Silvestre Pacheco León
En Guerrero ya no sentimos lo duro sino lo tupido, y es que cuando no llueve tiembla, aunque todas las calamidades naturales como los ciclones, las lluvias torrenciales, las inundaciones, sabemos que son pasajeras, no así el temor y la angustia que provocan la inseguridad y la violencia, males que en vez de acabar parece que no terminarán nunca.
Como pueblo guerrero nos hemos acostumbrado a vivir con estoicismo las calamidades naturales casi sin quejarnos, pero no queremos acostumbrarnos a la violencia.
Guerrero es un estado convulso cuya realidad parece superar la energía y estrategia de su gobierno. No hay respeto alguno de parte de la delincuencia. En Acapulco los asesinatos ocurren a diario a pesar de que han llegado por miles los policías de la Guardia Nacional.
En Taxco el colmo de la descomposición social llevó a la Presidencia Municipal a un delincuente que con sus hijos hizo de la Policía Municipal el enemigo social más temible encargado de secuestrar y desaparecer personas.
En la Costa Chica, en Cruz Grande y Copala murió un alcalde y un ex regidor, y en la Costa Grande, en Atoyac fue abatido Juan Carlos Reyes un ex regidor de Morena que se había salvado en varios atentados y en la sierra baja de Petatlán los desplazados del pueblo que ha sido bastión de un grupo criminal primero demandaban la atención del gobierno y después acusaban a la Armada de México por la detención de varios jóvenes que fueron sacados de sus casas.
Y aunque no fueron el origen de la descomposición, en septiembre se cumplieron diez años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas cuyo paradero sigue sin resolverse a pesar de que para la sociedad está clara la participación cómplice entre criminales, policía y ejército.
Pero de todos esos hechos el más reciente y de mayor consternación es sin duda lo sucedido en Chilpancingo que vive en un estado de pánico por el asesinato cruel del joven presidente municipal, Alejandro Arcos del PRIAN cuya repercusión de miedo e indignación ha repercutido hasta en los más lejanos rincones del estado frente a un gobierno atónito, ausente y que se ha quedado sin habla.
La cifra de percepción de inseguridad que en el mes de septiembre pasado fue de 81 por ciento según el reporte del Inegi seguramente se elevó con este acontecimiento que ha consternado a la sociedad y que exige respuesta puntual.
La información oficial de estos hechos por el gobierno federal resulta intrascendente y no aporta nada para tranquilizar a la población que más cercana a los hechos especula y deduce que el presidente municipal intentó usar el mismo método de su antecesora de negociar y pactar con el crimen organizado una paz que pendería siempre de su estado de ánimo e intereses, aunque ese camino sea el recomendado por el alto jerarca de la Iglesia católica.
Lo cierto es que ante los hechos nadie se siente seguro ni quiere comprometerse por alguien. La solidaridad y el apoyo en materia de seguridad se ha desvanecido ante el tamaño de la violencia. No se ve a nadie en quien confiar, aunque sepan del poderío del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, para no hablar de las policías estatal y municipal, tan desconfiables a los ojos de la población.
Por eso debemos destacar que aquí en la capital la violencia ejercida contra sus autoridades recientemente electas y distintas del partido que deja al gobierno, ha provocado una reacción de tal envergadura en la sociedad que los habitantes parece que se han sobrepuesto a la parálisis del horror y el miedo recurriendo a movilizaciones que no se habían visto y que pueden ser el preámbulo de un camino, aunque incierto, capaz de cambiar la historia de nuestra entidad porque puede convertirse en ejemplo repetible que implica un acompañamiento y acicate fiel para que las autoridades comprometidas realmente en la construcción de la paz actúen de manera decidida, alentando la coordinación de los tres órdenes de gobierno para identificar, perseguir y detener a los culpables de esos aberrantes crímenes como acciones necesarias para darles viabilidad y pertinencia.
Solo así el sacrificio del presidente municipal Alejandro Arcos dejará de ser en vano y los chilpancingueños se convertirán en pioneros en la construcción de un nuevo camino que quizá conduzca a la paz duradera.
El método de acompañamiento de ciudadanos movilizados en torno a sus autoridades puede ayudar a recuperar los espacios perdidos por el gobierno ahora en manos de criminales, extirpar de raíz las extorsiones y el cobro de piso, emprender una campaña de desarme asegurando todas las vías de comunicación.
En adelante las autoridades deberán prestarle atención especial a recuperar los mecanismos que han cedido a los criminales para hacerse de una clientela o base social que le presta lealtad porque le resuelve necesidades básicas y de subsistencia, le consigue obras públicas, su inclusión a programas sociales, un permiso para vender, nuevas rutas de transporte, y protección para el uso de espacios públicos para venta de productos muchas veces robados, todo a cambio de operar para ellos cuando requieren de acompañamiento, presión social, exhibición de fuerza y medio para contener a la policía y el Ejército que los combate, y ni se diga para cooperar defendiendo como suyo el territorio en el que actúan.
aunque el obispo de la Iglesia católica diga lo contrario, pactar con criminales no es el camino del gobierno porque significa cederles el poder, que es como dejarle al coyote el cuidado del gallinero, recordando el dicho del presidente López Obrador, el derecho de robar legalmente poniendo a su disposición la administración municipal como sucede y ha sucedido en muchos de los municipios de Guerrero y de México, o en el colmo de la impunidad, convertirse en autoridad.
Desde el gobierno municipal anterior los habitantes de la capital saben que la negociación con los cárteles no es el camino para traer la paz a los pueblos porque significa darles reconocimiento legal y aceptar su autoridad. El pueblo debe verlos como enemigos, como criminales que se han adueñado de la vida y el patrimonio de las familias, combatirlos y vencerlos como hizo con el régimen neoliberal a base de ganar conciencias hasta hacerse mayoría y luego movilizarse. Si el gobierno representa a la mayoría, debe ser esa misma mayoría la que exija consecuencia a su autoridad electa. Antes como antes, ahora como ahora. Así como los ciudadanos solo se ocupaban de votar dejando manos libres a las autoridades, ahora es distinto, los ciudadanos tienen que estar pendientes del desempeño de las autoridades que nombró bajo la advertencia de refrendarles o negarles su apoyo.
En lo anterior radica la importancia de la revocación del mandato, que a medio período de gobierno sea llamado a cuentas para ver si respondió a las expectativas o se perdió en el cumplimiento de los compromisos.
En Chilpancingo están dadas las condiciones para estrenar un nuevo modelo de combate a los cárteles criminales que refrende el compromiso del gobierno federal por restablecer la paz social combatiendo las causas y los efectos de la violencia.
