Chilpancingo, Guerrero, a 26 de junio de 2025.- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que con la militarización de la Guardia Nacional, “de nuevo volvemos a los tiempos oscuros” y que el Ejército “vuelve por sus fueros, más bien, nunca los perdió y hoy los robustece”, dijo.
Indicó que lo grave es que ahora que el Estado mexicano no quiere reconocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni a la Corte Interamericana (Coidh) con las que firmó convenios, ya no habrá ninguna instancia internacional que lo llame a cuentas ante las violaciones a los derechos humanos que cometan los militares.
Barrera Hernández se refirió a la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de la Guardia Nacional, por la que se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional, durante su participación en el foro Impunidad en las violaciones a los derechos humanos: Testimonios de sobrevivientes y análisis del caso Aguas Blancas.
“El Ejército sigue violando los derechos humanos y ayer, con la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, le dieron todo el poder para investigar, para intervenir llamadas, en fin, lo que antes era un tabú, en términos de la intromisión del Ejército a la vida pública. Sobre todo para hacer investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora tiene libertad absoluta y el mismo perpetrador se va a investigar y a vigilar”.
Añadió que la sociedad debe analizar qué hacer ante esta situación, pues las organizaciones civiles, movimientos campesinos, indígenas, y la academia, “no podemos alinearnos a una tendencia de mano dura” que lleva coloca al Ejército “en las calles”.
Remarcó que “volvemos a este régimen que creíamos superado y que se había fortalecido la vida pública, en términos de darle voz a las víctimas y reconocer a los organismos civiles de derechos humanos”.
Para el defensor de derechos humanos todo esto es grave también por la aprobación también por el morenismo de la llamada “supremacía constitucional, es decir, ya ninguna instancia internacional podrá llamar a cuentas al Estado mexicano. Entonces, es grave porque las instancias internacionales están siendo relegadas”.
Barrera Hernández dijo que hay un interés de querer monopolizar la justicia, y la reforma judicial “no garantiza una justicia imparcial y no representa realmente los derechos de las víctimas”.
“Están asegurándose del control de las instituciones y de monopolizar el Poder Judicial. Entonces, es un problema muy grave.
El defensor alertó que en estas circunstancias, las victimas están atravesando por un momento difícil.
Frente a esta situación, el director de Tlachinollan indicó que será un gran desafío de la sociedad colocar en el centro de la agenda pública el tema de los derechos humanos, los derechos de las víctimas, e impulsar iniciativas que surjan desde los colectivos, “que ahora son los que han estado en la línea de fuego para construir mecanismos que puedan impulsar y empujar una justicia, para casos tan emblemáticos en términos de graves violaciones a los derechos humanos”.
Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
