En la asamblea por el 24 aniversario, en Las Juntas Caxitepec, denunciaron acciones de jueces para criminalizar a la organización. Se manifiestan por que se reconozcan los derechos de los pueblos a procurar, administrar e impartir justicia.
Chilpancingo, Guerrero, 14 de octubre de 2019. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en su 24 aniversario acordó elaborar un plan de acción de defensa del sistema de justicia comunitaria, y para presionar al Congreso del Estado para que se apruebe la Ley 701 que reconozca los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y las facultades de la CRAC para procurar, administrar e impartir justicia.
Este sábado y domingo la CRAC-PC conmemoró su 24 aniversario en la Casa de Justicia de Las Juntas-Caxitepec, en el municipio de Acatepec, en la región de la Montaña, con la presencia del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, y el alcalde de ese municipio, Ramiro Salvador Hernández, así como del diputado de Morena Alfredo Sánchez Esquivel, y el delegado en la región de la Montaña de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero, Caritino Maldonado.
En un comunicado la organización llamó a las autoridades judiciales y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a no generar conflictos en las comunidades donde hay paz, porque se van a defender como lo hicieron en 2013 cuando más de 5 mil comunitarios salieron a marchar.
Las autoridades comunitarias indicaron que la criminalización que hoy sufren es consecuencia de una ley que creó el gobierno de Héctor Astudillo Flores desconociendo las facultades que la CRAC-PC tiene para procurar, administrar e impartir justicia, establecidas en la Ley 701, reforma aprobada en la legislatura pasada, que ahora pelean en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La CRAC-PC señala que con los amparos otorgados por el juez federal contra la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, y El Paraíso, se criminaliza a la organización. En el primero hay 212 comunidades adscritas a la Casa de Justicia han sido demandadas ante el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Acapulco, por el preso fugitivo y ex comandante Ulises Hernández Hernández acusado del homicidio del coordinador Julián Cortez Flores ocurrido el 12 de abril pasado.
Por la Casa de El Paraíso el juez segundo de distrito, José Artemio Navarrete Sánchez, ordenó liberar a Teodoro Crisóforo Jiménez, quien está acusado y procesado en el sistema comunitario por el delito de homicidio calificado contra su hermano, ocurrido el 17 de mayo en la comunidad de El Coyul, de Ayutla,
Porque luego de que no se acató, el juez ordenó pagar 190 mil pesos de multa, e iniciar una investigación contra cuatro coordinadores, y los comisarios municipales de El Coyul y El Paraíso, además de que el gobierno de Guerrero y la Fiscalía inicien una investigación, y realice un operativo para liberar al hombre detenido por la CRAC-PC.
Ante esto los pueblos llamaron a las autoridades judiciales y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a que “no vengan a generar conflictos donde estamos en paz. Desde aquí les decimos, no le piquen al avispero”.
Dijeron “hoy tenemos que el mirar el futuro de la CRAC-PC para la transformación social porque el gobierno del estado quiere un futuro sin la CRAC-PC. Los pueblos han defendido luchando en las calles, encarando a las autoridades y no de rodillas”.
“Lamentamos que a 24 años de impartición de justicia por parte de la Policía Comunitaria los gobiernos sigan empeñados en desarticular al sistema de justicia comunitaria, pese a que siete amparos reconocen los derechos de los pueblos a impartir su propia justicia, no se diga de los tratados internacionales donde los pueblos originarios tienen derecho a la autonomía y a la autodeterminación.
“Hay precedentes jurídicos en torno a la justicia comunitaria, pero los jueces no los toman en cuenta. No es posible que ahora la guerra se venga contra los pueblos. No es posible que la Guardia Nacional venga por los compañeros que dan un servicio a los pueblos”.
Se manifestaron por la unidad del proyecto de seguridad y justicia y plantearon que “más allá de nuestras diferencias el enemigo es otro. El poder de arriba es un poder que no tiene ojos y que actúa con brutalidad”.
Por ello acordaron realizar una reunión general de la CRAC-PC para que de ahí se trace un plan de acción de defensa del sistema de justicia comunitaria, así como para presionar al Congreso del Estado de Guerrero para que a la brevedad posible se mande la iniciativa y se apruebe la Constitución y la Ley 701 que reconozca los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y las facultades de la CRAC para procurar, administrar e impartir justicia.
También acordaron solicitar una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación para que a la brevedad posible los reciba y le puedan plantear la criminalización y persecución que sufren.
Tlachinollan se une al llamado
En el acto de aniversario el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, llamó al gobierno federal y estatal a que cese la criminalización y a las casas de justicia de la CRAC-PC a tener una mayor articulación y a organizarse para defender sus derechos.
Dijo que desde que nace la Policía Comunitaria las autoridades estatales y federales se han empeñado a hostigar, criminalizar y encarcelar a las y los indígenas que pertenecen al sistema de justicia de los pueblos de la Montaña y Costa Chica.
“Hace unos años las autoridades judiciales le dieron el ultimátum a la Policía Comunitaria, si ustedes portan armas, los vamos encarcelar, si retienen a una persona, los vamos a encarcelar, sin embargo, las y los coordinadores realizaron asambleas donde las comunidades decidieron seguir brindando seguridad ante la ausencia del Estado”.
“Se organizaron y se hizo una marcha de más de 5 mil personas para desafiar al gobierno ya que el mismo gobierno estaba lejos de brindar seguridad y de hacer justicia. La resistencia nos la heredaron nuestros abuelos y abuelas. Las comunidades tienen memoria histórica y porque no fue una ocurrencia de crear un sistema de justicia desde las comunidades, pues desde antes de la configuración de México como un país ya existían los sistemas comunitarios”, expresó.
En tanto el diputado local por el distrito 14 de la Costa Chica Alfredo Sánchez Esquivel, se pronunció a favor del sistema de justicia de la Policía Comunitaria y respaldó el trabajo de seguridad que realizan las comunidades indígenas y afromexicanas.
En el acto de aniversario participaron 250 comisarios municipales, delegados y comisariados ejidales y comunales de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco municipio de Malinaltepec, Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc y la casa anfitriona de Las Juntas Caxitepec, municipio de Acatepec.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: El Sur
