
Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, a 19 de agosto de 2024.- El director del Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan e integrante de la Comisión de la Verdad y el Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos de 1965 a 1990, Abel Barrera Hernández informó que tras la presentación del informe, cuatro de cinco mecanismos que conforman el instrumento legal seguirán operando.
Advirtió que sólo intervendrán las instituciones del Estado, y sus resultados para la justicia, la memoria, reparación del daño y búsqueda de personas desaparecidas, dependerán de la voluntad política del ejecutivo federal.
En consulta telefónica expuso que en la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, el jueves les dijo que iba hacer una síntesis del informe de los comisionados ciudadanos, con los de las demás comisiones, para presentarlo al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Ya será él quien informe, no sabemos bajo qué términos y con qué criterios, eso ya queda en la cancha del Estado”, puntualizó.
Tampoco sabe si los comisionados, los colectivos o las víctimas serán convocados a la reunión con el presidente, “entendemos que probablemente no. Nos dio a entender el subsecretario que era la última reunión de los cinco mecanismos de lo que fue la Comisión de la Verdad, nosotros tenemos todavía estos días y parte del otro mes para concluir el mandato”.
No obstante, destacó que en la presentación del informe, el jueves pasado estuvieron muchos colectivos y familiares, ante quienes se presentó una síntesis, aún con los 20 minutos de exposición que recibió de tiempo cada mecanismo para su exposición.
Evidenciaron la política de contrainsurgencia sistematizada del Estado
Con el informe, agregó el defensor de derechos humanos, evidenciaron la política de contrainsurgencia sistematizada del Estado contra disidentes y sectores sociales de la población.
Barrera Hernández explicó que la selección de cinco comisionados ciudadanos de la Comisión de la Verdad, en 2021, fue a través de la Secretaría de Gobernación, una representación de los colectivos de víctimas, con el acompañamiento de la ONU en México, como un cuerpo colegiado autónomo para el esclarecimiento histórico de los hechos, de carácter honorario, porque no recibieron pago o salario por su labor. Una renunció.
Para este trabajo se integró un equipo de 50 investigadores entre las cinco comisiones, para tener un panorama de la situación, que diera la pauta a los colectivos de víctimas, a su búsqueda de justicia con este material documental y testimonial, informó.
Es decir que la fiscalía Especializada de Derechos Humanos que ahora atiende estos casos, considere contextos, nombres de los perpetradores, modus operandi, planes de contrainsurgencia y a las víctimas. Puntualizó que ese es el otro mecanismo, el de justicia.
El tercer mecanismo es de Memoria, para recuperar de algún modo la riqueza histórica que al final de cuentas han sistematizado, documentado familiares instituciones civiles y de Estado, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El general Enrique Cervantes, activo en la Sedena, un caso emblemático de impunidad
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de Ernesto Zedillo y asesor del actual secretario Luis Cresencio Sandoval, Enrique Cervantes Aguirre, persiguió a los integrantes del Partido de los Pobres en la década de 1970 y es uno de los “casos emblemáticos de impunidad” de la guerra sucia, señala el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH).
El 11 de octubre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a Cervantes Aguirre una condecoración en el marco del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, recuerda el Volumen 5 ¿Por qué sigue ocurriendo? Factores de persistencia de la violencia estatal tras 1990, del informe final del mecanismo.
Los otros casos emblemáticos de impunidad que anota el MEH son los fallecidos militares Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) cuando ocurrió la matanza del 2 de octubre de 1968, y Miguel Nazar Haro, señalado por desaparición forzada, tortura, secuestro y tráfico de autos.
El MEH afirma que su investigación “revela algunos casos emblemáticos de impunidad”, personas de probada trayectoria como perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos que “contaron con trayectorias largas y prósperas –quizás por lo mismo–, dentro de la administración pública, en distintas instituciones gubernamentales”.
Para el mecanismo, “resulta alarmante” que algunas de estas trayectorias profesionales en la administración pública se prolongaron hasta momentos muy cercanos al presente, “la impunidad como factor de persistencia se muestra evidente al contar con instituciones que sostienen la protección de personas implicadas” en violaciones graves a los derechos humanos.
El MEH insta al Estado mexicano a que a través de vías legales, las personas implicadas en violaciones a derechos humanos, “sean inhabilitadas para el servicio público y nunca más puedan acceder a cargos en la administración pública”.
Se le implicó también en lavado de dinero del crimen organizado
Para el mecanismo, uno de los casos “más claros y notables de lo señalado” es Enrique Cervantes Aguirre, de quien se tiene evidencia de que trabajó en la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en 1976, antes de que fuera secretario particular del entonces titular de la Sedena, Félix Galván López.
En la década de 1970 trabajó en la 27 Zona Militar de Guerrero, “foco rojo de la represión estatal en el periodo de estudio de este Mecanismo. Entre 1980 y 1983 fungió como director del Heroico Colegio Militar”.
En el contexto de la crisis migratoria guatemalteca, el ex presidente Miguel de la Madrid lo colocó en 1983 en la 31 Zona Militar en Chiapas, “a raíz de su experiencia en la contención de contextos complejos, según lo refiere la inteligencia estadounidense”.
Cervantes Aguirre fue enviado a la 7 y 4 Región Militar en Monterrey, en la gubernatura de Jorge Alonso Treviño, y en el sexenio de Ernesto Zedillo de 1994 a 2000, fue titular de la Sedena.
A comienzos del 2000, “y al menos hasta 2008, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) lo investigó por su participación en los hechos de violencia estatal cometidos en Guerrero, así como por el asesinato de veintidós campesinos”.
“Se le implicó también en lavado de dinero para el crimen organizado y en instituciones financieras, así como por desviación de recursos públicos para fines personales y en beneficio de su familia, además de ocultamiento de desfalcos en fábricas de armamento del Campo Militar No. 1”.
En el pequeño perfil escrito en el subcapítulo Los casos de impunidad: del pasado al presente, se recuerda que filtraciones de inteligencia militar revelan que Cervantes Aguirre funge como uno de los asesores del actual titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y que López Obrador le entregó una condecoración en el marco del Bicentenario del Heroico Colegio Militar el 11 de octubre de 2023.
En otra parte del mismo volumen, el MEH señala que Cervantes Aguirre “combatió al Partido de los Pobres en Coyuca, Atoyac y Técpan, incluso participó en el operativo de liberación del entonces senador Rubén Figueroa Figueroa y en la operación que resultó en la ejecución de Lucio Cabañas”.
En el volumen 2 del informe, se señala que Cervantes Aguirre era considerado un “experto en contrainsurgencia” cuando fue elegido comandante de la Zona Militar de Chiapas en respuesta a las incursiones kaibiles guatemaltecos en la década de 1980.
En el volumen 4, el MEH señala que “la experiencia contrainsurgente generó una acumulación de capital político para las élites militares”, y el ejemplo es el general Eliseo Jiménez Ruiz, comandante de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco entre 1974 y 1976, “los años más violentos de la contrainsurgencia en Guerrero”, y que fue nombrado en 1977 gobernador interino de Oaxaca durante la “crisis política” desatada por la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI).
Texto: Lourdes Chávez / Ramón Gracida Gómez
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