Apela la Fiscalía la resolución del juez de no dar órdenes de aprehensión contra el ERPI

 

La institución pretende implicarlos en el asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera

Texto: Zacarías Cervantes
Imagen: Archivo El Sur

Chilpancingo. La Fiscalía General del Estado (FGE) apeló la resolución del juez primero de lo penal, que le negó las órdenes de aprehensión en contra de miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), a quienes pretende implicar en el asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, informó este viernes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto López Celis.

El magistrado presidente fue consultado sobre el tema después de que instaló la asamblea, en la que a puerta cerrada los jueces ratificaron a Ricardo Salinas Sandoval como su representante ante el Consejo de la Judicatura del TSJE.

En la entrevista el magistrado presidente también declaró, a pregunta del reportero, que no encontró antecedentes que comprueben que el Tribunal tuvo el material video gráfico en el que según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se registró uno de los ataques que sufrieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, afuera de Ciudad Judicial de Iguala, la noche del 26 de septiembre del 2014.

La declaración del actual magistrado presidente contrasta con la del ex magistrado Robepierre Robles Hurtado, quien dijo que el material fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR).

Incluso López Celis también dijo que no existen expedientes sobre el caso Iguala en manos de jueces locales. Mientras que Robles Hurtado entregó en marzo de 2016 a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, copias de expedientes de al menos cuatro causas penales por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, y Julio César Mondragón Fontes, asesinados esa noche.

López Celis instaló el mediodía de ayer en el auditorio del antiguo edificio del TSJE en el centro de la ciudad, la asamblea de jueces en la que ratificaron a Ricardo Salinas Sandoval como su representante ante el Consejo de la Judicatura. El juez salinas fungió como juez consejero en los últimos 3 años y fue ratificado por otros tres.

Entre cuestionamientos de algunos jueces por el mecanismo de elección, la asamblea se realizó con la presencia de 80 de un total de 84 jueces. 54 de ellos votaron por la reelección de Salinas Sandoval, 25 a favor de otro candidato, Alberto Rivera Aguirre Rivera y 5 votos fueron para el juez Luis Aguilar Delgado.

El magistrado presidente López Celis sólo instaló la asamblea y dejó a los jueces que organizaran la elección, según dijo, para que hubiera mayor libertad.

Sin embargo, uno de los jueces, Alfonso Rosas, cuestionó de entrada el hecho de que les impusieran la orden del día y pidió que se aprobara una propuesta por los mismos jueces y que la elección fuera transparente, pero fue ignorado y, por el contrario, quienes se hicieron cargo de la mesa, evidentemente con línea de la presidencia, decidieron hacer la elección en privado y a puerta cerrada y pidieron a los reporteros que cubrían la elección que abandonaran el auditorio.
En seguida, algunos de los jueces, cuestionaron la actitud de los integrantes de la mesa que decidieron hacer su elección en lo oscurito.

Al final Alfonso Rosas cuestionó que la elección se haya realizado sin la presencia de los medios de comunicación, “nosotros tenemos que ser transparentes, pero perdimos la oportunidad de que la sociedad se enterara como los jueces de manera ordenada,

transparente e independiente elegimos el juez consejero”, pues dijo que sus actuaciones son públicas.
El magistrado presidente, López Celis, por su parte, se deslindó de la actitud de los jueces que decidieron que fuera en privada la reunión, pues dijo que son los jueces los que deciden si la elección es abierta o cerrada.

Informó que el juez consejero se elije por tres años con derecho a una reelección por otros tres e informó que éste representa a los jueces ante el Consejo de la Judicatura, “que es el órgano de disciplina de control y de administración del Tribunal”.

Impugna la FGE la resolución del juez que negó órdenes de aprehensión

En la sesión del Congreso local del jueves, el diputado del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que el juez primero de lo penal negó la orden de aprehensión en contra de presuntos miembros del ERPI, como responsables del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.

Consultado al respecto, el magistrado presidente confirmó que el caso se resolvió hace aproximadamente 15días por ese juzgado.

“El Juez negó la orden de aprehensión porque consideró que no existían elementos para liberar la orden de aprehensión correspondiente”, confirmó el magistrado.

Explicó que la petición queda sin efecto, pero que entiende que ya hay una apelación por parte de la Fiscalía en contra de la determinación del juez y que esta la tendrá que resolver una de las salas penales del TSJ.

Aclaró que en la resolución el juez señala por qué niega la orden y que la Fiscalía tendrá que decidir si perfecciona o no su petición. Informó que la sala tiene un plazo de 3 o 4 meses para resolver.

Sin antecedentes del caso Ayotzinapa.

El magistrado presidente López Celis aseguró, en otro tema, que no encontró antecedentes ni documentos que evidencien que el TSJ tuvo el material videográfico en el que según el GIEI se registró uno de los ataques a los estudiantes, el ocurrido afuera de Ciudad Judicial de Iguala.

También aseguró que los juzgados locales no tienen a su cargo expedientes por causas penales relacionadas con los hechos ocurridos esa noche. Informó que hay expediente pero por la exhumación de un cuerpo, aunque no precisó de cuál de los tres normalistas que murieron esa noche.

“Yo simplemente conozco vía notas periodísticas y lo que ustedes comentan. Nosotros no tenemos ningún conocimiento oficial de que exista alguna circunstancia de ese material o que haya existido”, dijo en relación a los videos que habrían registrado el ataque ocurrido afuera de Ciudad Judicial y que según el GIEI fue entregado a la presidencia del TSJ y que habrían sido destruidos.

El 17 de agosto del 2015, en un informe preliminar, los integrantes del GIEI expresaron su preocupación por la pérdida de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas cerca del Palacio de Justicia.

En ese tiempo quien era presidenta Lambertina Galeana Marín.

Sin embargo, el 9 de marzo de 2016, el entonces presidente Robespierre Robles Hurtado, en una reunión con padres de los 43 normalistas desaparecidos en el auditorio del TSJ, aseguró que los videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala estaban en poder de la PGR.

Ese día Robles Hurtado declaró que los videos del 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), aunque aclaró que desconocía el contenido.

Esa vez declaró que en relación con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEDMS/001/2015, el encargado de informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala, entregó una USB que contiene un respaldo extraído del Digital Video Recording del Circuito Cerrado de Televisión correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre del 2014, al Ministerio Público de la Federación de la SEIDO.

Ese día Robles Hurtado también entregó copias certificadas de las causas penales 212/2014-2, 214/2014-2, 216/2014-2, 217/2014-2 y el informe de las actuaciones que ha realizado el juzgado de primera instancia en materia penal del distrito de Hidalgo, por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio en agravio del estudiante, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes.

Pero ayer, el actual presidente del TSJ desconoce si hay información que haya entregado su antecesor, y aseguró que tampoco hay expedientes del caso igual en los juzgados locales y que tiene conocimiento que todos son del fuero federal.

Reconoció que solo hay una causa penal, pero que sólo está relacionada con la exhumación de un cuerpo.

Aseguró asimismo, que PGR no le ha hecho ningún requerimiento sobre el caso en los seis meses que lleva como presidente del TSJ.