El juez Celso Ubaldo de la Sancha desestimó las pruebas que presentaron a su favor, informan Tlachinollan y la Misión Civil de Observación-Sexta. El gobierno estatal quiere mantener preso al dirigente indígena y hay una campaña de criminalización en su contra, señala Abel Barrera
Chilpancingo, Guerrero, 30 de julio de 2026. Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y de la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-Sexta), apelaron el martes la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado que se resolvió en contra del promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, informaron ayer en conferencia de prensa.
Los abogados Arón Diaz y Rogelio Téliz de Tlachinollan, así como Javier Rodríguez de la MCO-Sexta, denunciaron que hubo violaciones graves al debido proceso durante y en las primeras horas de la detención del dirigente indígena y que el juez Celso Ubaldo de la Sancha, desestimó las pruebas que presentaron a su favor.
Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que hay consigna del gobierno estatal para mantener preso al dirigente indígena y denunció una campaña de criminalización y denostación en su contra.
En la conferencia de prensa estuvo también la esposa de Jesús, Aurea Oropeza Calderón, quien aseguró que el operativo que se instaló en el retén cerca de San Marcos el 17 de julio, en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, no fue de rutina, sino exclusivamente para detener a su esposo, con quien viajaba ese día.
En tanto que la madre de Jesús, Enedina Galindo, en llamada telefónica durante la conferencia de prensa denunció que la detención de su hijo es por motivos políticos y exigió su libertad, demandó que se revisen las pruebas de su inocencia para que se esclarezcan los hechos y exigió que se le respeten sus derechos humanos.
Relata su esposa la aprehensión; sigue incomunicado, denuncia
Aurea Oropeza contó que el 17 de julio ella y Jesús se encontraban trabajando en su parcela en Buenavista, cuando él recibió un mensaje del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien le dijo que “le urgía verlo”, pero el dirigente del Cipog-EZ le contestó que no podía porque estaba trabajando en la Montaña, entonces el funcionario insistió “que era urgente, que lo quería ver”.
Según Aurea, Jesús le preguntó al funcionario que dónde se verían y le contestó que en el transcurso del camino hacia Acapulco le estaría avisando.
Contó que su esposo le pidió que lo acompañara porque andaba mal de un pie y que ambos salieron de Buenavista como a las 11:15 de la mañana.
Informó que al llegar al retén se le hizo raro porque había muchos hombres vestidos de negro y soldados; “a mí se me hizo raro porque no estaban parando carros, pero cuando nos vieron de inmediato nos pidieron que nos detuviéramos y nos pasaron a otro carril, y los hombres de negro nos apuntaron con armas largas”.
Agregó que quien manejaba era ella y le pidieron que apagara el vehículo y cuando los bajaron comenzaron a revisar, moviendo tapetes y sillones, “todo muy apresurado”.
Declaró que cuando detuvieron a su esposo lo revisaron y le desabrocharon el cinturón “y le metieron mano en todas partes”.
Después le pidieron que se identificara pero cuando les dijo: soy Jesús Plácido Galindo, le gritaron, cállate y le pidieron su credencial de elector pero fueron ellos (los hombres de negro) los que fueron a buscarlo en el carro, y después le comenzaron a decir que tenía orden de aprehensión por secuestro, homicidio y por crimen organizado, pero sin mostrarle ninguna orden.
“Eran un montón de policías apuntándole y empujándolo y se lo llevaron sin dejar que hablara conmigo, solamente con la mirada como que me preguntó: ¿qué va a pasar contigo?, la verdad tuvimos miedo en ese rato”.
Al final le dieron las llaves del vehículo y se dio vuelta para buscar señal y denunciar la detención; “ahí empezó la angustia de no saber de él y a esperar que nos dieran información”.
Informó que fue hasta después de 30 horas que le hizo una llamada telefónica informándole el penal donde estaba y le pidió que buscara a los abogados, porque de todo lo que lo estaban acusando nada es cierto.
La esposa de Jesús aseguró que después de esa llamada ya no ha vuelto a tener comunicación con él y tampoco ha podido verlo, es decir, siguen teniéndolo incomunicado.
Los abogados denunciaron por su parte que hubo violaciones graves al debido proceso, sobre todo porque el dirigente indígena estuvo incomunicado las primeras 30 horas y que por el delito de homicidio no se justifica que haya sido trasladado a un penal de máxima seguridad como el número 1 de El Altiplano, Estado de México, donde fue recluido, para impedirle que en las primeras horas fuera asistido por un abogado de su confianza.
“Fue una detención irregular que derivó en su internamiento en ese penal”, denunció Arón Díaz.
Informó que la orden de aprehensión la liberó el Juez Emanuel Reyna Vélez el 11 de junio pasado, sustentada principalmente en la declaración que dio la hija de la víctima José Pablo Xanteco Bartolo, Josefina Xanteco, el 3 de junio pasado, es decir, casi cinco años después del homicidio, mismo que ocurrió el 30 de octubre del 2021.
El Juez de Control y Enjuiciamiento Celso Ubaldo de la Sancha, dictó el auto de formal prisión en la audiencia del 23 de julio pasado, a mes y medio de que se libró la orden.
Los abogados reiteraron que entre las pruebas que desestimó el juez están un informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) que rindió a la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en el 2025, en el que no se encuentra la carpeta de investigación por el delito de homicidio.
El juez también omitió tomar en cuenta la declaración de la viuda de José Pablo Xanteco, quien en el 2022 cuando fue a recoger las pertenencias de la víctima, dijo ante el Ministerio Público que no sabía quién era el responsable del homicidio.
Arón Diaz informó que la imputación contra Plácido Galindo sólo se sustenta en dos señalamientos; uno que hace Josefina, la hija de la víctima y Marcos Campos Ahuejote, quien falleció en el 2022 y era parte del Cipog-EZ, a quien supuestamente le tomaron su declaración el 2 de diciembre del 2021.
Esa vez, Marcos dijo que en el lugar de los hechos vio que se encontraba Josefina, por lo que el abogado cuestionó que si desde entonces hizo este señalamiento ¿por qué no la llamaron a declarar en ese tiempo?
Además, agregó que si la FGE ya tenía esta información por qué no la envió al Mecanismo en el 2025, cuando se la requirieron para el análisis de riesgo de las medidas cautelares de Jesús Plácido.
Explicó que durante la audiencia los abogados desacreditaron las declaraciones de los dos presuntos testigos “porque Jofesina, el 3 de junio pasado, cuando rindió su declaración, argumentó que no dijo nada porque tenía miedo, y que le informó a su mamá quien había matado a su papá hasta que pasaron los rezos de los 9 días”, lo cual, según el abogado, “no es creíble”.
Explicó que no es creíble porque Alicia, la viuda de José Pablo, fue a la agencia del Ministerio Público en junio del 2022 y cuando el Ministerio Público le preguntó qué sabía del asesinato de su esposo ella contestó que habían estado investigando, “pero hasta ahorita no sé quien mató a mi esposo”.
El abogado señaló que a pesar de esta contradicción “muy marcada” entre la viuda y su hija, el juez no la tomó en cuenta.
Arón Díaz dijo que además de estos hay otros elementos que el juez no tomó en cuenta y que por ello el martes presentaron el recurso de apelación y que esperan que la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resuelva favorablemente.
El juez que emitió la orden de aprehensión, Emanuel Reyna Vélez “es de consigna”
No obstante, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, insistió por su parte, que hay consigna del gobierno estatal para encarcelar al promotor del Cipog-EZ y denunció una campaña en su contra para criminalizarlo y denostarlo.
Contó que el gobierno estatal no le perdona a Plácido Galindo que durante los ataques a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, municipio de Chilapa, del 6 al 11 de mayo, lo haya evidenciado ante el gobierno federal por su inacción ante los ataques del crimen organizado contra las comunidades indígenas, lo que motivó la visita de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Agregó que el dirigente del Cipog-EZ, también puso al descubierto la vinculación de las autoridades municipales con los grupos delictivos.
Barrera Hernández, denunció, que el juez que liberó la orden de aprehensión el 11 de junio, Emanuel Reyna Vélez “es de consigna y de los que se dejan influenciar por intereses políticos para realizar estas acciones truculentas”.
La madre de Plácido Galindo, Enedina Galindo exigió por teléfono durante la conferencia de prensa a los gobiernos estatal y federal que dejen en libertad a su hijo; “él es inocente y su detención es por motivos políticos, yo pido justicia, su libertad y el esclarecimiento de los hechos”, demandó.
Pidió “a quien le toca hacer justicia que no sea ciego, que revise bien las pruebas; muchos saben que mi hijo tenia medidas cautelares porque es un luchador social, ¿y por qué ahora lo ven como un delincuente?, cuestionó.
Pidió, asimismo, a las organizaciones sociales a unirse para buscar justicia, “no sólo para mi hijo, sino para todos aquellos que la necesitan”.
Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
