Ciudad de México, 9 de octubre de 2017. En la Cámara de Diputados ya se preparan para sacar los pendientes legislativos de este periodo ordinario, una vez pasada la escaramuza para elegir la Mesa Directiva, primero, y la emergencia por los terremotos de septiembre, después. Aparte del paquete presupuestario, los legisladores podrían retomar el debate de la Ley de Seguridad Interior, que considera regular la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad y les da, de aprobarse como está la propuesta, amparo jurídico para permanecer en las calles con poder de mando en funciones de ministerios públicos y policías.
Entrevistados por El Sur, tres expertos en la materia coinciden en que la Ley de Seguridad Interior, en los términos planteados hasta ahora, desatiende los niveles de violencia e inseguridad de forma estructural; se centra en la regulación de las fuerzas armadas y no considera la falta de policías en estados militarizados desde hace varias décadas, como Guerrero.
De ser aprobada, avalará la actuación ahora ilegal de militares y marinos en operativos que debería coordinar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), critican. De ser coadyuvantes, militares y marinos tendrán, ya no sólo de facto, facultades de dirigir operativos de acuerdo con su arbitrio, pues no se habla de una ley que regule su función interna ni otra que considere ampliar el mando civil.
Este ordenamiento fue planteado primero por el PRI y PRD, en respuesta a la exigencia en este sentido del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos. Son cinco iniciativas en total que deben ser dictaminadas en San Lázaro. En el Senado, el PAN hizo una propuesta en septiembre de 2016; en enero pasado, el PRD, y finalmente el PRI, el 30 de mayo.
El tema está en la agenda de las bancadas de PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Social (PES), pero ya no lo consideran prioritario las bancadas que componen el Frente Ciudadano por México: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), ni Morena.
Guerrero, violento y aislado
Alejandro Hope, especialista en seguridad, es tajante: “Guerrero seguirá teniendo niveles elevadísimos de la violencia hasta la próxima generación por lo menos. Le esperan 25 años de alta violencia”. Una ley como la planteada no resuelve el problema, sólo da certeza jurídica a las fuerzas armadas: no atiende la debilidad de las instituciones policiacas y sí mantiene vivo este problema que para Guerrero es central.
Para el ex consultor en Grupo de Economistas y Asociados (GEA), es necesario reformar el sistema policiaco y trascender los modelos de mando único o mixto que son, desde hace nueve años, las únicas propuestas alternas para reformar al sistema policiaco desde lo legislativo.
Guerrero es la entidad con mayor número de homicidios en lo que va del año. Tan sólo en cifras de El Sur, en los primeros ocho meses hubo mil 544 asesinatos, 32 más que en el mismo periodo del año anterior; y se cometen 6.3 asesinatos al día en promedio. Julio, con 226 homicidios, ha sido el mes más violento de 2017 en la entidad.
Hasta julio, los estados con mayor número de homicidios dolosos fueron Guerrero, Estado de México, con mil 174, y Baja California, con mil 98, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación.
El problema de la seguridad es mucho más profundo, opina Hope. “Aun si aprobamos la reforma policial… Hay que entrarle estructuralmente a la transformación de las policías, debe haber una reforma al 21 constitucional, a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se requiere una transformación de más alcance”.
Las policías, añade, deben someterse a mecanismos civiles de control externo, no funcionará una corporación que pretenda autorregularse.
En esencia, las propuestas de una ley de seguridad interior se centran en reformar dos artículos constitucionales. El 21: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias”.
Y el 129: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.
“Una parte de la respuesta en Guerrero –destaca Hope– habrá que empezarla a construir con una policía estatal competente, reconstruir algunas policías municipales, presencia adicional de policía federal. Otra parte de la solución no pasa por las policías: el problema de fondo es el aislamiento de las comunidades, la dispersión poblacional, la débil presencia del estado”.
Si no se invierte en infraestructura, prosigue, no importa que no se regule la función policial. “Guerrero no tiene una autopista que lo cruce transversalmente. Tienes una que conecta Acapulco con la Ciudad de México y párale. Hay un aislamiento histórico, estructural, de larguísimo alcance. No hay soluciones ni fáciles ni cortas para Guerrero”.
Aunado a ello, apunta Hope, el estado es un ejemplo claro a nivel nacional de fragmentación de grupos de la delincuencia organizada, lo que retarda una posible solución a los problemas de violencia e inseguridad.
Soldados en las calles, resultados en el suelo
Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aclara que el tema de la Ley de Seguridad Interior, como lo abordan los legisladores, no está ligado con la reducción de la violencia. “Por una parte dicen: ¡no, esta ley no tiene el objetivo de reducir la violencia!; pero, por otra parte, está vinculado con el tema de la violencia”.
“En el caso de Guerrero –advierte la experta– es inconstitucional lo que está sucediendo. En tiempos de paz, según la Constitución, los militares no pueden estar en las calles, tendrían que estar en sus cuarteles; podrían brindar algún tipo de apoyo, y eso después de la presentación ante la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), la Suprema Corte. Algún tipo de apoyo, no en sustitución de las policías locales y subordinados a las policías locales por algún operativo claro y temporal”.
Critica la ley en los términos expuestos, porque sólo busca “legalizar lo que está sucediendo y que es ilegal. Si simplemente se aprueba esta iniciativa, los militares se van a quedar en las calles 30, 50 años y no va haber ningún refuerzo por parte de los gobiernos locales para mejorar las policías, que es la razón, o sea la falta de policías locales, por la que los militares están haciendo su trabajo”.
Como en muchos operativos son los militares quienes van al mando, hacen patrullajes y es claro que no sólo están en apoyo a los policías, Pérez Correa dice que esta forma de funcionar ha sido confusa “y siento que un poco a propósito, porque cuando les dices que eso en realidad no logra reducir la violencia, es que se mantengan las condiciones que tenemos: la falta de policías y civiles confiables que hagan el trabajo. Eso no nos contesta esa ley.
“Soy de la opinión jurídica de que ninguna ley de seguridad interior podrá ser constitucional. Las facultades son exclusivas de los policías, de los ministerios públicos; es decir, de autoridades civiles. Lo que están haciendo es aumentando las facultades de los militares y eso lo que va implicar a largo plazo, es previsible, es que los policías se retraigan, las autoridades civiles se retraigan, y los militares amplíen su participación en estas tareas”.
La ley es muy clara al decir que los militares deberían de estar en sus cuarteles cuando no haya un estado de excepción o esté en riesgo la seguridad nacional; por ejemplo, que México estuviera en guerra. “Es preocupante que se llegue a aprobar”, si pasa, “las policías no se van a arreglar, no habrá un esfuerzo” en tal sentido.
Otro punto en contra de la aprobación de esta ley, dice la investigadora vía telefónica, es el de los recursos. “¿De dónde va salir el presupuesto que va para los militares? Necesitan el detrimento del presupuesto de otras instituciones”, pues las propuestas consideran partidas monetarias adicionales.
Las fuerzas armadas en las calles no han demostrado resultados positivos de combate a la delincuencia o reducción de la violencia en específico. Casos como el del 18 de septiembre pasado lo demuestran: un enfrentamiento entre civiles y el ejército dejó un saldo de nueve muertos, uno de ellos militar, en la comunidad de Pachivia, Teloloapan, en la región norte de Guerrero; pareciera que más que reducir el número de muertos, los soldados lo hacen crecer; es decir, son parte del problema.
Los militares no resuelven el problema de inseguridad, “incluso hay estudios que mencionan que lo agravan, sobre todo cuando hay enfrentamientos en las calles. Cualquier ordenamiento que busque regular la participación de las fuerzas armadas, tiene que ser un plan más ambicioso, que exija una reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la fiscalía, a las policías”. Esa reforma sí sería prioridad, dice Pérez Correa.
Impunidad e inmunidad para el poder militar que hay de facto
A fines de agosto, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes, advirtió que hay un déficit de policías en el estado. Se requieren 8 mil para estar dentro del estándar internacional de seguridad. Y en la mayoría de los 81 municipios no hay policía municipal, mucho menos certificada. Municipios como Chilpancingo y Acapulco, donde también faltan agentes, han depurado su Policía.
El investigador Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, alerta: “ya hay un poder militar de facto que se legalizará. Por eso, antes de una ley que regule a las fuerzas armadas debe existir otra que las reforme, que permita a lo civil juzgar lo militar y no darles más poder politico”.
“No es sólo una tendencia, es un patrón estructural de dominio. Hay que recordar, en el caso de Ayotzinapa, que la Sedena fue la que donó un terreno a los Abarca (José Luis, alcalde de Iguala) para que erigieran su centro comercial dentro de la entidad. Se han convertido en un factor político dentro de la entidad”.
El investigador previene: con una ley de seguridad interior, las fuerzas armadas “no solamente tendrían una impunidad como la que han gozado en las últimas décadas, si no una inmunidad legal de hacer y deshacer. De por sí ejercen un derecho de veto de facto tanto en Guerrero como en otras entidades de la República donde palomean al secretario de Seguridad Pública de sus propias filas, como un factor en el ámbito de la seguridad”.
Tirado dice que “esto nos pone en la perspectiva de que el sector militar, trátese de la Sedena o la Marina, antes de la ser la solución también son parte del problema”.
Resalta la necesidad de reestructurar el sector defensa, “hacerlo acorde a una función de los militares en democracia. Tenemos un déficit de democracia en materia de control de las fuerzas armadas”.
De hecho, dice, a pesar de “su supuesta obediencia”, los militares “pueden decirle que no al presidente y lo han hecho cuando se les ha dado la gana; se consideran con cierto temor por el actuar en materia de represión política a ciertas manifestaciones de inconformidad”.
Primero se debe reformar el sistema estructural y luego la seguridad interior, insiste. “En ese sentido, la ley de seguridad interior lo que haría es militarizar la función pública de la seguridad y dejarlo a autoridades militares, allí los contrapesos no son suficientes no hay claridad, mucho menos hay un sistema de reivindicación de las autoridades civiles, sobre los militares”, concluyó.
Nota de Vania Pigeonutt/ Foto de Carlos Alberto Carbajal.
