Recibe el acto organizado por el colectivo Feministas en Red, testimonios de mujeres, y ofrecen trabajar para que no haya impunidad
Chilpancingo, Guerrero, 10 de marzo de 2020. Estando con su hija menor en su domicilio en Chichihualco, una madre fue asesinada por su ex esposo y otro hombre, el 4 de diciembre de 2019, y desde esa fecha se desconoce el paradero de la niña, denunció la hermana de la víctima en el Tribunal Popular Feminista organizado por el colectivo Feministas en Red, en el parque Hundido de la Alameda Granados Maldonado la tarde de ayer.
Fue el último de siete casos expuestos, y llegó un momento antes de que las especialistas que revisarían los asuntos se retiraran para deliberar y emitir opiniones y recomendaciones, para las familias que tres víctimas de feminicidio, tres desapariciones, discriminación y violencia laboral, el apoyo que pide ayuda para defender a sus dos hijas en prisión
La hermana de la víctima de Chichihualco que se reservó los nombres de los implicados, aseguró que se abrió una carpeta de investigación y un juez dictó órdenes de aprehensión contra el ex esposo y su acompañante, no obstante que han sido vistos en Tixtla y en Chihihualco, denunció que ninguna autoridad los detienen y después de tres meses no hay indicios del paradero de la niña.
“Es lo que más me preocupa porque seguramente está en manos del asesino de mi hermana. Vengo a exigir a las autoridades que hagan justicia, ella se dedicaba sólo a sus dos hijas, la mayor de 20 años y mi sobrina de siete, y las autoridades no hacen caso, ¿qué más quieren que pase?, ¿que uno haga justicia por su propia mano? No somos asesinos, pero ya pasaron tres meses. Golpearon a mi hermana entre los dos, la degollaron hasta cortarle la cabeza. Mis papás, mi sobrina la mayor, todos estamos desesperados, no sabemos si niña ha comido, si está viva”.
La presentación de casos en el Tribunal Feminista Popular fue convocado por defensoras de derechos humanos en el marco de la convocatoria del paro nacional de mujeres este 9 de marzo, al que se sumaron de manera activa.
Ahí, la señora Herminia Miranda Hernández, mamá de Lucía y Alejandra Baltazar, detenidas en distintas fechas de 2015, acusadas de tráfico de inmigrantes y delincuencia organizada, denunció que los abogados no le explican nada del proceso, sólo sabe dónde están recluidas. Recriminó que “la cárcel es para los pobres, porque los ricos luego salen”.
Lucía estaba a punto de concluir la licenciatura de la escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Guerrero, con honores, cuando fue detenida en una visita a su hermana. “Sigue en la pintura, es una mujer talentosa”.
De Alejandra, explicó que policías entraron con violencia a su casa sin orden aprehensión ni de cateo, la madrugada del 28 de agosto, para apresarla, sin importarle que estaba con sus hijos “esa niña estaba en brazos”, dijo señalando a la nieta que la acompañó.
Desaparecidas
Yoltzin Martínez Corrales habló de la desaparición de su hermana, Yatzil Martínez Corrales a quien hombres armados se llevaron de su trabajo frente a su hija y su esposo el 27 de abril de 2010 en Acapulco, y pasaron diez años para que la Fiscalía General del Estado estado abriera una carpeta de investigación por desaparición forzada. Antes sólo había un acta circunstanciada.
Denunció que el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia tuvo mucho que ver con la omisión. Ahí comenzó su peregrinar para exigir la intervención de las autoridades, y ahora, indicó que está en riesgo de perder su empleo en una dependencia de Chilpancingo porque en el empleo no hay permisos para búsquedas.
Indicó también que después de la desaparición forzada de Yatzil, su esposo fue asesinado y la hija de ellos, Evoled Ramón Martínez, también está desaparecida.
La mamá de Mariel murió sin encontrarla, fue feminicidio de Estado: Marina Reyna
La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las mujeres, Marina Reyna Aguilar, expuso el caso de Karla Mariel Rodríguez, desaparecida el 30 de junio de 2018, con 22 años de edad. Era mamá de dos niños de seis y dos años de edad.
Ella representó a Karla Mariel, porque su mamá, la señora Josefina, que daba seguimiento al proceso en la FGE, murió hace casi un año por el deterioro de su salud en esta búsqueda sin resultados. La activista, indicó cuando Karla Mariel no llegó a su casa, la mamá denunció que su hija sufrió violencia familiar de su esposo, del que se había separado y que la había amenazado con matarla si se iba con otro.
Reyna Aguilar denunció que la FGE poco hizo para localizar a la desaparecida, y cuando finalmente hicieron un cateo en la casa del probable responsable, había pasado demasiado tiempo y no encontraron nada. Un día la señora José le dijo que tenía ganas de morirse, aunque consiguieron sesiones de sicología en la Comisión de Atención a Víctimas, aseguró que no fue suficiente para sacarla de su depresión. A sus nietos se los llevó su papá, y un juez dictó medidas cautelas para que ella no los viera. “Fallece doña Jose, víctima de un feminicidio de estado”.
No hay castigo para los hostigadores, denuncia
La activista de la Colectiva Yo te creo compañera, Aneliz Visca Faustino, denunció la criminalización que padeció de agentes de Ministerio Público y peritos de la FGE cuando denunció de hostigamiento de un profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, César Enrique Morales Carranza.
Señaló que a pesar de lo afectada que se sentía por el abuso que padeció con el docente, los servidores públicos le decían que ella aceptó, que era mayor de edad, y finalmente que no tenía afectaciones sicológicas.
Lamentó que los funcionarios no conozcan la perspectiva de género para tratar a las víctimas de abusos, y esperan ver a las mujeres golpeadas para acreditar que existe un delito, a pesar de que la Ley de derecho a las mujeres a una vida de violencia, ya establece el delito de violencia de género.
Diana Itzel Hernández Hernández, hija del dirigente social, Ranferi Hernández Acevedo, denunció los feminicidio de su mamá y su abuela, Lucía Hernández Dircio y Juana Dircio Dircio, en un ataque de hombres armados donde asesinaron a su papá y a su sobrino que iba con ellos como chofer, el 14 de octubre de 2017, en las inmediaciones de Chilapa.
“Me pesa mucho que los feminicida sigan sueltos, mi abuela tenía 94 años de edad, estaba operada por una lesión en la rodilla, qué daño les hizo, mi madre por igual. Tengo mucha rabia e impotencia porque nadie merece una situación así, no se conformaron con matar al luchador social, mataron a si familia, amarraron sus pies y manos con un alambre, y nadie hizo nada”. Denunció que había un retén militar a unos 800 metros del lugar.
La trabajadora del hogar, Justina Lázaro Juárez, denunció discriminación, violencia laboral en la casa donde labora desde los 20 años. Aclaró que antes la trataban bien, ahora llora mientras realiza las labores domésticas mientras la maltratan porque tiene una niña especial, “me dan un taco pero no me gusta la manera de cómo me hablan, tan grande es mi necesidad que me aguanto los rechazos que vivo ahí”.
Las especialistas en diferentes disciplinas con trayectoria en el estado, Rosa María Gómez Saavedra, Olimpia Jaimes, Alejandra Cadenas Santana, Claudia Rangel Lozano y Maribel Nicasio Gonzalez, que participan como juezas en este tribunal popular, dieron un fallo general sobre lineamento generales para estos conflictos, ante la premura del tiempo. Ya eran más de las 8 de noche.
Gómez Saavedra aclaró que las expertas agraden la confianza de las personas que dieron a conocer sus casos a este espacio, y aseguró que todas tienen empatías con los temas.
A las familias de víctimas de feminicidio, dijo que es un tema en el que han estado trabajando y no van a permitir que queden impunes, para la compañera trabajadora del hogar, añadió que buscarán una recomendación puntual de lo que puede hacen en su situación.
De manera general, Olimpia Jaimes dio lectura a un documento general de lineamientos para atender los casos, sin embargo, adelantó que de manera particular se emitirán las recomendaciones que presentarán en una conferencia de prensa sobre los delitos de feminicidio, desapariciones forzada, violencia laboral como institucional, hostigamiento sexual y falta de acceso a la justicia y debido proceso.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
