Redacción
Ciudad de México / El Sur
Con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, el homicidio doloso registra una reducción de 18% en los últimos cinco años.
Así lo informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en Culiacán, Sinaloa.
En su exposición, la funcionaria federal y coordinadora del gabinete de seguridad destacó que en octubre pasado, el delito de homicidio doloso disminuyó 21.8%, lo cual lo coloca como el mes más bajo para ese delito de los últimos siete años.
Es decir, son cifras parecidas a las que se registraron a mediados de 2016.
Agregó que Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán concentran el 47.2% del homicidio doloso; mientras que en los 50 municipios prioritarios decreció 20.3%, con relación a diciembre de 2018.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el secuestro disminuyó 79.5%, en relación con enero de 2019.
Estos resultados, apuntó, se deben a la colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto (CONASE) con las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS), ya que fueron detenidas 5 mil 742 personas, se desarticularon 633 bandas y se liberaron 2 mil 800 víctimas.
La secretaria Rodríguez recordó que al inicio de la administración se cometían 9 mil 062 delitos del fuero federal; sin embargo, para octubre de este año se registraron 24.3% menos.
Al comparar los periodos de enero a octubre de 2023, respecto al año pasado, los ilícitos que se redujeron fueron: contrabando de personas 39.3%; delitos financieros 27.1%; delitos de delincuencia organizada 22.1%, y delitos cometidos por servidores públicos 2.4%.
Por lo que corresponde a delitos del fuero común, desde el inicio de esta administración a octubre, el robo en general se redujo 22.9%, el robo de vehículo automotor 43.8%, y el feminicidio 35.6%.
Al referirse al robo de hidrocarburos, resaltó que este ilícito disminuyó 94.2% desde 2018 a octubre pasado, lo que permitió un ahorro de 296 mil 961 millones 424 mil 262 pesos.
Señaló que con el Plan Caseta Segura se evitó la pérdida de 16 mil 510 millones de pesos, en lo que va del 2023. Y del 2020 al 9 de noviembre de 2023, fueron 58 mil 854 millones de pesos.
En la conferencia estuvieron el gobernador Rubén Rocha Moya; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
Así como el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina; el subsecretario de la SSPC, Luis Rodríguez Bucio, y el comandante de la Guardia Nacional, David Córdova.
Son migrantes las víctimas
del 90% de los secuestros
en el país: SSPC
Rosa Icela Rodríguez reconoció ayer que el 90 por ciento de los secuestros que se registran en el país son contra migrantes.
Durante la presentación del informe quincenal en materia de seguridad, la funcionaria advirtió que en la mayoría de los casos de privación ilegal de la libertad las víctimas son viajeros que cruzan por el territorio nacional, en su camino a la frontera con Estados Unidos.
Obtiene amparo funcionario
del INM en el caso del incendio
en Ciudad Juárez
Un juez federal autorizó que Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Migración (INM), lleve fuera de prisión su proceso por el incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, en la que 40 migrantes murieron y 25 resultaron heridos.
Claudia López López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, concedió al funcionario un amparo en el que ordena llevar a cabo una audiencia para dictarle una medida cautelar distinta a la prisión preventiva de oficio, a la que está sometido desde el 13 de abril pasado.
En el fallo, la juzgadora precisa que sólo en forma excepcional el juez de control podrá dictarle la prisión preventiva justificada y no la de oficio, pero para eso la Fiscalía General de la República (FGR) deberá probar que ninguna medida fuera de prisión garantiza su comparecencia en el proceso.
“(Se ordena que) prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que impuso al quejoso, y proceda al debate de imposición de diversa o diversas medidas cautelares, esto es, la que considere razonablemente adecuada”, dice el fallo.
“Y en caso de que las analizadas no sean suficientes para alcanzar el objeto buscado, esto es, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de testigos, o evitar la obstaculización del procedimiento, podrá imponer la prisión preventiva justificada, es decir, de forma fundada y motivada en las condiciones del caso”.
El 27 de marzo de este año un incendio en la estación provisional del INM, ubicada en el Puente Internacional Reforma, conocido también como Lerdo-Stanton, dejó como saldo 40 migrantes muertos y 27 más heridos.
