Ciudad de México, a 7 de julio de 2026.- Es una injusticia que el Estado castigue con 22 años de cárcel la protesta social en casetas, mientras que el homicidio de un defensor de derechos humanos se penalice con 25 años; eso sólo refleja la persistencia de un “pacto de impunidad” institucional que mantiene congelados los procesos de justicia por el asesinato del dirigente social Arnulfo Cerón Soriano y de libertad a la activista amuzga Kenia Inés Hernández Montalván, dice a El Sur el vocero del Frente Popular de la Montaña (FPM), Telésforo Aguilar Villanueva, a una semana de haber levantado un plantón de tres días frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, por los más de seis años de audiencias infructuosas con mandos medios.
Originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, Kenia Hernández se encuentra encarcelada desde 2020 y actualmente está recluida en un penal federal de máxima seguridad del Estado de México, sentenciada a casi 22 años de prisión por el delito de ataques a las vías de comunicación debido a “la liberación pacífica de casetas de peaje”, proceso que el FPM denuncia como una fabricación jurídica para criminalizar la protesta social.
Las carpetas de investigación federales relacionadas con Caminos y Puentes Federales (Capufe), que eran el principal obstáculo y por las cuales le habían dictado esa condena de más de dos décadas, ya se resolvieron mediante un convenio formal de reparación del daño. Sin embargo, explica el integrante de la Comisión Política del frente, se mantiene retenida a Kenia Hernández por “dos carpetas mínimas” que aún quedan pendientes de resolver, de las múltiples que le fueron fabricadas inicialmente.
Asimismo, continúa pendiente el caso de Arnulfo Cerón, dirigente social del FPM que fue privado de la libertad y asesinado por asfixia en octubre de 2019 tras exigir la rendición de cuentas de 26 millones de pesos al ayuntamiento de Tlapa. Su cuerpo fue localizado 40 días después en una fosa clandestina a tres metros de profundidad.
“Nosotros llevamos pasado de seis años instalándonos en la Secretaría de Gobernación por estos casos”, remarca Aguilar Villanueva. Durante este prolongado periodo, añade, la interlocución formal con altos mandos de la política nacional ha sido nula o de mero trámite.
El descontento del FPM –cuya sede se encuentra en Tlapa de Comonfort, Guerrero– se ha acentuado ante las promesas incumplidas por parte del Poder Ejecutivo federal. Aguilar Villanueva recuerda que en las giras oficiales del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a la región de La Montaña, las bases de la organización se aproximaron a los eventos para entregar expedientes detallados.
“En los dos casos siempre nos decía él: ‘no se preocupen, vamos a tomarlos en cuenta, oye, que sí va a haber justicia’, nos decía López Obrador, y la verdad es que nunca se dio esta justicia”, afirma.
La misma dinámica de recepción de documentos sin resultados consecuentes se ha repetido con la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante sus visitas a Tlapa: “Nomás escucha, recibe el papel y hasta ahí; nos dice que sí, pero nunca hemos visto algo que nos dé una seña de que realmente a ellos les interesa resolver”, lamenta el representante del FPM.
Articulación interestatal contra persecución política
Ante la parálisis de las instituciones federales, el Frente Popular de la Montaña consolidó en el último año una red de agrupaciones civiles de cinco entidades: Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Estado de México. Con el acompañamiento jurídico del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladriguero, de la capital mexicana, el FPM unificó sus reclamos con colectivos que enfrentan desapariciones, homicidios y fabricación de delitos.
La alianza incluye a la Unión Nacional de Independencia y Resistencia (UNIR), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) de Chiapas, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre de Puebla, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) de Oaxaca, otra organización llamada Lázaro Cárdenas y los colectivos mexiquenses Lirios Buscadores y Haz Valer Mi Libertad.
El 17 de abril pasado, el FPM realizó una jornada de movilizaciones por el Día Internacional del Preso Político. Una marcha de aproximadamente 2 mil personas avanzó desde el Ángel de la Independencia hacia la Segob, lo que logró la apertura de una mesa de diálogo que finalmente se concretó en junio.
Indolencia e ignorancia de autoridades
El despliegue del plantón más reciente comenzó formalmente a las seis de la mañana del martes 23 de junio, luego de que un contingente de entre 115 y 120 activistas del FPM llegó a Ciudad de México a bordo de dos autobuses y una unidad Urvan procedentes de Tlapa. Al mediodía la comisión política de los manifestantes tuvo un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Félix Medina Padilla, donde se confrontó el desconocimiento del Estado sobre las investigaciones.
Para la dirigencia del FPM, el trato recibido en la federación refleja un desinterés sistemático. “Sí duele como movimiento social, como luchadores, que nuestras voces no se escuchen a pesar de que llevamos años instalando el plantón ahí en Segob”, dice Telésforo Aguilar.
El representante califica como “inadmisible” que las autoridades federales continúen solicitando datos elementales del homicidio. “Es muy triste que en Segob nos pregunten todavía, en el caso de Arnulfo, por el número de carpetas; o sea que nos estén preguntando, que desconozcan totalmente después de seis años hasta el número de carpetas de nuestro compañero” asesinado en 2019.
A decir de la organización, este hecho confirma que durante seis años el aparato estatal se enfocó únicamente en tomar notas en las minutas, sin dar un seguimiento real a los expedientes.
Impunidad institucional en Guerrero
La indignación del Frente Popular de la Montaña se profundizó tras la reciente resolución judicial del 10 de abril, la cual otorgó la libertad absoluta, en tercera instancia, al presunto autor intelectual del homicidio de Arnulfo Cerón por una supuesta insuficiencia probatoria. Para Telésforo Aguilar este fallo es resultado directo de una colusión al más alto nivel en el estado de Guerrero.
El portavoz del FPM menciona un encuentro con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, donde las bases del frente exigieron que los involucrados fueran juzgados estrictamente conforme a derecho. “Sin darle mucha vuelta, ella habló de la autoría intelectual, nos dice: ‘es que él también tiene derechos’”.
Ante esta postura, la organización respondió que su papel no era fabricar acusaciones, sino exigir justicia con base en las indagatorias de la propia Fiscalía General del Estado, la cual poseía los órganos de inteligencia criminal para fundamentar el caso, pero la inacción de las autoridades ministeriales permitió que el juez de juicio oral desestimara las evidencias recabadas.
Esta misma línea de protección institucional fue detectada por el FPM, dice Telésfoto Aguilar, en las reuniones previas con el entonces magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Raymundo Casarrubias. “Todavía ni siquiera iniciaba el juicio y nos decía lo mismo: ‘Es que no hay pruebas suficientes para sentenciarlo’. ¿Cuál era el mensaje? Que había un pacto de impunidad. Que ya habían acordado la libertad del autor intelectual”, recrimina.
El homicidio en Tlapa y la colusión municipal
El 11 de octubre de 2019 Arnulfo Cerón Soriano fue privado de la libertad. El defensor social salió de su domicilio en Tlapa de Comonfort y fue interceptado por integrantes de una célula de la delincuencia organizada que operaba en el municipio.
Cerón Soriano fue trasladado a una casa de seguridad, interrogado y posteriormente asesinado por asfixia con cinta canela. Su cuerpo fue enterrado clandestinamente a más de tres metros de profundidad en un paraje conocido como Los Tres Postes, en la vía que conduce hacia Metlatónoc, a las afueras de la ciudad.
La búsqueda civil comenzó de inmediato el 12 de octubre por parte de los comuneros, quienes recorrieron, sin éxito, barrancos y ríos de La Montaña. Fue hasta 40 días después, el 20 de noviembre, cuando el cadáver fue localizado mediante el uso de maquinaria pesada, después de que la fiscalía detuviera a 16 presuntos integrantes del grupo delictivo y uno de ellos señalara el sitio exacto de la fosa clandestina.
El trasfondo del homicidio, enfatiza Telésforo Aguilar, se vincula directamente con la exigencia de transparencia que Arnulfo Cerón encabezaba frente al ayuntamiento de Tlapa de Comonfort. El dirigente demandaba públicamente la rendición de cuentas de 26 millones de pesos de recursos públicos correspondientes al cierre del ejercicio en ese municipio.
“Arnulfo públicamente decía que transparentaran y que se dijera a qué colonias y a qué comunidades se destinó ese dinero para la ejecución de sus obras”, reitera el vocero del FPM a El Sur.
Las investigaciones ministeriales apuntaron a que el gobierno municipal de ese trienio, encabezado formalmente por Dionisio Merced Pichardo pero subordinado operativamente a Marco Antonio García Morales –señalado como el autor intelectual del asesinato–, contrató directamente al brazo armado de la delincuencia organizada para ejecutar la desaparición y el homicidio del líder del FPM.
Desproporción penal que criminaliza la protesta
El FPM expuso la severa contradicción y desproporción con la que el Estado mexicano aplica las leyes en perjuicio de los luchadores sociales y en beneficio de la criminalidad. Actualmente, los autores materiales del asesinato de Cerón Soriano cuentan con una sentencia de 56 meses –4 años y medio– de prisión por desaparición y homicidio en primera y segunda instancia, mientras que el jefe de plaza del grupo delictivo recibió una condena inicial de 25 años de cárcel, la cual se encuentra bajo un proceso de apelación promovido por los asesores jurídicos del FPM en búsqueda de una pena mayor.
En contraste, el régimen penitenciario aplicó un criterio punitivo radicalmente opuesto contra Kenia Hernández. Por el delito de ataques a las vías de comunicación, derivado de la liberación pacífica de casetas de peaje como método de protesta, el Poder Judicial Federal le dictó inicialmente una sentencia de casi 22 años de cárcel.
“Por liberar las casetas son 22 años de cárcel; por desaparecer y asesinar a un luchador social son 25 años de cárcel: nos parece injusto, porque no se están basando en las leyes de la justicia”, enfatiza Aguilar Villanueva.
Respecto al plan de acción inmediata tras el levantamiento del plantón en Ciudad de México, la Comisión Política del FPM, coordinada colegiadamente por 10 integrantes, Telésforo Aguilar confirma que no abandonarán la movilización civil.
En el caso de Kenia Hernández, seguirán insistiendo en que el principal obstáculo legal que argumentaba Capufe quedó subsanado mediante un convenio formal de reparación del daño, por lo que su permanencia en la cárcel carece de cualquier justificación jurídica.
El FPM mantendrá una ruta permanente de exigencia ante los poderes de la Unión hasta consolidar la libertad absoluta de la activista y una justicia integral, no a medias, para el caso de Arnulfo Cerón.
Texto: Guillermo Rivera
