Ante la crisis por desapariciones, México necesita voluntad política y peritos independientes

Texto: Vania Pigeonutt / El Sur Cdmx

Foto: Agencia Reforma

Para atender la crisis en materia de desaparición forzada, México debe aprender de sus errores. La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, pone en evidencia a un Estado capaz de fabricar pruebas y dar por ciertos hechos carentes de sustento científico, pero abre la posibilidad a familiares de víctimas de exigir servicios periciales independientes.

La experiencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que participó a la par de la Procuraduría General de la República (PGR) en una de las investigaciones emblemáticas de la historia reciente del país: la desaparición forzada de los 43 estudiantes, debe contribuir a reformar el sistema pericial local, reflexiona la coordinadora de EAAF en México, Mercedes Doretti.

Han pasado 36 meses de que policías federales, ministeriales, municipales de Cocula, Huitzuco e Iguala desaparecieron a los jóvenes y dispararon contra civiles, lo que cobró la vida de tres estudiantes y otras tres personas, uno de ellos menor de edad –el jugador del equipo de tercera división Los Avispones de Chilpancingo.
Han pasado tres años y prevalece la impunidad.

Hace falta voluntad política para que las cosas se resuelvan en México, dice Doretti, entrevistada por El Sur minutos después de la presentación, el pasado 7 de septiembre, de la plataforma digital Ayotzinapa, una cartografía de la violencia, un proyecto que permite revisar en tiempo real lo que ocurrió la noche de Iguala, y cuya base fue el informe del equipo que coordina, así como los dos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) y reportes periodísticos.

Luego de la desaparición forzada de los normalistas, padres y madres, respaldados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), solicitaron la intervención del equipo independiente para que sus integrantes fungieran como peritos independientes, ante la desconfianza a las autoridades.

Las familias tenían la certeza de que fueron policías municipales, apoyando supuestamente a un grupo de la delincuencia, quienes desaparecieron a sus hijos; pero fueron los peritos argentinos los primeros que les explicaron que sus hijos no fueron quemados en el basurero de Cocula como a inicios de 2015 aseguró el entonces procurador Jesús Murillo Karam. En esencia, los peritos sentaron las bases para destrozar la llamada “verdad histórica” de la PGR.

El peritaje íntegro, que el EAAF hizo público en abril de 2015, muestra los análisis de evidencias realizados en el basurero de Cocula del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014. Revisaron 138 elementos balísticos, casi 500 artefactos relacionados con ropa y calzado, plantas, insectos; fotografías satelitales de Human Rights Watch y UNITAR-UNOSAT, entre otras pruebas que deslegitimaron científicamente lo que hasta ese momento sostenían las autoridades: que los 43 habían sido incinerados.

Oportunidad histórica

“Hay una oportunidad muy importante que México no tendría que perder como país –comenta Doretti–, toda esta imperiosa necesidad de tener servicios periciales independientes, una Fiscalía que realmente investigue, que objetivamente investigue todas las líneas a partir de lo que ha señalado el GIEI; nosotros, y las distintas investigaciones, como la de Arquitectura Forense. Hay muchas líneas de investigación que no se han tomado, otras contradictorias, que no se sostienen”.

—¿Qué tareas pendientes tiene el Estado con las familias de desaparecidos en México? –se le pregunta.
—Tiene una tarea muy grande de dar respuestas a las familias de personas desaparecidas; el área forense es una de las maneras de dar respuesta. Debe haber una base nacional de genética fuerte y especializada, (para) que podamos realizar cooperaciones de manera más simple de lo que existe hoy en día.
Uno de los principales problemas en materia de investigación pericial, asegura la experta, es que el sistema está fragmentado.
“Tenemos dos bases federales: una base de la PGR, otra base de la Policía Federal científica; la base de la PGR está dentro de la policía científica desde hace unos meses. Muchas de las procuradurías locales tienen sus propios laboratorios de ADN y pueden contribuir o no, es voluntario, a las bases federales; tenemos una fragmentación que hace muy difícil la identificación de restos”.

Otro de los obstáculos para que en México se avance en materia forense es que “a los restos se les toma muestra de ADN para procesarla, pero aunque se les tome muestra no todas las muestras se procesan o no necesariamente sirven; estamos con la necesidad de centralizar toda la información forense a nivel nacional para que podamos tener búsquedas mucho más efectivas, rápidas para las familias”.

—¿Se debe reorganizar el proceso de conservación de cuerpos?

—Es necesario el reordenamiento de los panteones, de manera que sea sencillo encontrar los restos una vez que son identificados. A veces sucede que llegamos a la identificación pero no se sabe exactamente donde está encerrado ese cuerpo, por los problemas que existen en los registros de panteones; entonces es imperioso organizar el área de panteones.

Pese a que las investigaciones del EAAF fueron desestimadas por la PGR, tiempo después el GIEI le dio la razón. En su momento, una vez que los peritos independientes se pronunciaron contra la “verdad histórica”, Murillo Karam repitió que los jóvenes fueron asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y después arrojados al río San Juan.

Más que deficiencias, mentiras

A tres años de distancia, Doretti asegura que su función en México, en esos momentos de la investigación, fue crucial para indagatorias subsecuentes.

“Toda esta conjunción de esfuerzos mostró deficiencias muy graves en el área pericial. En el área de la investigación, en algunos casos esas deficiencias llegaron a la colocación de evidencias en lugares donde no estaban cuando fueron examinados esos lugares: me refiero a la introducción de elementos balísticos en la parte superior del basurero de Cocula. Y nosotros como EAAF presentamos una queja al respecto”, rememora.

Otra de las pruebas contra la “verdad histórica”, fue que “en zonas ya examinadas por nosotros y peritos de la PGR, de repente dos semanas después, en una visita de la cual no se nos informa, la PGR y sus peritos encuentran más de 40 elementos balísticos en una zona que ya había sido examinada por nosotros y no estaban esos elementos”.

El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, sostuvo una mentira: que el EAAF participó en el supuesto hallazgo de restos hechos cenizas guardados en bolsas en la rivera del río, en Cocula, municipio aledaño a Iguala; allí, fueron extraídos los restos de uno de los 43 desaparecidos, Alexander Mora Venancio, y enviados a analizar a la universidad de Innsbruck, en Austria, que confirmó que se trataba del normalista.

“ Y sin duda uno de los elementos más publicitados han sido los hallazgos del río San Juan, donde se pone en evidencia lo que en su momento dijimos en relación a la identificación de Alejandro Mora Venancio: sí reconocíamos la identificación, pero no sabíamos de dónde venía esa muestra porque no habíamos sido convocados cuando se encontró esa bolsa en el río”, enfatiza.

Investigaciones independientes

La antropóloga Doretti es famosa en su país por estar presente en uno de los momentos cruciales del cono sur, cuando decenas de Abuelas de la Plaza de Mayo solicitaban ayuda en la identificación de nietos desaparecidos en tiempo de dictadura, y es cofundadora con Clyde Snow del EAAF.

Es una de las autoras del Nunca más, un informe que habla sobre las desapariciones ocurridas en Argentina. Ella, junto con miembros del EAAF, ha atestiguado masacres en varios países, incluido México.

—¿Es necesario que la PGR adquiera más tecnología para identificar cuerpos, para hacer mejor su trabajo?

—El entrenamiento y la tecnología son importantes, pero mucho más importante es tener la voluntad política de decidir, dejar que los servicios forenses y los investigadores actúen como deben actuar: de forma independiente. Ese es el punto de partida, luego agregamos tecnología, entrenamiento. Para nosotros el punto inicial es que realmente exista un aparato de justicia que actúe en investigaciones independientes.

—¿Cuál es la esperanza que deja Ayotzinapa?

—El Estado mexicano tiene la obligación de dar respuesta a las familias de todos los desaparecidos en este país. Cuando nosotros empezábamos a investigar el caso Ayotzinapa, se nos acercaban otros: mi muchacho no es parte de los 43 pero también desapareció en Iguala hace un año, hace dos años. Nosotros como EAAF, en la medida que pudimos, dimos lugar a tomar alguno de estos casos, que lamentablemente en 12 sí coincidieron en los cuerpos que se encontraron en Pueblo Viejo; de 30 personas que se encontraron en seis fosas, 12 de ellos pudimos certificarlos, eran personas secuestradas en Iguala en junio y julio de 2014.

Doretti considera que hay elementos para determinar dónde están y qué pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero el Estado debe enfocarse a los puntos dejados sobre la mesa, no sólo por el EAAF, también por el GIEI; escuchar la petición de las familias y terminar, con la verdad, su calvario.

El EAFF trabaja en varios casos a la par que las autoridades mexicanas. “En algunos lugares –explica Doretti– como son los casos de la comisión forense: por acuerdo somos peritos, junto con los peritos de la PGR, en la identificación de restos de tres graves episodios que sucedieron en el noreste del país: dos en San Fernando, Tamaulipas, y uno en Cadereyta, Nuevo León. Suman 316 víctimas, de las cuales cuando inicia sus trabajos esta comisión en 2013, faltaban de identificar cerca de 200 cuerpos. Allí estamos trabajando de manera conjunta con los peritos de la PGR; en la fiscalía de Chihuahua, en Cuauhtémoc; peritos de las familias en el caso de Chilapa, y seguimos en trabajando en el caso Ayotzinapa”.