Realizan organizaciones un mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo. No ven voluntad de autoridades de Guerrero y sospechan que quien interviene para que cuatro sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas sigan presos es el ex gobernador Rubén Figueroa. Sostienen que les fabricaron delitos. Se reúnen con el presidente del TSJ Raymundo Casarrubias
Chilpancingo, Guerrero, 26 de octubre de 2022. Las dirigencias de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), exigieron en un mitin fuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, la libertad de cuatro presos políticos sobrevivientes de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
Estuvieron, además, familiares de los presos, miembros de la OCSS y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Antonio Barragán Carrasco.
Los dirigentes de las dos organizaciones, Norma Mesino y Nicolás Chávez Adame, denunciaron que a pesar de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya dio su anuencia para liberarlos, son las las autoridades de Guerrero las que no tienen voluntad y están poniendo obstáculos para no liberarlos.
Después del mitin, los dirigentes se reunieron a puerta cerrada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Raymundo Casarrubias Vásquez, quien ofreció la revisión por separado de los expedientes.
Antes, Norma Mesino denunció que creen que quien está interviniendo para que los presos políticos sigan en la cárcel es el ex gobernador Rubén Figueroa, y denunció que los cuatro están en la cárcel por delitos prefabricados.
Explicó que en el caso de Jerónimo Hernández, preso en el penal de Acapulco, y quien ha estado en diferentes cárceles del país como en Durango. Chiapas y en el del Altiplano, Estado de México, ya cumple en diciembre próximo los 20 años de la condena que le formularon en un proceso viciado, pues denunció que nunca conoció a su acusador.
Denunció que actualmente está amenazado de muerte al interior del penal y responsabilizó a los gobiernos federal y del estado de su integridad física.
“Si hubiera disposición de los gobiernos federal y estatal ya debiera estar en libertad”, reprochó.
Con respecto a Orlando Ávila Mesino, expresó que a pesar de que todas las pruebas resultaron a su favor, fue torturado y acusado por el delito de homicidio en agravio de un comerciante de Coyuca de Benítez.
Mesino explicó que el abogado Hegel Mariano, quien lleva el caso de Orlando y el de Jerónimo, demostró legalmente que están “muy viciados”, y demostró su inocencia mediante varias pruebas.
Recordó que el abogado metió un incidente de libertad y el 11 de noviembre se emitirá una resolución, “pero pedimos su libertad porque todas las pruebas salieron a favor de él, no tiene ningún delito para que siga preso”.
En cuanto a Gilberto Aguirre y Antonio Barragán, detenidos en el 2001 por el delito de secuestro, denunció que igual fueron torturados “de manera cruel”, para que se declararan culpables del secuestro y asesinato de Paola Gallo, una joven del estado de Morelos.
“Ninguna prueba ha criminalizado a los compañeros, pero por la intervención del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna fueron torturados y cada uno de ellos cuentan con una carpeta maestra en la que se prueba la tortura”.
Informó que en una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le entregó los expedientes de los cuatro presos, porque creyeron que la gobernadora tiene una deuda histórica con la masacre del vado de Aguas Blancas.
Recordó que después de tres veces de que periodistas cuestionaron al presidente de la Repúblicas Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, el Comité de Amnistía y Pre liberación retomó y puso los casos de los cuatro presos de la OCSS en la agenda de la Secretaría de Gobernación.
“Hoy queremos que se revisen de verdad los casos de cada uno de ellos, que la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (del gobierno del estado) Anacleta López Vega nos reciba y revise los expedientes de los cuatro presos”.
Recordó que cuando se reunieron con la gobernadora, ella instruyó al anterior subsecretario Carlos Villalpando Milian, pero después renunció y ahora la actual subsecretaria no ha querido retomar el asunto.
Se quejó que de parte del gobierno del estado no se ve voluntad y no está en la agenda del gobierno del estado el problema de los presos políticos.
Advirtió que las organizaciones van a intensificar las acciones para exigir su libertad, “y vamos a instalarnos en plantón, si es necesario en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, y vamos a hacer lo que sea necesario para que los compañeros sean liberados”.
Por su parte Nicolás Chávez Adame, dijo que solamente faltan algunos recovecos jurídicos por parte de las autoridades locales para darle trámite a la libertad de los cuatro presos.
Consultados después de la reunión con el presidente del TSJ Casarrubias Vásquez, que fue después de las 2 de la tarde, Mesino Mesino y Chávez Adame, informaron que el magistrado se comprometió a instalar una mesa de diálogo para revisar por separado cada uno de los casos.
Mesino celebró que por lo menos ya se haya abierto el dialogo con las autoridades locales para ir avanzando en la revisión de cada uno de los cuatro presos políticos.
La dirigente de la OCSS, dijo que creen que quien está interviniendo para que no salgan libres es el ex gobernador Rubén Figueroa puesto que fue el que resultó perjudicado políticamente después de la masacre del vado de Aguas Blancas y actúa por venganza política.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
