que detallara si él estaba dormido, despierto o bajo la influencia de alguna sustancia cuando decapitaron, “faltó un experto que indicara lo que ocurrió, incluso decirnos con qué objeto ocurrió el hecho”.
De la comunicación vía telefónica que tuvieron el alcalde y Germán Reyes la mañana del 6 de octubre, antes del crimen, la jueza puntualizó que es lógico que ambos se comunicaran porque en ese momento eran funcionarios de la misma administración y en todo caso sería relevante para el caso conocer qué fue lo que dijo en esa llamada, otro dato que no fue aportado por la FGE.
Para Yolanda Mora la investigación que realizó la Fiscalía es “mínima”, pero apta para el actual proceso en el que se resolvió la situación jurídica preliminar del acusado, lo que no implica una sentencia, principalmente porque la entrevista de Domitilo y la denuncia anónima del policía municipal coinciden en que el acusado ordenó el asesinato, y refieren que el alcalde fue decapitado.
En ese sentido, llamó a la institución a realizar una investigación amplia con el objetivo de esclarecer los hechos: “exhorto a llevar una investigación exhaustiva”, en la cual la Fiscalía también compruebe que el alcalde fue asesinado porque se negó a nombrar en su gabinete a personas vinculadas con Los Ardillos.
Texto: Alina Navarrete Fernández/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
