Según Saab, Guaidó y sus colaboradores “inflaron el número de supuestos militares desertores que se encuentran en Cúcuta (Colombia) para justificar el despilfarro del dinero”, que se habría usado para “gastos personales, alcohol e incluso prostitutas, y se presume que es utilizado también para financiar la desestabilización contra Venezuela”.
Caracas, Venezuela. 18 de junio de 2019. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab anunció este martes la apertura de una investigación penal contra el autoproclamado “presidente encargado” del país, Juan Guaidó, y dos colaboradores suyos por el supuesto desvío de los fondos destinados a ayuda humanitaria.
“El Ministerio Público inició una investigación penal con motivo de las evidencias hechas públicas por medios internacionales y autoridades nacionales sobre hechos de corrupción en el manejo de dinero asignado para asistir a venezolanos en Colombia”, dijo en rueda de prensa.
El fin de semana se informó de una presunta malversación de la ayuda humanitaria destinada a los más de mil 400 militares venezolanos que han huido a Colombia este año, atendiendo a la promesa que hizo Guaidó a las Fuerzas Armadas de conceder la amnistía a cualquier uniformado que deserte.
Según Saab, Guaidó y sus colaboradores “inflaron el número de supuestos militares desertores que se encuentran en Cúcuta (Colombia) para justificar el despilfarro del dinero”, que se habría usado para “gastos personales, alcohol e incluso prostitutas, y se presume que es utilizado también para financiar la desestabilización contra Venezuela”.
El ministro de Información, Jorge Rodríguez mostró el lunes en otra rueda de prensa una captura de pantalla de una supuesta conversación entre el jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, –detenido en marzo– y la responsable de la ayuda humanitaria, Rossana Barreras.
En dicha conversación, Marrero le dice a Barreras que Guaidó le ha pedido que transfiera el dinero recaudado a una cuenta del Bank of America perteneciente a Iván Barrera, un familiar de la opositora venezolana. Rodríguez aseguró que se hicieron depósitos diarios de hasta 700.000 dólares para financiar “atentados” contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Saab señaló al líder opositor como “jefe de los hampones”. “Rossana Edith Barrera y Kevin Javier Rojas son los autores materiales y Guaidó es el autor intelectual”, dijo. “En tal sentido, vamos a proceder a imputar a estos ciudadanos por legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir”, precisó.
El fiscal general ha solicitado formalmente a las autoridades colombianas “que entreguen todos y cada uno de los indicios que tienen allá, en Colombia, que son parte de la comidilla global de esta mafia que sin llegar al poder son hampones, sujetos indeseables”.
“Los fondos que administran estas personas designadas por Guaidó como sus representantes ante Colombia son asignados desde Venezuela, por lo que corresponde a nuestra jurisdicción investigar”, ha argumentado Saab, según informa la agencia de noticias oficial AVN.
Investigación propia
Tras destaparse la presunta corrupción, Guaidó dijo en un comunicado que ese dinero está gestionado directamente por ONG y agencias multilaterales, descartando así cualquier responsabilidad, si bien anunció una investigación “a fondo”, para lo cual pidió la colaboración de las autoridades colombianas.
En las últimas horas, ha informado de que solicitará a la Fiscalía colombiana y a la ONG Transparencia Internacional, así como a la Asamblea Nacional de Venezuela, que lleven a cabo sus propias pesquisas, y ha anunciado que nombrará un “contralor especial” para fiscalizar la gestión de la ayuda humanitaria.
También “giré instrucciones a Lester Toledo (coordinador de estas donaciones internacionales) para sumarse a las investigaciones en Colombia y ofrecer un balance ante los medios de comunicación y aliados internacionales. #CuentasClaras”, publicó en Twitter.
Guaidó es objeto de otras dos investigaciones por parte de la Fiscalía General: una por autoproclamarse “presidente encargado” y otra por supuestas irregularidades financieras. Por ahora, se han dictado medidas cautelares en su contra pero no hay orden de detención.
Todas estas acusaciones se enmarcan en la crisis política que vive Venezuela debido al pulso entre Maduro y Guaidó para que la comunidad internacional les reconozca como único mandatario legítimo.
La Justicia venezolana envía a juicio al jefe de despacho de Guaidó
Un tribunal de Caracas ha ordenado este martes que Roberto Marrero, el jefe de despacho del autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, sea enjuiciado por los presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración.
El Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ha admitido la acusación fiscal por todos estos delitos y ha ordenado mantener en prisión preventiva y abrir juicio oral contra Marrero y el también opositor Juan Antonio Planchart.
“También ha admitido la acusación presentada por el Ministerio Público en el caso de Marrero por ocultamiento de arma de guerra y explosivo y para Planchart, el delito de financiamiento al terrorismo”, ha informado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un comunicado.
Marrero permanecerá así en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a donde fue trasladado nada más ser detenido el pasado mes de marzo acusado de “liderar una célula terrorista que planeaba atentados en el país”.
El dirigente opositor ha pasado la mayor parte de su reclusión incomunicado, según han denunciado sus abogados. El 27 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado venezolano que adoptara las medidas necesarias para garantizar su integridad física y su vida.
Planchart, por su parte, fue detenido tres días después por el SEBIN, “tras denuncias de haber formado parte como financista de un plan para importar sicarios al país con el fin de generar desestabilización”, ha apuntado el alto tribunal.
Guaidó ha interpretado la detención de Marrero, a quien considera un “amigo personal” además de un estrecho colaborador, como un ataque directo a su círculo cercano. La Justicia venezolana también ha actuado contra varios diputados, incluido el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.
El mandatario interino es objeto de dos investigaciones por parte de la Fiscalía General: una por autoproclamarse “presidente encargado” y otra por supuestas irregularidades financieras. Por ahora, se han dictado medidas cautelares en su contra pero no hay orden de detención.
La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron un fraude.
En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la “usurpación”, crear un gobierno de transición y celebrar “elecciones libres”. Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos y numerosos europeos, entre ellos España, le han reconocido.
Texto y foto: Europa Press
