Senadores y diputados emiten la declaratoria después de que la iniciativa fuera avalada por congresos de 23 entidades. PRI, PAN y MC denuncian violaciones al proceso legislativo y anuncian que acudirán a instancias internacionales
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2024. El Senado de la República declaró la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, después de que esta fuera aprobada en 23 de 17 congresos locales que eran necesarios.
Solo con legisladores de Morena y aliados, en cuyos escaños pusieron carteles con la leyenda de “El pueblo manda”, se emitió el pronunciamiento legislativo.
“Hoy es un día histórico, se ha hecho la reforma al Poder Judicial”, dijo el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, previo a consumar el procedimiento ante un pleno con ausencia de legisladores de la oposición.
Enseguida pidió a sus compañeros y al público asistente que se pusieran de pie para dar lectura a la declaratoria de constitucionalidad que fue celebrada entre gritos y aplausos.
Los congresos locales que respaldaron la modificación fueron los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
El Congreso de Jalisco fue el único de los que rechazó hasta este viernes la reforma judicial, según la votación recibida en el Senado.
“La presidencia seguirá atenta para recibir la resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente”, informó Fernández Noroña.
La declaratoria se remitió a San Lázaro para que se realice el mismo procedimiento y después se turne al Ejecutivo, que se encargará de publicar las modificaciones en el Diario Oficial de la Federación.
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que ha estado en diálogo con otras bancadas para coordinar una sesión en la Cámara de Diputados la tarde de este viernes.
Sin embargo, la oposición ha tomado una postura firme en contra.
Los coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira y Manuel Añorve, anunciaron que no asistirán, argumentando constantes violaciones al proceso legislativo.
El PAN se sumó a esta postura, con su coordinadora en San Lázaro, Noemí Luna, declarando que no participarán en lo que consideran una “fiesta de Morena”.
Movimiento Ciudadano también decidió no asistir a las sesiones en ambas cámaras.
La oposición ha adelantado que planea tomar acciones legales.
Tanto el PRI como MC han anunciado que acudirán a instancias nacionales e internacionales para impugnar y denunciar lo que consideran inconsistencias en el proceso legislativo.
Diputados envían al Ejecutivo la reforma para su publicación
Tras declarar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la Cámara de Diputados envió ayer las modificaciones al Ejecutivo federal para su publicación.
“El Congreso de la Unión en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del poder judicial.
“En términos del artículo 135 constitucional, se remite al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, indicó el presidente en turno de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
El secretario de la Mesa Directiva, el petista Pedro Vázquez, informó que la reforma fue aprobada por 22 de los 32 Congresos locales, aunque en realidad leyó 23.
La sesión de declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial duró menos de ocho minutos.
Ricardo Monreal afirmó que no hay recurso alguno que pueda obstaculizar o impugnar la reforma judicial. Consideró que la reforma no podría ser objetada ni siquiera por fallas procedimentales.
“No proceden ni acciones de inconstitucionalidad, no proceden ni controversias constitucionales, suspensiones o cualquier tipo que se derive de los juicios de garantía, porque el poder reformador es la supremacía frente a todo el andamiaje jurídico mexicano”, dijo.
Sobre los recursos que diputados de oposición promueven o han anunciado que promoverán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el legislador consideró que sus pares tienen derecho de hacerlo. No obstante, advirtió que en el pasado ningún recurso en contra de una reforma constitucional ha procedido.
Miguel Ángel Yunes Márquez se presenta a la declaratoria en el Senado
Todavía como panista, Miguel Ángel Yunes Márquez fue el único legislador opositor que se presentó a la sesión en que el Senado de la República declaró la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.
“Vine porque es mi responsabilidad constitucional venir a las sesiones como cualquier otro senador. Si ellos (los de la oposición) decidieron no venir, están en su derecho”, aclaró el senador veracruzano.
Yunes Márquez, que el martes respaldó con su voto la reforma, ocupó un escaño de la bancada de Morena y luego explicó ante la prensa que sigue militando en las filas del PAN, cuya Comisión Permanente decidió el miércoles expulsarlo.
Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, aseveró que si a “los Yunes” aún les queda algo de dignidad, deberían acompañar los recursos que presentará la Oposición en contra de la reforma judicial.
El Senado tiene un mes para emitir la convocatoria para la elección de jueces
Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el Senado tendrá que “emitir a contracorriente” la convocatoria para la elección de los jueces, magistrados y ministros de 2025, anticipó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.
“Tenemos a contracorriente que emitir en un mes la convocatoria para la elección. Es responsabilidad de la Cámara de Senadores y es una tarea en la que ya vamos retrasados”, reconoció.
Fernández Noroña declaró, incluso, que las leyes secundarias podrían sobrevenir tras la elección de los jueces. Según aclaró, “lo que no puede faltar es la convocatoria en el plazo establecido, porque hay que recordar que no entran después de la elección.”
Queda en la incertidumbre el funcionamiento de las dos salas de la Corte
La prisa en la aprobación de la reforma judicial dejó a dos Salas de la Corte en la indefinición y el propósito de la justicia expedita está en el limbo.
La reforma constitucional aprobada esta semana en el Congreso eliminó a las dos salas con las que funciona la Corte y dejó la operación fundamentalmente en el Pleno que, conforme la nueva ley, se integrará con 9 ministros electos en votación universal en urnas en junio de 2025.
Pero al entrar en vigor la ley, en el periodo de transición de septiembre de 2024 a septiembre del 2025 -mes en el que asumirán los nuevos ministros- no quedó definido qué ocurrirá con las dos Salas desaparecidas.
La Primera y Segunda Salas procesan 76 por ciento de asuntos que llegan al máximo tribunal. La primera Sala conoce de asuntos civiles y penales. La segunda Sala revisa temas administrativos y laborales. Aunque dada la cantidad de asuntos fiscales ambas salas conocen de esos temas también.
Las salas, cada una con cinco Ministros y Ministras, sólo sesionan los miércoles, pero son cruciales para la operatividad de la Corte.
Fuentes de la Corte informaron que existe incertidumbre entre el personal sobre este tema, porque la nueva redacción del artículo 94 de la Constitución elimina las Salas, y sólo permite que la Corte funcione en Pleno.
Los artículos transitorios, en tanto, no aclaran si las Salas pueden seguir operando durante el periodo de transición hasta el 1 de septiembre de 2025.
En 2023, de 3 mil 446 asuntos resueltos por la Corte, 2 mil 623 salieron en las Salas, que desde hace años resuelven casi todos los amparos que llegan al tribunal, así como muchos otros recursos y casos de menor importancia.
Los transitorios sólo mencionan que el Congreso tendrá 90 días para expedir las leyes secundarias, y son categóricos en que, mientras tanto, “se aplicarán en la conducente, de manera directa, las disposiciones constitucionales”.
Texto: Agencia Reforma
