Guerrero era de los últimos dos estados del país donde no se había aprobado la unión ente dos personas del mismo sexo. Votan a favor 36 diputados, en contra seis con dos votos nulos. La priista Julieta Fernández Márquez, quien votó en contra, pidió que esa propuesta se llevara a consulta, y dijo que la decisión repercutirá “en el futuro de la siguiente generación”
Chilpancingo, Guerrero, 26 de octubre de 2022. Con 38 votos a favor, seis en contra y dos nulos, la 63 legislatura del Congreso local aprobó la reforma al Código Civil sobre la sociedad conyugal para el reconocimiento legal del matrimonio y concubinato igualitario, sin discriminación por sexo.
La reforma se realizó en la sesión doble de ayer, para concluir el procedimiento legislativo en un día, con un voto razonado en contra de la diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, quien consideró el tema debía someterse a consulta, “por la repercusión en el futuro de la siguiente generación”.
El diputado de Morena de la diversidad sexual, Fernando Agüero García, celebró la mentalidad progresista de la mayoría de sus compañeros, y aclaró en su intervención que Guerrero es el penúltimo estado de la República en garantizar los derechos de la comunidad LGTBIQ. Ahora sólo falta Tamaulipas.
Igual que cuando se aprobó la despenalización del aborto, el Congreso resolvió el tema con rapidez, para tratar de evitar protestas de grupos pro vida. A las gradas de la tribuna sólo llegó un grupo de activistas de la diversidad sexual, que celebró al final el avance legislativo.
El dictamen de la Comisión de Justicia fue firmado a favor por mayoría. Por las diputadas de Morena, Beatriz Mojica Morga y Estrella de la Paz Bernal, secretaria y vocal respectivamente, y el diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez; votó en contra por el presidente, el priista Jesús Parra García. La panista Analenis Reséndiz Javier, vocal, no rubricó el documento.
En la primera sesión, se dio lectura a la iniciativa que presentaron el 15 de julio los diputados Jacinto González Varona (con licencia) y Yoloczin Domínguez Serna, para sustituir el reconocimiento del matrimonio “entre dos personas”, donde dice “entre hombre y mujer”.
Ahora señala que “podrán contraer matrimonio dos personas que hayan cumplido dieciocho años de edad”. Garantiza entre otros derechos, que “las personas casadas, tendrán capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones y oponer las excepciones que a ellos correspondan, sin que para tal objeto se necesite del consentimiento, ni de autorización del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de bienes comunes”.
Aunque la Comisión reconoce que el tema es polémico, subraya que está dentro del derecho vigente, “específicamente en el derecho civil, que va mucho más allá de cualquier creencia religiosa o de corte ideológico y una visión reduccionista”.
En la segunda sesión, la Comisión se reservó su derecho de hacer una exposición de motivos. En el razonamiento de su voto a favor, la promovente, Yoloczin Domínguez Serna, subrayó que “hoy se puso en el primer plano los derechos humanos a los que debemos tener acceso todas las personas por igual.
“Dicho sea de paso, la realidad en todo el mundo de los derechos humanos es que han evolucionado y se han conformado de diversas formas para garantizar la seguridad social, patrimonio conjunto, dar el adiós, o simplemente el derecho de ser amado sin discriminación”.
La priista Julieta Fernández Márquez opinó que la reforma debió ser consultada y discutida a profundidad “por su contenido y alcance”.
Señaló que no solo se excluye de un plumazo las palabras hombres y mujer, sino que tendrá dos grandes impactos: altera la integración, que de origen ha tenido la familia, y en el ámbito legal, afecta “procedimientos jurídicos establecidos, que han sido la base para el desarrollo de la sociedad, como son, entre otros, la adopción, el régimen de seguridad social, el registro de nacimiento que ya no pasará por un juez de lo familiar para la adopción”.
Por lo tanto, dijo que leyes que desnaturalicen a la familia, “le resten autoridad a los padres, constituye violencia desde el poder y genera un gobierno federal que suprime las libertades, además del riesgo en la generación futura de depresión, desequilibrios emocionales y suicidios, al no presentar un sano desarrollo personal y sexual en entornos equilibrados y acogedores”.
En los antecedentes del proyecto decreto, la comisión señaló la jurisprudencia 86/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establece que “las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales, exclusión que pudiera, incluso, llegar a afectar a sus hijos, al colocarlos en un plano de desventaja respecto a los hijos de las parejas heterosexuales”.
Asimismo, en la jurisprudencia 46/2015, en la que se reconocer que a las parejas homosexuales se les ha privado de derechos asociados al matrimonio, como los beneficios fiscales, de solidaridad, por causa de muerte de uno de los cónyuges, beneficios de propiedad, beneficios en toma subrogada de decisiones médicas, y beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros.
Recordó que la SCJN resolvió que la prohibición de los matrimonios homosexuales era contraria a la Constitución del país; el 5 de junio de 2014 se realizó el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Teloloapan, presenciado por el alcalde, y el 24 de diciembre del mismo año se realizó otro matrimonio en Chilapa, aunque fue celebrado en la Ciudad de México.
Asimismo, indicó que 8 de julio de 2015, el entonces gobernador Rogelio Ortega Martínez envío una iniciativa para incluir en el Código Civil los matrimonios igualitarios, aunque no avanzó la iniciativa. El 10 de julio, el entonces titular del Ejecutivo promovió en Playa Hornos de Acapulco bodas de 20 parejas homosexuales.
En el trienio pasado, el diputado Moisés Sandoval también una nueva iniciativa, la cual fue desechada por el pleno.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
