Héctor Manuel Popoca Boone
(Primera parte)
Aún no hemos dejado de padecer del todo los flagelos pandémicos del Covid-19, en los aspectos de salud, alimentación, empleo, economía, educación y bienestar familiar, cuando nuestros ínclitos gobernantes y políticos nos ensartan en una nueva vorágine política de corte electoral dentro del marco de la disputa por el poder presidencial en el 2024.
Empieza a enseñorearse la incertidumbre, la irritación, la confrontación polarizada y las movilizaciones y concentraciones sociales, provocadas por las recientes leyes que configuran la reforma electoral del 2023, aprobadas por la mayoría simple de los legisladores del Congreso de la Unión y por la vía del fast track. Señaladamente senadores y diputados adheridos y/o aliados al partido Morena, cuyo máximo líder moral es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Eso es así, porque dichas leyes no contaron con un análisis serio de congruencia y salvaguarda armónica entre lo estipulado en ellas y el articulado electoral constitucional. De ahí el desconcierto y la inconformidad en una amplia amalgama de destacados políticos, empresarios, asociaciones civiles y populares, partidos políticos y otras instancias de estudio del ramo jurídico y de la administración pública del país; además de otros estamentos de la clase media y alta. Por otro lado, buena parte de los pobres, gracias al estipendio económico universal que reciben como pensión bimensual, se alinean incondicionalmente por gratitud con AMLO, como él mismo lo confiesa.
Al ser publicadas las susodichas leyes en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del año pasado, cobraron plena vigencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) empezó a recibir un cúmulo de recursos de amparo e impugnación, de algunos de los cuales los magistrados ya aprobaron su entrada a trámite. El propio AMLO también ya reconoció, públicamente, que puede haber enmiendas de la SCJN a esas leyes elaboradas y aprobadas al vapor y, por tanto, rebatibles e insostenibles desde el punto de vista de lo jurídico electoral que está plasmado en la Constitución de la República.
Sea lo que fuere, el presidente de México ha demostrado, una vez más que tiene un buen grupo de títeres en el Congreso de la Unión que aprueban sin leer las iniciativas presidenciales. Por lo menos AMLO ya aceptó también a regañadientes, que acatará las sentencias que emita la SCJN al respecto.
La inconformidad social generada es de tal magnitud (demostrada en las concentraciones y movilizaciones realizada en el zócalo de la capital y otras ciudades del país), que se volvió una cuestión de suyo grave, ya que exhibe la insania y el saboteo presidencial contra la eficacia con las que el INE (recién cercenado) pueda bien cumplir su responsabilidad principal, a saber: garantizar que las próximas elecciones federales se lleven a cabo dentro de los parámetros de veracidad, certidumbre, transparencia, imparcialidad, objetividad, conteo exacto y total de los sufragios emitidos, otorgándoles la transparencia y difusión pública inmediata. Condiciones indispensables para que los resultados sean legítimos, aceptados y acatados por todos, en términos del buen ejercicio de una democracia electoral.
Las inconsistencias constitucionales contenidas en esas leyes aprobadas (que las hay y muchas) impactan de manera negativa y en forma retrógrada a la democracia mexicana puesto que son anti democráticas, centralistas y con mucho tufo autoritario. El tristemente famoso Plan B ha puesto en entredicho nuestro sistema político-democrático nacional.
Nuestra democracia siempre será perfectible porque su esencia y naturaleza es de por sí dinámica, cambiante y plural, compuesta por pareceres y creencias políticas muy plásticas y atemporales de la ciudadanía. Es posible avanzar, pero no a base de desmembrar y destruir, sin miramiento alguno, lo logrado en colectivo hasta ahora, que ha sido producto de un sin número de conciliaciones y acuerdos de muchos participantes y realizados desde hace más de 30 años atrás. Entonces, no es una bicoca cualquiera este atentado político que nos ha puesto a todos en vilo.
Una vez que la sola voluntad y el rencor individual no lograron destruir totalmente o sustituir la estructura principal de nuestro sistema electoral nacional -el INE- por otra instancia no autónoma, centralizada y sujeta a los designios del poder ejecutivo federal, con el objeto de administrar, controlar y determinar la totalidad de los procesos electorales nacionales y subnacionales, el presidente AMLO procedió, insanamente y en perjuicio de nuestra nación, a “destazar al INE”, restándole capacidades, facultades y competencias, así como recursos materiales, humanos y financieros de todo tipo.
PD1. Por ser indígena y por ser mujer, es de reconocerle su valentía y tesón personal a Inés Fernández Ortega, a la cual, el pasado 1 de marzo, se le hizo parcialmente justicia jurídica por parte del Estado Mexicano, ante el atentado sexual de la que fue víctima a manos tumultuarias de malos elementos del Ejército Mexicano, hace 21 años.
PD2. No se nos olvida que, durante más de cinco años y medio, inexplicablemente el ex gobernador Héctor Astudillo Flores y su maestro incómodo, Florencio Salazar Adame, decidieron amurallar y no abrir el Centro contra la Violencia a la Mujer Indígena en la ciudad de Ayutla, construido y equipado durante el período del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, como parte constitutiva del reparo colectivo contemplado en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitida hará 13 años.
* Como antecedente para este artículo recomiendo la lectura de El modelo de comunicación de la Revocación de Mandato en 2022 y La inconstitucionalidad normativa, de Javier Esteinou, Madrid. Revista Siempre, del 17/4/2022 y del 19/2/2023, respectivamente.
