EDITORIAL
El primer informe sobre la seguridad en el país durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene luces y sombras. Hay indicios de cambio en la línea que siguió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y, por otro lado, hay enunciados y omisiones inquietantes, que abren preguntas sobre cuál será el curso del enfrentamiento al delito en este sexenio.
Brinca de inmediato que Sheinbaum ha desterrado el lema que siguió su antecesor, “abrazos, no balazos”. Con esa síntesis de su política, el anterior mandatario describía de manera eufemística las restricciones que impuso a las fuerzas de seguridad.
López Obrador quiso evitar que los efectivos del orden público se enfrentaran a delincuentes. Exaltaba la cantidad de cuarteles construidos en el país para la Guardia Nacional, pero desalentaba la movilización de ese cuerpo en el momento mismo de los estallidos de violencia.
Es cierto que en el sexenio pasado hubo bajas en las fuerzas armadas y las policías ante el crimen, así como importantes detenciones. Pero es abrumador el registro de balaceras, asesinatos, extorsiones, asaltos y hasta el control de amplias franjas del territorio nacional, que transcurrieron sin reacción oportuna de los órganos de seguridad. Guerrero es ejemplo de ese fenómeno.
Pronto se sabrá si un nuevo lenguaje también representa un cambio en los hechos. Pero es una buena señal que altos representantes del gobierno recuerden, así sea de manera indirecta, que el Estado tiene el monopolio legal de la violencia y que es su deber primordial garantizar la seguridad y la paz con el uso proporcional de la fuerza pública.
En contraste con ese giro, persiste la idea de valorar como exitosa la política de seguridad del gobierno anterior, un periodo que fue el más mortífero en más de tres décadas, con más de 199 mil homicidios dolosos.
Sería casi imposible esperar una ruptura política entre este gobierno y el anterior en cualquier materia. Es razonable suponer que la presidenta cuidará al extremo la retórica oficial, en la cual su predecesor tiene un lugar especialísimo. Pero es igualmente posible que, aún preservando un discurso armonioso entre las distintas generaciones de la 4T, haya diferencias de fondo en la realidad.
Así pudieran entenderse las referencias que hizo ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a un “reencauzamiento” de la operación de la fuerza pública, a la facultad de la dependencia a su cargo para investigar y al impulso al trabajo de inteligencia, lo cual incluye la reubicación en esa cartera del órgano nacional civil en la materia.
Esos anuncios apuntan a que la Secretaría a su cargo ejercerá funciones efectivas, siempre en coordinación con los militares, y ahora también con los gobiernos y fiscalías estatales, a diferencia del papel secundario que tuvo en la pasada administración, cuando los uniformados marcaban el paso.
Fue notoria, por otro lado, la ausencia en este primer informe oficial de una exposición detallada de asuntos de relevancia nacional. Es el caso del conflicto en Sinaloa, que en unas semanas acumula ya decenas de muertos y un estado de conmoción en la capital; o la crisis humanitaria y de violencia en Chiapas, que ha producido el fenómeno del desplazamiento masivo dentro del estado y hacia la vecina Guatemala.
Por supuesto, en ese catálogo está Guerrero y sus más recientes y estremecedores episodios de violencia, como el homicidio del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, que fue decapitado por sus asesinos; y los recientes combates en Tecpan de Galeana.
En el primer caso, pesa con fuerza el transcurso del tiempo sin que haya resultados de la investigación a cargo de la Fiscalìa local –pues no fue atraído por la General de la República– y, en consecuencia, crezca la percepción de impunidad, agravada por el hecho de que la víctima era una autoridad electa en la capital del estado.
En el segundo asunto, según los informes disponibles, el Ejército acudió a tiempo, con superioridad numérica y de fuego y así logró una importante victoria táctica sobre el grupo delictivo que había desatado la violencia en el municipio.
Pero las preguntas se agolpan sobre esos acontecimientos, emblemáticos, aunque no los únicos. El gabinete de seguridad queda a deber una explicación de la naturaleza y los resortes de tales hechos y, sobre todo, un esclarecimiento cabal, igual que sus consecuencias por las vías judiciales.
