A todas las familias afectadas por los huracanes Otis y John que a diario luchan por su sobrevivencia. A pesar de sus protestas y largas horas de espera no son escuchadas ni atendidas por los tres niveles de gobierno.
Con la expectativa de escuchar anuncios importantes por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el genuino interés de saludarla y entregarle sus peticiones, la gente regresó este domingo a sus hogares con la tristeza y la desesperación por no tener respuestas concretas a sus demandas. Pesó en el ambiente la incertidumbre de no saber si serán beneficiarias para limpiar sus casas y si los censos las tomarán en cuenta para reconstruir sus viviendas. La reunión se realizó a puerta cerrada en la Décima Segunda Región Naval de Acapulco. Un lugar infranqueable y seguro, lejos de la gente que ha tomado las avenidas como medida desesperada para que el gobierno los escuche.
Cada secretario federal rindió su informe y anunció los montos de inversión que ejercerá para pasar de la etapa de emergencia a la etapa de Acapulco se transforma contigo. Para alcanzar esta recuperación se diseñó un plan integral cimentado en cinco ejes: encuentros con el sector privado, el plan integral hídrico, el plan integral de seguridad, el plan de mejoramiento urbano y de movi-lidad y el de reactivación turística.
Los anuncios espectaculares de miles de millones de pesos, nos recuerdan las acciones de otros presidentes, como Enrique Peña Nieto que anunció el plan nuevo Guerrero con 30 mil millones de pesos, que dejó en total abandono a las familias damnificadas. La secretaria del bienestar Ariadna Montiel informó que se atendieron 51 municipios y censaron 64 mil 930 viviendas en Acapulco y 78 mil 554 en el resto de Guerrero, arrojando un total de 143 mil 484 hogares atendidos. Para la realización del censo participaron 2 mil 153 servidores de la nación. La inversión destinada para Acapulco es de 2 mil 960 millones de pesos, logrando beneficiar hasta el momento a 32 mil personas. La fecha de entrega la iniciaron el 19 de octubre y concluirá el primero de noviembre. La inversión que está destinada para el resto del estado es de 2 mil 790 millones de pesos y los pagos se entregarán del 4 al 10 de noviembre.
Por su parte el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales informó de las casi 40 mil despensas que han repartido y 319 mil litros de agua embotellada. Rescataron a 2 mil 24 personas, y 24 embarcaciones. Instalaron plantas purificadoras y apoyaron en tareas de limpieza y desazolve. El director de Conagua Efraín Morales informó del apoyo para poner en funcionamiento los sistemas de bombas de agua potable en Acapulco. Repararon el sistema de Lomas de Chapultepec, el Papagayo I y el Papagayo II.
Jesús Antonio Esteva, titular de la secretaría de infraestructura , comunicaciones y transporte (SICT) informó que se atendieron un total de 433 incidencias en mil kilómetros de la red federal. Apoyaron la red estatal con 7 mil 590 incidencias que afectaron puentes. Retiraron 1.8 millones de metros cúbicos de tierra. La Comisión Federal de Electricidad informó que atendieron a 188 mil usuarios a quienes se les restableció el servicio. Manifestó que ya se restituyó la energía eléctrica en los municipios que tuvieron inundaciones. Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública informó que actualmente el 97 por ciento de las escuelas ya se encuentran en clases presenciales y un 2 por ciento continúa en línea. Sólo insinuó que se están atendiendo las incidencias en los inmuebles que sufrieron daños.
El doctor David Kershenobich secretario de Salud habló de 112 mil 917 acciones de salud, en las que participaron 3 mil 900 elementos de la dependencia. Manifestó que el 99.7 por ciento de las unidades de primer nivel se encuentran en operación y todas las unidades de segundo nivel están brindando la atención médica, porque no sufrieron afectaciones. Reiteró que hay un gran trabajo para el tema de atención del control vectorial con acciones de nebulización espacial y fumigación en casas. La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y de Participación Social, Leticia Ramírez Anaya, comentó que realizaron tareas de limpieza en las calles y casas afectadas, logrando retirar 378 mil 611 toneladas de tierra y 171 mil 261 toneladas de basura.
El formato y la presentación de los informes y las acciones que cada secretaría tiene programado implementar estuvieron a modo. Presentaron un panorama muy alejado de la realidad. Hablan como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Resulta que la casi totalidad de escuelas tienen clases presenciales, que todos los servicios médicos funcionan a la perfección, que la energía eléctrica se ha normalizado en todo el estado, que hay campañas de fumigación.
La situación de Guerrero es grave por no decir desastrosa. No es real que las escuelas estén reparadas, que los niños y niñas vayan a las escuelas, que los centros de salud atiendan a los pacientes. Todos sabemos que no hay medicinas, no hay dinero para traslados de pacientes graves. Los hospitales comunitarios tienen serias fallas en su construcción. Tampoco hay dinero para la compra de combustible de los vehículos para realizar las campañas de fumigación. Los caminos rurales están desatendidos y muchos puentes colapsados. Son las comunidades las que están abriendo paso. Las máquinas están en las carreteras principales. Nada se habla de cómo reactivar el campo, cómo se va apoyar a los pequeños productores que perdieron sus cosechas. A los pescadores que también perdieron todo cómo se les va a dar un impulso a la actividad pesquera. A los prestadores de servicios que deambulan en las avenidas en busca de turistas como se les va a plantear alternativas para que obtenga ingresos. Los pequeños comerciantes y artesanos requieren de apoyos y estímulos ante la falta de ingresos.
Para el gobierno federal ya no hay emergencia, todo está volviendo a la normalidad y sólo hay que aplicar los presupuestos asignados para iniciar la transformación de Acapulco. La gente que protesta será ignorada porque se parte de que los servidores de la nación ya acudieron a todos los lugares afectados para levantar el censo y no habrá forma de tomarlos en cuenta.
Varios habitantes de Las Vigas se vieron obligados a viajar para tratar de hablar con la presidenta y poder decirle que no fueron censados. No lograron su objetivo. Los oficios que llevaron y la atención que recibieron lo hicieron los mismos servidores de la nación, que se han erigido en los únicos representantes del gobierno federal, autorizados para dictaminar los daños que sufrieron las viviendas. Están lejos de atender a la población y de reconsiderar su opinión en torno a la afectación de las casas que visitan. Hay muchas quejas por la forma de comportarse, comentan de su poca disposición para escuchar a la gente. Su preocupación mayor fue hacer el registro lo más rápido posible para entregar a tiempo la información requerida. No importaron las familias que no fueron censadas por diferentes causas. En las comunidades indígenas la comunicación fue pésima no sólo por el idioma sino por la poca apertura y paciencia de algunos servidores que no estaban dispuestos a escuchar explicaciones de la gente que tiene sus casas en los cerros.
El 17 de octubre doña Catalina, su hija y sus nietas, de la comunidad me’phaa de Loma Tuza, municipio de Acatepec, se vieron obligadas a dormir en el patio húmedo de su casa porque las paredes de adobe se agrietaron y se cayeron. Su tristeza es mayor porque el único terreno de siembra se desgajó por las lluvias. Lo peor de todo es que los servidores de la nación no quisieron apoyarlas porque no reciben el programa sembrando vida.
Doña Catalina de 58 años tuvo que caminar tres horas a la comunidad de Zontecomapa, municipio de Acatepec, donde estaban censando y tomando fotografías los servidores de la nación para pedirles que de favor la apoyaran. Le dijeron que ya no pueden volver a las comunidades que ya pasaron. Les quiso reclamar en su idioma, pero no le hicieron caso. Llorosa regresó a su casa sin saber cómo le va hacer para tener un techo. Catalina fue madre de Florencia, víctima de feminicidio. Desde hace 10 años que lucha para alcanzar justicia y trabaja duro para sostener a su hija y su nieta. Sin casa y sin parcela el mundo se le derrumbó. Aún no sabe cómo le va hacer para subsistir.
Lejos están las autoridades de entender estas tragedias. Miles de historias de familias damnificadas son irrelevantes para los funcionarios, lo que urge es remozar los lugares turísticos para atraer a los paseantes. Con esta declaración del fin de la emergencia se cierra el capítulo de los damnificados de Otis. Las personas desaparecidas que buscan sin descanso a sus seres queridos son realidades que deben atenderse, porque las familias quedaron en la orfandad, en una situación deplorable. Hay muchos casos pendientes, no sólo en Acapulco, sino en las regiones de la Costa Chica y la Costa Grande. Las familias no sólo perdieron sus casas y sus enseres domésticos, han perdido el trabajo y su patrimonio. El colapso del puerto requiere primero resarcir los daños en las comunidades devastadas, revertir los daños y rezagos sociales, atender a las familias más desprotegidas.
Los cinco ejes para la transformación de Acapulco son insuficientes para hacer frente a las tragedias que el pueblo de Guerrero ha tenido que enfrentar a brazo partido. Desde el huracán Paulina hasta John se ha acumulado deudas impagables porque los gobiernos han remendado y resanado grietas profundas marcadas por la pobreza, la violencia y el olvido gubernamental. Las y los guerrerenses nunca han sucumbido ante los embates de la naturaleza, han tenido la gallardía y la capacidad para enfrentarlos. El gobierno federal no puede ignorar a la población damnificada y sólo darle prioridad a la actividad turística. La gente del campo tiene que atenderse rehabilitando la base productiva que es la base de su subsistencia. El descalabro será mayor si la clase política de Guerrero sigue dilapidando recursos públicos en eventos fatuos e ignora las voces de las familias damnificadas.
