El lunes 27 de mayo, antes de ser encontrado el cadáver de Chelita –como la conocían–, su familia recibió un video de la víctima golpeada, donde exigían el pago de un secuestro.
Ciudad de México, 19 de julio de 2019. Graciela, una agente inmobiliaria, desapareció el viernes 24 de mayo, en la Alcaldía Coyoacán, y después de tres días, su cuerpo fue hallado en un lote baldío en Iztapalapa.
Ahora, su familia vive con temor y pide protección a las autoridades.
El lunes 27 de mayo, antes de ser encontrado el cadáver de Chelita, su familia recibió un video de la víctima golpeada, donde exigían el pago de un secuestro.
Sin embargo, la necropsia apuntó que para ese momento, Graciela, de 43 años de edad, ya había sido asesinada.
Juan Carlos, primo de la víctima, es el único detenido y vinculado a proceso por secuestro agravado, pero la familia espera que se incorpore el delito de feminicidio, pues Graciela fue golpeada brutalmente.
“Hay poco personal en el área de investigación de feminicidios debido al recorte presupuestal”, acusó un familiar de Graciela.
Presuntamente, Juan Carlos fue la última persona con quien Chelita tuvo contacto y se hallaron pruebas para justificar su participación.
“Que se dé una atención prioritaria al caso y a otros que tengan relación con mujeres, que se apliquen los protocolos de manera exhaustiva y que se analicen los datos con perspectiva de género porque este también es un feminicidio”, pidió Cristal González Obregón, asesora jurídica privada del caso.
Existen otras personas involucradas, entre ellas, un presunto policía federal, identificado como Geovanni, de 22 años, quien ya tiene orden de aprehensión.
El 28 de mayo, la PGJ informó que se otorgó atención integral en materia psicológica y jurídica a la familia, pero las 8 víctimas indirectas exigen protección, ya que pueden estar en riesgo.
“No puede ser que en atención psicológica se les esté buscando fecha a las víctimas indirectas, esa atención no se puede dar meses después”, dijo la abogada.
Hasta el momento, la familia no tiene un estudio psicológico ni de evaluación de reparación de daño, los cuales ya debían estar listos, según su representante legal.
“En estos casos se debe dar fecha inmediata desde que las víctimas acuden al Ministerio Público”, explicó.
A la familia de Graciela se le envió una tarjeta de la Policía y a agentes para hacer rondines en su casa, por lo que argumentan que, al haber implicados libres, necesitan mucha más seguridad.
González Obregón aseguró que este tipo de casos son una bomba de tiempo y pidió que le permitan participar en la cadena de custodia y en la investigación, pues es su responsabilidad conocer el asunto por completo.
Aseguró que en la Procuraduría la figura del asesor jurídico no es considerada importante dentro del proceso y en la investigación.
Texto: Ariadna Lobo / Agencia reforma
Foto: Especial
