La comisión desecha el pedido de la FGE porque en el expediente “faltaban algunos elementos”. También determinan nunca dar a conocer la identidad del representante imputado
Chilpancingo, Guerrero, 26 de junio de 2025. La Comisión Instructora del Congreso del Estado declaró improcedente la solicitud hecha por la Fiscalía General del Estado (FGE) para desaforar a un alcalde, del que determinaron nunca dar a conocer su identidad, por el presunto delito de “extorsión por complicidad”.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la Comisión Instructora notificó a la Mesa Directiva que después de analizar la solicitud de procedencia en contra de un alcalde hecha por la FGE, para iniciar con su desafuero, ésta se desechó porque en el expediente “faltaban algunos elementos”, esto, según el presidente de este órgano colegiado, Arturo Álvarez Angli, diputado del PVEM.
“Después de haber realizado un análisis minucioso de la misma, se determinó su desechamiento, por lo que se les hace del conocimiento de los puntos resolutivos del auto para los efectos legales legislativos a los que haya lugar, siendo los siguientes: auto de desechamiento de la solicitud de la declaración de procedencia”, se indica en el dictamen que la Comisión Instructora remitió a la Mesa Directiva para se lectura ante el pleno.
El dictamen indica que el pasa-do 1 de abril, el pleno del Congreso dio cuenta de la solicitud promovida por la agente del Ministerio Público, Margarita Azucena Sánchez Gutiérrez, adscrita a la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos Graves, en torno a un juicio de procedencia contra un alcalde relacionado con la carpeta de investigación.
El documento explica que los integrantes de la Comisión Instructora, luego de analizar la información obtenida, no hallaron elementos para determinar la procedencia de la solicitud presentada, por lo que este miércoles notificó al pleno que se “desecha de plano y no se admite la solicitud de procedencia”.
La Comisión también determi-nó que en todos lo documentos que sean archivados sobre el tema se mantendrán reservados los datos personales del alcalde acusado, por considerar que de por medio hay cuestiones de interés público y una secrecía legal, así como para cuidar el debido proceso.
En entrevista, Álvarez Angli indicó que la solicitud no procedió porque en el expediente faltaron elementos que ayudaran a la Comisión Instructora a determinar la situación del alcalde.
“Faltaban algunos elementos de forma para poder darle trámite, entonces, queda a salvo el derecho que tiene la Fiscalía de volverlo a presentar”, dijo Álvarez Angli.
A pregunta de si nunca darían a conocer la identidad del alcalde, el diputado del PVEM aseguró que no.
– ¿Entonces el pueblo de Guerrero nunca sabrá de qué alcalde se trató?– le preguntó un reportero. Álvarez Angli respondió: “Es correcto”.
Al no proceder la solicitud de la FGE, Álvarez Angli explicó que no fue necesario entrar al desahogo de pruebas ni convocar al acusado.
“No es procedente, no cuenta con los elementos necesarios para avanzar, por más que hemos buscado la manera de dictaminar en función a lo que se nos presentó”, dijo y reiteró que la FGE podrá volver a presentar otra solicitud, “pero con el cuidado de aportar los elementos suficientes”.
Explicó que mantener la identidad reservada del acusado se debe a que se trata de una carpeta de investigación iniciada por la FGE.
La Comisión Instructora y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) manejaron con total hermetismo el caso, y por acuerdo, decidieron nunca dar a conocer el nombre del alcalde, municipio, ni partido político al que pertenece.
Fuentes legislativas mencionaron que el delito por el que la FGE investiga a dicho alcalde es por “extorsión por complicidad”, aunque de manera oficial ningún diputado habló sobre el tema y todos los documentos se manejaron de forma privada.
A pesar de ser un asunto público y de que se le notificó a la Mesa Directiva para hacerlo del conocimiento del pleno, el dictamen de la Comisión Instructora no se publicó en la Gaceta Parlamentaria, bajo el argumento de la secrecía.
A pregunta directa de si podía confirmar o desmentir que este procedimiento fue en contra del alcalde de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón, del PVEM; o del de Teloloapan, Narvel Mojica Sotelo, del PRD, como lo indicaron algunos rumores y fuentes extraoficiales, Álvarez Angli respondió: “No confirmo ni rechazo, rumores siempre va a haber”.
Matias Marrón fue el alcalde que en marzo encabezó una movilización de miles de pobladores y autoridades de varios municipios de las regiones Montaña y Centro, para exigir al gobierno estatal obras públicas.
Durante su manifestación retuvieron a funcionarios, quebraron vidrios y destrozaron portones en el Palacio de Gobierno. Fue por esas acciones que se rumoró que podría ser él al que la FGE solicitó su desafuero, aunque lo negó días después y dijo no tener conocimiento de que hubiera una investigación en su contra.
En tanto que Mojica Sotelo, de acuerdo con versiones, estaba investigado debido a que algunos de sus funcionarios fueron detenidos por extorsión. En abril, el director de Reglamentos, Fernando Hernández Flores, fue detenido por autoridades ministeriales por exigir, junto con un grupo de civiles armados, una cuota de 5 mil pesos a comerciantes.
En octubre de 2024 también fue detenida por extorsión agravada en contra de dos personas, la ex síndica procuradora Vapsi Areli Polanco Álvarez, quien ya está vinculada a proceso.
José Miguel Sánchez/ Foto: Jessica Torres Barrera
