
Acapulco, Guerrero, 31 de agosto de 2023. El secretario General del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, informó que hace unos días el gobierno fue notificado de que tiene que pagar un laudo de 100 millones de pesos a una ex trabajadora de CAPAMA que demandó en 2001.
Ayer al concluir la sesión de Cabildo extraordinaria, explicó a los regidores que con o sin sentencia de la Corte el municipio tendría que hacer muchos recortes presupuestales para este trimestre para dar a la Corte “evidencia de voluntad de pago”.
Sobre ese laudo la alcaldesa, Abelina López Rodríguez, respondió: “eso tiene años, no tengo el dato con precisión, pero entiendo hasta donde sé que se le hizo un favor a una persona porque iba al extranjero que según tenía dinero y no podía probar su solvencia y le hicieron el favor para que ganara 2 mil 500 diarios y con ello probar su solvencia y le dieran la visa; de un favor se convirtió en una demanda”.
Durante la explicación Ayala Villaseñor dijo que “en 2009 el Ayuntamiento fue vinculado como partícipe del caso y como corresponsable de un pago. Al día de hoy el laudo asciende a cerca de 100 millones de pesos y acabamos de ser notificados de la promoción de un proceso de inejecución de la sentencia por parte de la parte persecutora”.
Agregó que el caso es relevante porque hay antecedentes de que ese mismo proceso provocó que el presidente, su Cabildo y el director de CAPAMA del periodo 2015-2018 fueran destituidos, aunque indicó que no procedió, porque cuando se emitió la “inhabilitación” ya había terminado el periodo de gobierno de esa administración.
“Tememos que cuando este caso llegue a la Sala Administrativa de la Suprema Corte podamos correr una suerte similar respeto a una orden de pago de 100 millones de pesos o la amenaza de destitución del Cabildo y del Ayuntamiento por la inejecución del pago, estimamos que en tres meses o días el caso será atendido por una Sala de la Suprema Corte de Justicia y nos enfrentemos a la sentencia de pago completo de ese laudo”, advirtió el secretario.
Detalló que ese laudo lo tendrán que analizar en una sesión de la Comisión de Hacienda y reducir gastos por el orden de 100 millones de pesos, “porque estaríamos en la amenaza de la destitución del Cabildo, en días próximos culminaremos en la Secretaría de Finanzas un estudio actuarial que nos señalará cuál es la capacidad máxima de pago del Ayuntamiento para afrontar el caso”.
“Es verdad que con o sin sentencia de la Corte vamos a tener que hacer muchos recortes presupuestales en este trimestre para poder darle a la Corte evidencia de voluntad de pago de la administración y si son suficientes esperamos que detengan una posible orden de pago completo”, declaró.
Texto y foto de archivo: Aurora Harrison


