Protestan activistas en Ciudad Judicial de Chilpancingo y marchan pobladores en Buenavista donde siguen retenidos los dos funcionarios. Pide el gobierno estatal a la CRAC intervenir para su liberación y ésta se deslinda de sus captores
Chilpancingo, Guerrero, 24 de julio de 2026. El juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ubaldo de la Sancha vinculó a proceso la tarde de ayer al promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, por el delito de homicidio calificado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La institución informó también, que el Juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Plácido Valerio es imputado por el homicidio del comisario municipal de Xicotlán, municipio de Chilapa, José Pablo Xanteco Bartolo, ocurrido el 30 de octubre del 2021, y se encuentra preso en el penal número 1 del Altiplano, Estado de México.
Los abogados que auxiliaron en el caso, Arón Díaz y Javier Rodríguez denunciaron en conferencia de prensa al término de la audiencia que “es evidente que el caso tiene consigna política”. Señalaron que “hay bastantes elementos” que indican que la carpeta de investigación fue fabricada, por lo que adelantaron que van a apelar la resolución del juez.
En un boletín de prensa de tres párrafos la FGE informó anoche que “se vinculó a proceso a Jesús “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de José “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Chilapa”.
Refiere que el Juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
“La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos con estricto apego a la ley, fortaleciendo las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad”, presume en su comunicado la institución.
Plantón durante la audiencia
La audiencia comenzó después de las nueve de la mañana y terminó a las 7 de la noche con dos rece-sos.
Al salir de la audiencia, el abogado Díaz declaró en conferencia de prensa que supuesta-mente hay dos testigos que vieron cuando el dirigente indígena, y otras personas, participaron en ese evento delictivo.
“Nosotros ofrecimos datos de prueba que hacen inverosímil la manifestación de esos testigos y, sin embargo, el juez no las tomó en consideración”, denunció el abogado.
Indicó que “es evidente que el caso tiene consigna política”.
Contó que de acuerdo con expediente, la entrevista que dio una de las testigos (la hija de la víctima) fue apenas el 3 de junio del 2026, “y en esa entrevista ella relata hechos que pasaron en el 2021”, indicó el abogado.
Cuestionó: “luego se ve que es una fabricación que hizo la Fiscalía porque, incluso, otra de las personas que es testigo es miembro del Cipog-EZ y no necesita uno ser acucioso para darse cuenta que la entrevista que le hizo el Ministerio Público fue falsificada, porque la firma del señor (el otro testigo) fue de cuando ya estaba muerto”.
Otro de los abogados, Javier Rodríguez agregó que es evidente, además, que la firma del testigo no coincide con la credencial de elector, además de que faltan sellos, códigos en la carpeta “y hay un sinnúmero de situaciones que nos lleva a considerar que dicha carpeta fue fabricada recientemente”.
Los abogados adelantaron que van a apelar la resolución del juez y que “hay bastantes elementos que nosotros ya presentamos para que la sala a cargo de los magistrados revise este caso”.
Arón Diaz informó que otro de los elementos de prueba que presentaron fue que Jesús Plácido era parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y que desde el 4 de enero del 2021 se desplazaba en comunidades acompañado de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, “y tenían santo y seña de dónde andaba”.
En tanto que el homicidio en el que se le involucra ocurrió, el 30 de octubre del 2021.
“Nosotros tenemos la opción de apelar en tres días, y lo vamos a hacer, hay bastantes elementos que ya presentamos para que la sala a cargo de los magistrados revisen este caso”, Dijo el abogado Díaz.
En tanto que Javier Rodríguez, agregó que aportaron todos los datos de prueba que dentro de la duplicidad del plazo constitucional se recabaron, y que, igualmente, “se vertieron todas las inconsistencia e incongruencias en la carpeta de investigación”, mismas que el juez no valoró en esta audiencia.
Protestan activistas por la libertad de Jesús Plácido; siguen retenidos los funcionarios
Con una marcha en Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, un plantón afuera de Ciudad Judicial de Chilpancingo y protestas en ciudades del país y del extranjero, ciudadanos exigieron ayer la “libertad inmediata” del promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, preso por el presunto delito de homicidio calificado en el penal número 1 del Altiplano Estado de México.
Mientras tanto, el director de Gobernación del estado, Rafael Julián Arcos, el delegado de la dependencia en la región de la Costa Chica, German Herrera y un chofer, siguieron ayer retenidos por los pobladores de Buenavista, por cuarto día consecutivo.
Los pobladores insistieron en la mañana que no serán entregados hasta que se libere a Plácido Galindo, aunque en la noche, después de que se conoció la vinculación a proceso del dirigente indígena, informaron que determinarían su situación en una asamblea por la noche.
Después de las 9 de la mañana, más de 500 personas marcharon de la entrada de Buenavista hacia la comisaría municipal con lonas y pancartas en las que exigieron la libertad del dirigente indígena.
Al final de la marcha dieron a conocer un comunicado en el que se señala que la detención “no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ingeniería política y mediática que busca fragmentar, dividir y confundir a nuestras comunidades indígena”.
La persecución contra los pueblos originarios “es parte de una nueva guerra por los territorios”
En su pronunciamiento hacen responsables a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “por sostener un sistema que criminaliza a luchadores sociales, mientras que funcionarios señalados de estar vinculados con el narcotráfico permanecen libres, y la pregunta es: ¿por qué no detienen a esas figuras que desestabilizan a la sociedad?”,
Indican que esa contradicción revela “que el Estado que se dice de izquierda bajo la llamada Cuarta Transformación, en la práctica se convierte en patio trasero de las grandes transnacionales capitalistas, utilizando su maquinaria para confundir a los pueblos indígenas que defienden a sus territorios contra la minería, el saqueo de los recursos naturales y la defensa de los desplazados y la lucha por la vida”.
Denuncian que la persecución contra los pueblos originarios “es parte de una nueva guerra por los territorios donde los grandes capitales buscan imponer proyectos hidroeléctricos y mineros, mientras los pueblos indígenas representan la defensa de la vida y la tierra.
Reprocharon que la llamada Cuarta Transformación se presenta como proyecto de justicia social, pero en la práctica protege a los grandes capos y persigue a los que defienden la vida.
“La estrategia de persecución utiliza al crimen organizado como brazo represivo, mientras los medios de comunicación de paga buscan deslegitimar nuestra lucha con campañas de difamación”, advierten.
En conclusión, exigen la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo “y responsabilizamos al poder Ejecutivo de su seguridad e integridad”.
Advierten que los pueblos originarios de Guerrero no callarán; “nuestra memoria ancestral y nuestra dignidad son más fuertes que la represión”, y refieren que Jesús Plácido “siempre ha luchado por la seguridad y la justicia junto a su pueblo”, por lo que exigen su libertad inmediata y un alto a la represión y a la guerra mediática contra los pueblos indígenas.
Los pobladores acordaron mantener retenidos al director de Gobernación Rafael Julián y a Germán Herrera, y en la noche realizarían una asamblea para determinar su situación.
Los dos funcionarios y un chofer fueron retenidos el lunes a las tres de la tarde cuando se presentaron a negociar el retiro del bloqueo a la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, en el puente de Marquelia, donde exigían la libertad de Plácido Galindo. Ayer los dos funcionarios y el empleado cumplieron cuatro días retenidos.
La protesta en Ciudad Judicial
Afuera de Ciudad Judicial de Chilpancingo, sede del Juzgado de Control y Enjuiciamiento, donde se realizó la audiencia en línea, una decena de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), y de la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-Sexta) instalaron un plantón después de las 10 de la mañana.
En la fachada colocaron lonas y pancartas en las que exigieron la libertad inmediata de Plácido Galindo, además pintaron las consignas en los muros de las instalaciones.
En algunas de ellas se leyó “Mercedes Carballo Chino (presidenta municipal de Chilapa) Patrona de Los Ardillos”; “En Guerrero se fabrican delitos y se encarcela a inocentes, Jesús Plácido libertad” y “Quien defiende la tierra para no ser desplazado no merece se criminalizado, libertad para Jesús”.
El plantón encabezado por Jesús Cuellar del CNI y Sergio Pacheco de la MCO-Sexta se mantuvo hasta las siete de la noche cuando terminó la audiencia en la que se vinculó a proceso al dirigente indígena.
Jesús Cuellar informó que también se realizaron protestas en ciudades y pueblos de Chiapas, Tabasco, Michoacán y Baja California. Asimismo, dijo que se instalaron plantones afuera de las embajadas de México en Alemania y Francia.
Pide ayuda el gobierno a la CRAC para liberar a los dos funcionarios retenidos
El gobierno del estado pidió la intervención de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, para que el pueblo de Buenavista libere a los dos funcionarios que seguían retenidos ayer para presionar la libertad del promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo.
Sin embargo, en llamada telefónica a El Sur, el vocero de la Casa de Justicia, Victorino García Ricardo informó que las autoridades comunitarias respondieron que el pueblo de Buenavista ya no pertenece al sistema comunitario, y que, por lo tanto, se deslindan de sus acciones.
Por separado, integrantes del Cipog-EZ denunciaron que el gobierno estatal inició una “campaña de desprestigio” en contra de los familiares de Plácido Galindo con el propósito de criminalizar ahora a integrantes de su familia.
García Ricardo aclaró que la comunidad de Buenavista perteneció al sistema de justicia comunitario de la CRAC, pero que ya se retiraron de la institución comunitaria, “por lo tanto nosotros nos deslindamos de las acciones que ellos hagan”.
La aclaración del vocero se dio debido a que, dijo, funcionarios de la Secretaría de Gobierno les han estado llamando por teléfono para que la CRAC intervenga para su liberación.
“Nosotros les respondimos que ellos ya no están dentro del sistema comunitario, que no están dentro de nuestro territorio y que, por lo tanto, nosotros nos deslindamos de las acciones que hagan”, aclaró.
En declaraciones también por teléfono, uno de los integrantes del Cipog-EZ dijo que desde la tarde del miércoles, el gobierno estatal comenzó una campaña de señalamientos hacia integrantes del movimiento y de familiares de Jesús Plácido.
Dijo que es claro que quieren intimidarlos para que liberen al director de Gobernación Rafael Julián Arcos y al delegado de esa misma dependencia en la región Costa Chica, Germán Herrera, así como a un chofer, quienes ayer cumplieron cuatro días retenidos en la Comisaría municipal de Buenavista.
Sin embargo, aclaró que las acciones que realiza el pueblo “no son por decisión de una persona o de una familia, son acuerdos de asamblea y todos tienen que asumirla, aquí no hay líderes, dirigentes o quienes encabecen el movimiento, las decisiones se toman en asamblea”, insistió.
Dijo que en una de las plataformas digitales vinculadas con el gobierno del estado se publicó desde el jueves que Plácido Galindo es un “generador de violencia”, y que ha sido acusado de someter y abusar de pueblos indígenas mediante su intervención en comunidades cuya lengua, organización interna y formas tradicionales de convivencia desconoce”.
En el texto que compartió a El Sur, se señala que el ahora detenido “aunque es hijo de Cirino Plácido Valerio y sobrino de Bruno Plácido Valerio, considerados impulsores de organizaciones de policía comunitaria en el estado, ha seguido una trayectoria distinta, a diferencia de sus familiares”.
Refiere que a estos señalamientos “se suman videos difundidos en redes sociales en los que personas que se identifican como presuntos integrantes de Los Tlacos mencionan a Plácido Galindo como uno de sus coordinadores”.
El integrante del Cipog-EZ indicó que en otro texto se señala a la madre de Jesús Plácido, Enedina Galindo, como la que encabezó el bloqueo a la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, en el puente de Marquelia, “pero ella sólo fue una ciudadana más que se manifestó”.
“Hacemos responsable al gobierno de Evelyn Salgado Pineda de lo que le pueda suceder a la madre de nuestro compañero”, advirtió, y demandó que cese la campaña de amenazas y criminalización a los integrantes del Cipog-EZ.
Zacarías Cervantes/ Foto: Cortesía de la comunidad
