Acapulco, Guerrero, a 18 de junio de 2026.- La jueza Rosalba Pacheco Teresa vinculó a proceso al presunto asesino del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y vocero de los prestadores de servicios turísticos de playa, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Harold N.
La tarde de ayer se dio la audiencia en los juzgados de Control y Enjuiciamiento ubicados en el bulevar de Las Naciones.
En declaraciones por teléfono al salir de la audiencia el abogado defensor Rogelio Téliz García, informó que se vinculó a proceso al acusado y se dio un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Tanto la defensa como la parte acusada estuvieron de acuerdo en el plazo fijado por la jueza, Téliz García indicó que este plazo servirá para allegarse de mas elementos de prueba como videograbaciones que permitan acreditar con contundencia la culpabilidad del acusado.
Pidió que la familia de Suástegui Muñoz siga con medidas cautelares durante el proceso para garantizar su seguridad.
La vinculación a proceso del acusado, dijo, “es una leve esperanza de que de momento hay justicia, lógicamente estamos en una etapa inicial, todavía no se obtiene ninguna sentencia, estamos en los primeros pasos de este juicio, ya se dio a conocer la acusación, los datos de prueba que se tienen para poder vincular como probable responsable, de momento una satisfacción de que esta persona no la dejaron en libertad”.
Explicó que en los cuatro meses de plazo que dio la jueza, la defensa recabará datos de prueba, entrevistas periciales, ubicación de cámaras que aporten más datos sobre la participación del acusado en el homicidio.
Explicó que las medidas de seguridad para la viuda de Marco Antonio Suástegui siguen vigentes y ya es responsabilidad del estado la protección de la familia.
Suástegui Muñoz fue atacado a balazos la tarde-noche del 18 de abril 2025 cuando salía de playa Icacos, donde rentaba motos acuáticas a los turistas; luego de estar internado ocho días en el hospital falleció.
En un boletín de prensa, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, relató como sucedieron los hechos ese día. Cuando Suástegui Muñoz y su familia salían de la playa “Harold les cerró el paso. Marco se bajó de su camioneta y se fueron rumbo a una banqueta. Minutos después empezaron los disparos. El defensor corrió para ponerse a salvo, pero el asesino lo siguió hasta dejarlo herido de gravedad en la arena. Varios turistas fueron testigos de la violenta agresión”
“Cuándo su esposa fue a verlo, el defensor del territorio y medio ambiente estaba sentado en la playa, agarrándose el estómago lleno de sangre. Cuando se acercó, le dijo “fue Harold”. Todavía consciente le decía a su esposa que llamara al 911, luego lo subieron a la camioneta en un camastro, y acudieron de inmediato al hospital Aqua.”
“Se sabe que Harold pertenecía a un grupo delincuencial que dirigía Jesús Zamora, detenido con 10 integrantes más que se dedicaban a extorsionar a los trabajadores de las playas de Acapulco. En varias ocasiones Marco había sido amenazado para que diera la cuota. El defensor intentó organizarse con más personas, pero le costó la vida”.
También reprocóa que el Mecanismo Federal de Protección a defensores ignoró los llamados de Suástegui Muñoz de que recibía amenazas, pero “su petición fue desatendida”.
En la playa Icacos y en varias ocasiones, recibió amenazas de personas que extorsionaban a los prestadores de servicios turísticos. Marco Antonio también fue víctima de extorsión ante el control que ejercía el grupo de Jesús Zamora en las playas de Acapulco y la protección que tenía de las autoridades del estado y del municipio. Marco Antonio aplicó sus propias medidas de autocuidado para liberarse de los peligros que enfrentaba. Cuando había gente armada en la playa optaba por retirarse, cerraba más temprano su negocio de renta de sombrillas, mesas, motos, acuáticas para ponerse a salvo. En varias ocasiones, se escabulló de gente que lo seguía en motocicleta. A pesar de estas denuncias el mecanismo federal lo dejó solo con su botón de emergencia”.
Vinculan a proceso a los 11 detenidos por extorsión en playas para un grupo criminal
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se vinculó a proceso a los detenidos por extorsión del Frente de Defensa de Zona Federal, liderado por el abogado Jesús Zamora Cervantes, señalado por presuntos vínculos con el grupo criminal Los Rusos.
La FGR mencionó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que ejecutó la orden de cateo a nueve inmuebles que derivó en la detención de los 11 en Acapulco, presentó ante el Ministerio Público las pruebas para la vinculación.
“El Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso por su probable participación en los delitos de posesión de narcótico y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como prisión preventiva oficiosa y dos meses de investigación complementaria”, planteó.
El pasado 3 de junio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR ejecutaron una orden de cateo a 9 domicilios en las colonias Costa Azul, Miguel de la Madrid, Infonavit Alta Progreso, La Mica, Costa Dorada, Paso Limonero, Los Hornos y Magallanes, en Acapulco.
Junto con la detención de los involucrados, las autoridades aseguraron dos armas cortas, cartuchos, vehículos, teléfonos celulares, mariguana, cristal y los propios inmuebles cateados.
Además de Zamora, también fueron sometidos a proceso Lorelei Ontiveros Pedraza, Marcos Antonio Velázquez Jirón, Antonia López Lorenzo, Arturo Pantoja Guatemala, Abad Esparza Bustos, Javier Velázquez Ocampo, Nancy León Barrios, Benito Castro Palma, Julio César Melo Lozano y Liliana Delgado Alvarado.
Siete de los 11 detenidos tienen órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión, por lo que se espera que tengan una audiencia para que la FGR los impute y pida su vinculación a proceso por ese delito.
La FGR indicó que a los vinculados se les seguirá tratando como inocentes hasta que no exista alguna sentencia condenatoria que pruebe lo contrario por parte de una autoridad judicial.
Daniel Velázquez y Juan Luis Altamirano
