Jesús Mendoza Zaragoza
La actual situación de violencia en el país, que se ha desarrollado sin parar, ha establecido la necesidad de medidas extremas para afrontar la inseguridad que se vive en muchas regiones del país. Una medida extrema estaría en los diálogos con las bandas de delincuentes. Sobre este tema, en los últimos días el diputado federal de Morena, Manuel de Jesús Espino Barrientos ha presentado al Congreso “la creación de la Comisión Especial de Pacificación y Reconciliación Nacional, integrada de manera plural con hasta 30 diputadas y diputados comprometidos con la paz y la unidad nacional, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y con vigencia del tiempo de la LXVI Legislatura Federal”.
Según el diputado Espino, esta Comisión Especial tendría la facultad de detonar “un proceso de diálogo para el análisis y propuestas que contribuyan a restablecer nuestra convivencia armónica y ordenada. Que considere como actores de ese proceso, dialogue e interactúe con ellos, a las entidades públicas y privadas interesadas en contribuir en este cometido; a quienes son fuentes de información, a los que sufren la violencia y a quienes, siendo generadores de ese azote, tengan disposición de rectificar y contribuir, con base en lo que la ley establezca, a la reparación de los daños que han causado”. Esta iniciativa del diputado Espino desea abrir una puerta, hasta ahora cerrada para que con un marco legal se consideren los intereses y las propuestas de todos los sectores del país y de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones ilegales.
Por otra parte, la funcionaria colombiana Gloria Cuartas, quien está a cargo de la implementación del acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC en el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha recomendado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negociar con el narcotráfico y el crimen organizado como parte de su estrategia de seguridad. Ella propone, a partir de la larga experiencia colombiana de medidas punitivas, como parte de la estrategia de seguridad del actual gobierno federal, pueda darse una negociación judicial con estos grupos ilegales ofreciéndoles fórmulas de justicia restaurativa a cambio de someterse a las instituciones de justicia y de seguridad. Propone apostar por una negociación en la que el gobierno les ofrezca a los narcotraficantes y demás organizaciones criminales un trato judicial favorable si se entregan a la justicia.
La señora Cuartas dice que el gobierno de Petro apuesta por un nuevo enfoque para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, a quienes en el pasado se ha combatido con guerras que han dejado, a su paso, más muertos y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos en nuestros países. Con este enfoque se busca una salida digna para Colombia. “Por eso defenderemos, señala la señora Cuartas, el derecho al diálogo, el derecho a conversar con el narcotráfico, sin darle reconocimiento político, pero contemplando penas alternativas, la legalización de parte de sus capitales y desarrollando al mismo tiempo una política de regulación de las drogas y un enfoque de salud pública para tratar las adicciones”.
Las organizaciones criminales se han constituido en México como un actor muy importante, a nuestro pesar: un actor social, económico y político. Es más, es también un actor que ha estado generando una subcultura de muerte y de violencia en las condiciones actuales del país. Esta subcultura es como la coronación del individualismo y del consumismo promovidos por el gran capital y que va corrompiendo, paulatinamente, a la población. Por estas razones, ¿qué les ofrece el Estado mexicano a los criminales? ¿Sólo castigo, prisión o muerte? Este es el punto que debiera servir para que ellos puedan cambiar su perspectiva de vida. ¿Les podemos alentar para que ellos permitan someterse a la justicia restaurativa?
¿Qué es la justicia restaurativa? Es una forma de responder al delito balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Es una alternativa a la justicia punitiva, aquella que emplea las leyes como una mera forma de imponer castigos para resolver el conflicto. La justicia restaurativa apuesta a la mediación a través del diálogo para reparar el daño ocasionado a la víctima. Por tanto, no tiene como fin el castigo al autor o autores responsables del delito, sino que pretende que los causantes del problema asuman su responsabilidad y tomen conciencia del daño hecho para que así intenten reparar el daño producido a la víctima y a la comunidad. El delincuente necesita ser restaurado para que recupere su dignidad de ser humano.
Ahora, hay que pensar en un marco legal necesario para que los contactos, conversaciones y diálogos que se pudieran dar con los grupos delincuenciales sea transparente y legal. El gran problema que hemos tenido hasta ahora es que los diálogos han existido desde hace muchos años. Pero se han dado en lo oscuro, sin ley alguna que los ampare. Gobernantes, políticos, policías y militares los han tenido de manera oculta. Es por eso que ya ahora aspiran al poder y, en parte, lo tienen en sus manos. Las estructuras más frágiles del gobierno son las presidencias municipales. En muchas de ellas, gobiernan, de hecho.
Recordemos que cuando irrumpió en el año 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el gobierno creó una ley específica para fundamentar y garantizar el diálogo con el EZLN, con un comisionado especial. Así las cosas, sería necesaria otra ley para los diálogos con la delincuencia organizada, con el fin que contactos, conversaciones, diálogos y sus procedimientos correspondientes sean transparentes y tengan como testigo al país.
El tema de los diálogos debiera discutirse ampliamente en los espacios sociales y políticos para deliberar si nos ofrece una salida posible al desarrollo de la violencia y de la inseguridad, al que nadie hasta ahora ha detenido.
