Chilpancingo, Guerrero, a 29 de julio de 2026.- Comuneros y avecindados de La Concordia, del municipio Ñuu savi denunciaron la explotación irracional del bosque, del que, señalaron, se está aprovechando un reducido grupo de comuneros que está provocando daños graves al medio ambiente y a los mantos freáticos.
Mediante un escrito enviado a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum Pardo, denunciaron que los representantes del Comisario de Bienes Comunales cuentan con la complicidad de funcionarios de diversas dependencias federales y estatales, para beneficiar a empresas madereras de Ocotito y Chilpancingo, hacia donde trasladan diariamente por lo menos 10 camiones cargados de madera en rollo.
En su documento denuncian concretamente que el actual comisariado de Bienes Comunales, Carmelo García Narciso es el que autoriza con el permiso de dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como sus pares del Gobierno estatal el corte de la madera sin la supervisión correspondiente para comprobar que se cumple la normatividad.
En el escrito, los inconformes con el corte de la madera denuncian que no existe transparencia en la expedición de los permisos y que, por consiguiente, el beneficio que se obtiene de la venta de la madera no es para todos los comuneros, sino para un reducido grupo afines a los representantes comunales.
Su denuncia por escrito está acompañada de fotografías en las que se observan árboles derribados, brechas que se abrieron a mitad del bosque lo que daño a los árboles pequeños y la vegetación forestal.
Consideran que la situación está provocando un impacto grave y significativo al medio ambiente, al ecosistema y a los mantos acuíferos que alimentan cuesta abajo a los ríos que bajan de esa zona, además de que la pérdida de material forestal está ocasionando la erosión del suelo.
Los comuneros y avecindados expresan su preocupación porque señalan que la explotación del bosque en esa zona lleva más de 10 años con intervalos de descanso solo de meses, lo que podría provocar una crisis ambiental, puesto que, según su queja, no existe un programa efectivo de reforestación por parte de las autoridades de los Bienes Comunales de La Concordia, como tampoco de los empresarios que se llevan la madera y menos de las dependencia federales y estatales que “se hacen de la vista gorda”.
En su documento piden que se realice una revisión “a conciencia” tanto de los permisos, del área donde se están cortando los árboles, de las afectaciones que se están provocando y una auditoría de los recursos que reciben las autoridades del núcleo agrario.
Señalan que es necesario que las autoridades federales y estatales, los representantes comunales y la propia comunidad intervengan de manera conjunta en la toma de decisiones trasparentes para frenar el problema y no solamente se guíen por la ambición de los recursos económicos.
Señalan que se debe priorizar el interés colectivo ante el beneficio particular.
Concretamente insisten en que las autoridades competentes realicen una inspección en el sitio donde se está cortando la madera para verificar si las actividades de aprovechamiento forestal cuentan con las autorizaciones correspondientes y si se cumplen las medidas de mitigación y restauración previstas en la legislación ambiental.
Además, piden que se revise el cumplimiento de los programas de reforestación y restauración ecológica, afín de garantizar la conservación de los recursos naturales y proteger el patrimonio forestal para las generaciones presentes y futuras.
Texto: Zacarías Cervantes
