Una pequeña estampida se abalanza contra las enormes puertas de la institución y logra una reunión con el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. El artículo 14 de la Constitución de Guerrero deja en estado de indefensión a las policías comunitarias, representa un retroceso, y jamás se consultó a los pueblos originarios como dicta la ley en estos casos, señala el diputado Cayetano García.
El Sur / Ciudad de México, 21 de mayo de 2019. “¡No es justo!”, gritó un hombre uniformado con playera verde y cachucha negra bajo el umbral de las gigantescas puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México antes de que comenzara el zafarrancho.
Poco más de 100 coordinadores, voceros, representantes y policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) llegaron desde distintas comunidades de La Montaña y Costa Chica de Guerrero para reunirse con los ministros de la Suprema Corte.
Buscan resolver un tema urgente: las controversias constitucionales que distintas instancias y organizaciones interpusieron en contra de la reforma al Artículo 14 de la Constitución Política de la entidad, que pone en riesgo la existencia misma de las policías comunitarias y de los sistemas de justicia indígena vigentes en el estado.
Promovida por el gobernador Héctor Astudillo y aprobada a mediados de 2018 -cuando el priista contaba con una mayoría en el Congreso-, la reforma al artículo 14 borra de un plumazo la validez de la Policía Comunitaria en la ley. El artículo donde antes se reconocía de manera clara los sistemas de seguridad y justicia emprendidos por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas -de acuerdo con sus prácticas tradicionales y en asambleas comunitarias- se convirtió de un día para otro en un párrafo abstracto sujeto a interpretaciones, donde la seguridad obedece a una ley federal, en un esquema de mecanismos legales de vinculación y coordinación entre sistemas normativos y jurídicos, para que la legislación federal establezca lo dispuesto a las normativas indígenas.
Por eso los uniformados estuvieron aquí. El Alcalde de Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga presentó dos recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma.
Lo mismo hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y los diputados locales de Morena.
Uno de los argumentos es que con esta modificación los policías comunitarios quedan indefensos ante cualquier criminalización pues, para armonizarse con esta reforma, la Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas conocida como Ley 701 tendría que ser modificada, y gracias a esta ley es que decenas de presos políticos de la CRAC han podido recuperar su libertad.
Por eso están aquí, pues, todos ellos, porque además una de las dos controversias de inconstitucionalidad presentadas por la alcaldía de Malinaltepec ya fue desechada por la SCJN con el argumento de que tendrían que ser las comunidades indígenas quienes tendrían que haber interpuesto el recurso (Malinaltepec es un municipio con 90 por ciento de población indígena).
El problema, lo que desató el zafarrancho es que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el ministro presidente de la SCJN estaba en plena sesión y dijo que no puede atenderlos. Hoy ninguno de los policías comunitarios viene armado pero la mecha está muy corta.
“¡No es justo, compañeras y compañeros!” repitió aquel hombre ante el micrófono azuzando a la masa de uniformados que pronto se lanzaron a la rechifla.
“Estos ministros ganan su salario decoroso y nosotros, el pueblo, estamos allá arrinconados cuando somos la justificación del salario que están ganando. Esta Corte es la casa del pueblo no su casa particular, y no se trata de pedir permiso sino de usarlo”.
En menos de 3 minutos la rechifla se convirtió en una pequeña estampida y representantes, coordinadores y demás militantes de la CRAC se abalanzaron contra las enormes puertas de la Suprema Corte. No pocos lograron colarse al interior. Además de la indignación porque los ministros no se dignan a recibir a la comisión de representantes, existe otra razón para el zafarrancho: los contingentes llegaron esta mañana directamente a avenida Reforma luego de 12 horas de viaje, y entre la incomodidad y el mal sueño, no han podido pasar al baño.
“¡Tranquilos compañeros!”, intentó calmar Rubén Cayetano García, diputado federal por el Distrito 9 de Ayutla. “¡Todos van a poder usar el sanitario! Ya lo estamos coordinando”.
Estrategias legales
Dos horas tuvieron que esperar los contingentes de la CRAC-PC para ser recibidos por Arturo Zaldívar.
Por medio de una comisión conformada por más de 30 representantes de la CRAC, coordinadores, consejeros, dirigentes, voceros y abogados como Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, acompañados además por cuatro diputados federales: Javier Manzano, Araceli Ocampo, Rosario Merlín y Cayetano García, así como de dos diputados locales: Mariana Guillén y Luis Enrique Ríos Saucedo, se estableció un diálogo que en palabras de los diputados se dio de manera ordenada y sumamente respetuosa.
“Hay que reconocer que una de las controversias que ingresó la alcaldía de Malinaltepec ya fue admitida y que fue el mismo Arturo Zaldívar quien la admitió”, expresó en entrevista para El Sur el diputado Cayetano García.
“Esto permitió, me parece, llevar una charla en muy buenos términos. Aseguró que iba a considerar nuestras observaciones, que para nosotros es una muy mala jugada de Astudillo modificar la Ley 701 y desobedecerla, y que iba intentar incidir en la medida de sus posibilidades. Al final, claro, él sólo tiene un voto”, agregó.
La reforma al Artículo 14 presenta varios problemas, en opinión del diputado, no sólo deja en estado de indefensión a las policías comunitarias sino que representa un retroceso en diversas materias. En principio, jamás se consultó a los pueblos originarios como dicta la ley en estos casos, además, al no existir un reconocimiento constitucional al sistema de justicia de los pueblos originarios, cualquier detenido tendrá que ser entregado a las autoridades estatales porque, de acuerdo con esta reforma, sólo las instituciones del Estado tendrán la facultad de detener, juzgar y encarcelar a quienes cometen delitos.
“Esto parte de una interpretación burda: pensar que sólo ellos pueden impartir justicia”, se quejó Cayetano y agregó, “pero Guerrero tiene el sistema de poder Judicial más corrupto del país, lo he dicho siempre. Está infestado de nepotismo, de corrupción, de clientelismo, de amiguismo. No quieren admitirlo, cuando se da el primer acto de autoridad de la CRAC deteniendo a un juez corrupto, a un secretario de acuerdos y a un ministerio público, el mismo gobernador entonces Ángel Aguirre declara que esta ley es medieval, que es una ley separatista. Ese es el grado de prepotencia, no quieren reconocer lo podrido que puede estar el sistema de administración de justicia”.
Según Cayetano se están preparando otras defensas legales para echar atrás la reforma al Artículo 14, además de los recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos. Se buscará, por ejemplo, la posibilidad de que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, dado que las comunidades nunca fueron consultadas, se apersone como tercero llamado a juicio puesto que el resultado de la controversia afecta directamente sus derechos.
La otra estrategia de defensa resulta de que durante los comicios del año pasado Ayutla de los Libres eligió a su gobierno municipal por métodos de usos y costumbres de las comunidades indígenas, mediante una asamblea multitudinaria. Por lo tanto, el Ayuntamiento, hoy Casa de los Pueblos, tiene la facultad legítima de impugnar esta reforma puesto que atenta contra los derechos políticos, sociales y humanos no sólo de una comunidad sino de una autoridad establecida.
Texto: Carlos Acuña / Foto: Cuartoscuro
