El director de la ONG, Leopoldo Maldonado, alerta sobre la violencia en Guerrero contra periodistas, que se relaciona con la violencia electoral. Según el registro de Data Cívica, Guerrero es la entidad con más eventos de violencia criminal-electoral de 2018 a diciembre de 2023, con 167 casos
Ciudad de México, 8 de febrero de 2024. La prensa de todo el país vive un momento álgido de violencia en su contra, y esto se agudizará el presente año debido a la disputa territorial entre los diferentes grupos criminales, que cada vez de manera más descarada entran al juego político, ha advertido Leopoldo Maldonado, director de la Oficina para México y Centroamérica de la organización no gubernamental Artículo 19, que trabaja a favor de la libertad de expresión y de información, y defiende a periodistas.
En entrevista con El Sur, Maldonado profundiza sobre el pronóstico que hizo sobre 2024 como un año “sumamente violento” contra los periodistas. No es que el contubernio entre criminales y autoridades antes no sucediera, dice, pero ahora es más notorio.
“Hoy, los delincuentes comunican a través de esta violencia. Es algo que lleva por lo menos dos décadas, que se va incrementando y complejizando. Y precisamente por eso es que en contextos electorales, sí, también hay mucha violencia propiamente política o desde los actores políticos en contra de la prensa”, expone.
En la cobertura electoral federal y local de 2018, resume Maldonado, se registraron 185 agresiones contra la prensa, pero ese mismo año hubo otras 400 agresiones. Fueron casi 600 agresiones. Lo que llama la atención es que una tercera parte del total ocurrió en el contexto electoral. “El 80 por ciento de estas prácticas fueron cometidas por autoridades públicas y por partidos políticos”, enfatiza.
“Ahí hay violencia directa de los actores políticos, pero además está, repito, el juego de los grupos de crimen organizado, que son los que tratan de mandar mensajes en esta recomposición de poder y en esta renovación de pactos políticos criminales que se dan cada cambio de gobierno.
“Vimos claramente cómo a partir de las elecciones intermedias de 2021 se detonaron los asesinatos de periodistas, la gran mayoría en los estados del Pacífico donde hubo cambios de gobierno estatal y municipal. En la segunda mitad de 2021 y todo 2022, se dio esta reconfiguración territorial, los nuevos pactos criminales con los nuevos gobiernos de extracción morenista. Ahí es donde se dio la mayoría de los asesinatos, salvo uno en Veracruz, el de José Luis Gamboa Arenas, en 2022”.
La delgada línea entre criminales y autoridades
De acuerdo con el conteo de Artículo 19, de 2000 a la fecha han sido asesinadas 163 personas por su labor periodística. En 2022 registró 13 asesinatos y en 2023, cinco.
“Nosotros seguimos la documentación de todos los casos, pero donde hay indicios de relación con el trabajo periodístico de las víctimas, es en esos, por lo menos presuntiva o preliminarmente, que es parte de nuestra metodología”, especifica.
“Imagínense si no juega un papel importante el crimen organizado en la disputa política. Ahí están los dos escenarios: el crimen organizado manda mensajes, violentando políticos, candidatos y a la prensa de la manera más grave y atroz posible con secuestros, asesinatos, pero también los actores políticos violentan directamente a la prensa durante la cobertura electoral”.
–¿Hay una línea muy delgada entre el crimen y las autoridades? En las agresiones contra periodistas y buscadoras de personas desaparecidas, el común denominador es el mismo: agreden delincuentes, pero siempre está detrás la mano de la autoridad, sobre todo si hablamos de territorios locales.
–Totalmente de acuerdo. El crimen organizado no actúa solo o por sus propios intereses. Son quienes jalan el gatillo, por ponerlo de manera muy simple, pero los que están ideando y planeando y ordenando estos asesinatos son políticos en contubernio con los líderes criminales de las plazas. Evidentemente esto nunca lo vamos a llegar a esclarecer del todo, porque parte de los nexos con criminales son los pactos de silencio y de impunidad.
Por eso, continúa el abogado de defensor de derechos humanos, “siempre la desconfianza en cómo se investigan desde las fiscalías locales los crímenes contra la prensa y ahí hay un botón de muestra. El caso más trágico que se vivió en 2022, tiene que ver con el asesinato de dos periodistas del portal Monitor Michoacán, en Zitácuaro. Ellos (Armando Linares, fundador, y Roberto Toledo) habían denunciado meses antes el contubernio entre la fiscalía del estado, el alcalde del municipio y el crimen organizado.
“Lo absurdo es que ellos investigan y, obviamente, ¿qué van a decir? Que el crimen no estaba relacionado con su labor periodística a pesar de que es evidente que, al haber haber asesinado a dos periodistas, uno de ellos el director del medio, lo que se buscaba era callarlos. Ahí están las circunstancias. Se cierra por completo el pacto de impunidad cuando las fiscalías también están cooptadas por estas lógicas criminales”.
Guerrero, de los más violentos del país
En el seguimiento de los casos de violencia político-criminal en México que hizo en 2023 Data Cívica con el monitoreo Votar entre Balas, aparecen 574 agresiones del crimen organizado a personas vinculadas a la política y el gobierno. “Eso implica que es el año con más hechos de violencia político-criminal desde que empezó este registro de la sociedad civil, en 2018”, afirmó en la organización en su reporte presentado en enero pasado.
Los estados con más agresiones registradas en 2023 –incluyendo asesinatos, atentados, ataques armados, secuestros, desapariciones y amenazas– fueron Guerrero (91), Guanajuato (64), Zacatecas (43), Veracruz (42) y Michoacán y Chiapas (38 cada uno). “Destaca este último estado, que en años previos no había registrado dichos niveles de violencia”.
Guerrero es la entidad con más eventos de violencia criminal-electoral de 2018 a diciembre de 2023, con 167 casos.
La cifra total de hechos violentos incluye a elementos de seguridad atacados fuera de funciones, “ya que se considera un intento de incidir en la vida política de un lugar”, precisa Data Cívica, “pero si se les deja fuera, suman 264 víctimas sólo de personas que ya eran funcionarias públicas o, en el contexto del proceso electoral 2023-2024, eran aspirantes a un cargo de elección popular”.
Desde que se inició el proceso electoral, el 7 de septiembre pasado, al 31 de diciembre, “fueron agredidos ocho precandidatos y un excandidato. Seis casos fueron de asesinato, un secuestro y dos atentados”.
Guerrero también está entre los estados con más agresiones a la prensa desde que Artículo 19 tiene registro. “Más de 420 de 2009 a la fecha”, enfatiza Maldonado. “Es el segundo estado con más asesinatos de periodistas, después de Veracruz. Esto marca una tendencia muy clara de los niveles de violencia que enfrenta la población en general, pero particularmente la prensa”.
En las últimas semanas, añade, se agitó más la situación, precisamente por casos de amenazas por lo menos a ocho periodistas de Iguala, “una amenaza colectiva, con la que básicamente buscan que no haya cobertura periodística en la zona. El secuestro masivo de periodistas, tres en Taxco; el intento de asesinato de cuatro en Chilpancingo. Todo pareciera que tiene que ver con un grupo del crimen organizado que está disputando el territorio, pero otra vez surge la pregunta: ¿quiénes son sus aliados institucionales?
“Y es ahí donde entra el juego político. Es una violencia histórica en contra de la prensa en Guerrero y ha provocado desplazamientos masivos. En otros momentos hemos ubicado en la misma región de Iguala amenazas colectivas que han provocado los desplazamientos masivos y por lo tanto el silenciamiento absoluto de la prensa.
“Esto sucede con la permisividad de las autoridades, o en complicidad, y también ante la inoperancia de las instituciones del Estado para idear mecanismos de protección que no tengan que recurrir a la extracción forzosa, al desplazamiento forzoso de periodistas, pero también ante la incapacidad de investigar estos crímenes, por complicidad y negligencia. Es la tormenta perfecta para que esta violencia se reproduzca y crezca en espiral”.
Fallas en el Mecanismo de Protección
Se pregunta al director de Artículo 19 cuál es el papel que ha jugado, en este contexto, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
El mecanismo, responde, “ha pasado por muchas y muy diversas crisis a lo largo de su historia, una de ellas, muy recurrente, es el tema de la falta de recursos suficientes para aplicar las medidas de protección. Esto, evidentemente, siempre va generando incertidumbre sobre la posibilidad de cerrar los años fiscales con los recursos necesarios para garantizar la vida y la seguridad de las y los periodistas y defensores de derechos humanos. De entrada, es una crisis que nunca se ha atendido y que es responsabilidad política del Congreso y del Poder Ejecutivo en turno.
“Y hablamos de dos gobiernos –aclara–. El de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador”.
Aparte, remarca, “ahora viene esta intención de cerrar los espacios de diálogo con la sociedad civil organizada, que justo da seguimiento al mecanismo desde sus inicios en 2012”.
Se había logrado conformar un grupo técnico de trabajo para la mejora del mecanismo, menciona el abogado, pero “con la salida de Alejandro Encinas, quien era subsecretario de Derechos Humanos, prácticamente se ha dicho que ese grupo no tiene viabilidad”. Ello a pesar de que su objetivo era cumplir las más de 100 recomendaciones para la mejora del mecanismo que hizo la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El hecho de que el grupo no prosperara, agrega, “nos habla de la falta de voluntad política para construir, en conjunto con la sociedad civil, una mejora de este espacio con muchas deficiencias y áreas de oportunidad, pero que aún así sigue salvando vidas y garantizando la seguridad de personas que llegan a solicitar protección.
“Nosotros estamos muy seguros de que la situación de violencia letal contra la prensa y contra defensores de derechos humanos, particularmente defensores ambientales y las buscadoras, sería mucho peor si no existiera el mecanismo”.
Otro asunto que se debe revisar, apunta, es que la protección por sí sola no va a ser suficiente, porque se necesitan, además, garantías de acceso a la justicia “y ahí está el papel, otra vez, de la fiscalías”.
Vulneración de la prensa desde el discurso político
Leopoldo Maldonado se refiere a un último hecho que ha contribuido este sexenio a la violencia contra periodistas: “El discurso del presidente (López Obrador) sumó condiciones de vulnerabilidad a la prensa, sin duda.
“No se equivocan desde el proyecto político en el poder cuando dicen que la violencia contra la prensa no es nueva, que venía desde gobiernos atrás, pero el discurso del presidente sí fue nuevo y eso abonó también a la permisividad para cometer violencia contra la prensa. Basta ver cómo otros sectores políticos, no solamente de Morena, sino de la oposición, gobiernos locales sobre todo, replican la campaña en contra de la prensa.
“Lo que hizo el presidente fue, otra vez, exacerbar la intolerancia de los políticos al escrutinio público que necesariamente debe ejercer la prensa, y si esto sucede en un contexto de violencia desatada, donde se cometen agresiones a la prensa casi cada 12 horas, con niveles de impunidad de 98 por ciento, entonces otra vez hay una responsabilidad en los nichos de los actores políticos y de los altos funcionarios”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Archivo
