Chilpancingo, Guerrero, 16 de mayo de 2024. El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo, confirmó que los candidatos que como servidores tiene observaciones en sus cuentas públicas, tienen derecho a participar en las elecciones, incluso ganar comicios, y luego, cuando la Auditoría se pronuncie, se les puede aplicar todo lo que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos: juicio político, destitución o inhabilitación.
Consultado en el Congreso local, informó que los 258 entes fiscalizables en el estado entregaron a tiempo sus cuentas públicas 2023, en el plazo que concluyó el 30 de abril.
Sin embargo, la ASE sigue fiscalizando el ejercicio fiscal 2022, del que ya se está informando en la página de la Comisión de Evaluación de la ASE del Congreso local, y en la propia página de la fiscalía.
Aunque ya hay observaciones, precisó que todavía no hay nada firme, porque la Ley habla de un procedimiento y entrega de la información para solventar, antes de que la Auditoría se pronuncie.
Informó que los candidatos que fueron observados están en su derecho de participar en cargos de elección, “aunque ganaran, se aplicará la ley, desde luego, puede llegar a juicio político, destitución, inhabilitación todo lo que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos”.
Indicó que, a partir del 20 de febrero realizaron las notificaciones, y los entes fiscalizables tienen diez días para entregar información requerida.
Sobre los plazos, aclaró que cada procedimiento tiene tiempos diferentes, y la ASE tiene 120 días para pronunciarse sobre lo que se entregó o no se entregó, de faltas relevantes o no relevantes. Las faltas graves se envían a la Fiscalía Anticorrupción, y las menos graves al Tribunal de Justicia Administrativa.
Entre los ayuntamientos con observaciones mayores en la Cuenta Pública 2022, señaló a Acapulco, por ser el más grande del estado, además de Coyuca de Benítez, Chilpancingo, Tlapa, Huitzuco, Buenavista de Cuéllar, entre otros.
De los candidatos que ya fueron inhabilitados y que siguen participando en el proceso electoral porque sus procedimientos siguen en litigio, como el de la ex alcaldesa de Mártir de Cuilapa, Felícitas Muñiz, y el candidato del PRD de Coahuayutla, Gilberto Dorantes Basurto, que se ventilaron en el Tribunal Electoral del Estado, aclaró que no mayor información porque quien ahora inhabilita es el Tribunal de Justicia Administrativa.
Recordó que, cuando se derogó la ley 1028 de fiscalización el 2017, con la aprobación de la 468, la ASE dejó de hacer inhabilitaciones. Añadió que dejó de obliga a los candidatos a pedir a la ASE una constancia de liberación, para participar en las elecciones, “eso es muy importante porque no queremos ver a nadie corrupto que esté de candidato”.
Explicó que la Ley General de Servidores Públicos y la 468 de Fiscalización Superior del estado obliga a la ASE a dar oportunidades de comprobación a los entes, para garantizar el debido proceso en toda la fiscalización, “no es de la noche a la mañana castigar, son tiempos que se contemplan para dar oportunidad de que nos entreguen documentación”
Destacó de las recientes reformas a la 468, que publicarán esta semana en el Periódico Oficial del Estado, establece sanciones a quienes no entreguen en tiempo y forma las cuentas públicas, una multa sanción administrativa, que también se contempla en la ley de Responsabilidades.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
