Tras invocar la fórmula de “muerte cruzada”, los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas en un plazo máximo de tres meses para designar diputados y presidente para el periodo que resta de sus respectivos mandatos, hasta 2025
Madrid, España, 17 de mayo de 2023. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó este miércoles la conocida como “muerte cruzada”, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una “grave crisis política” derivada del juicio político contra él.
Menos de 24 horas después del arranque de este juicio político, Lasso firmó un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones en los próximos siete días. Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas en un plazo máximo de tres meses para designar diputados y presidente para el periodo que resta de sus respectivos mandatos, hasta 2025.
Lasso afirmó que ser presidente, “un honor sin comparación”, implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”. “Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado Ecuador”, declaró en un discurso a la nación acompañado de miembros de su gabinete.
El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, “tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”. A día de hoy, apuntó, “no es posible avanzar” en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de “fiscalización” sino que se limita a la “obstrucción”.
La oposición, señaló, quiere “usurpar” todos los poderes del Estado, impulsada por un “sobrehumano rencor”, en palabras del presidente. “Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mí contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada”, sentenció durante su discurso, en el que volvió a defender la inocencia, tal como hizo en la sesión parlamentaria del martes.
El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno, algo que ha recordado Lasso.
“Admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales”, dijo.
El presidente, que entiende que la “aspiración mayoritaria” de la ciudadanía pasa por poner fin a una “confrontación irracional e inútil”, explicó que convocar elecciones devuelve a los ecuatorianos “el poder de decidir su futuro”. Se abre el camino a “recuperar esperanza”, añadió.
La medida deja margen al Gobierno para aprobar decretos de urgencia económica y Lasso ya confirmó la emisión de uno que contempla una rebaja de impuestos, ya “sin bloqueos” y pendiente ahora de la revisión de la Corte Constitucional. Ha avanzado que habrá más, en un contexto en que la economía y la inseguridad parecen copar las preocupaciones ciudadanas.
Precisamente Lasso citó en su decreto la “ola de violencia sin precedentes” y los movimientos de la Asamblea para “obstaculizar” las medidas promovidas desde el Gobierno. El mandatario ha recordado que esta “grave crisis de seguridad” ha obligado a declarar el estado de excepción en diez ocasiones.
La oposición ve “ilegal” la disolución
La oposición, en cambio, ya había cuestionado la posible “muerte cruzada” antes del decreto de Lasso. Para el expresidente Rafael Correa, que sigue siendo desde Bélgica una destacada voz opositora, “lo que Lasso hace es ilegal”, ya que “obviamente no hay ninguna conmoción interna” sino un juicio político en marcha “en aplicación de la Constitución”. “Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”, añadió en su cuenta de Twitter.
No obstante, llamó a aprovechar la votación en ciernes: “Es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria”.
Se moviliza la Policía para “garantizar paz” en Ecuador
El Gobierno de Ecuador movilizó a la Policía para “garantiza paz, orden y seguridad pública” tras el decreto del presidente, Guillermo Lasso, aunque el ministro del Interior, Juan Zapata, descartó que esta medida extraordinaria implique “restricción de derechos”.
Zapata explicó en Twitter que la Policía cumplirá el “mandato constitucional”. “Llamamos a los ecuatorianos a mantener la tranquilidad”, dijo, después de que Lasso invocara la conocida como “muerte cruzada” y forzara la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales.
La medida implica la retirada de la seguridad policial a los miembros de la Asamblea, una vez disuelta, según Zapata, que confirmó que no se han registrado incidentes reseñables en ningún punto ni ve que tenga por qué haber movilizaciones sociales, “porque es un tema constitucional”, informa el periódico “El Universo”.
El Ministerio de Educación también publicó su propio comunicado para aclarar que las clases se desarrollan “con normalidad” y de manera presencial, pese a que se vigilará “permanentemente” cualquier posible alerta.
Texto. Europa Press / Foto: Twitter
