Chilpancingo, Guerrero, a 7 de noviembre de 2025.- Activistas feministas denunciaron que no hay mecanismos suficientes de protección para las víctimas de acoso y hostigamiento sexual en calle, escuelas y en el empleo, que tienen miedo a los agresores, al estigma machista que las responsabiliza de la violencia sufrida o desisten por el desgaste emocional y económico en el proceso de denuncia.
La Colectiva Rebozo Morado señaló dos casos recientes en la Tierra Caliente que trascendieron a la opinión, que fue la denuncia de madres de familia en septiembre, por grabaciones ocultas en vestidores de una tienda de ropa en Ciudad Altamirano que se transmitían en una página de contenido sexual, y donde intervino la Fiscalía General del Estado, porque el acoso a niñas y la difusión no consentida de contenido íntimo, que sanciona la Ley Olimpia. “Pero está tan normalizada la violencia que había gente que hacía memes de la agresión”.
Esta organización consideró que el caso sólo llegará a la apertura de la averiguación previa, porque cuando llegó la Policía Ministerial, la tienda ya estaba cerrada.
Señaló también la agresión en el aula a una estudiante, que se viralizó en redes sociales en abril. Aclaró que ahí no intervinieron las autoridades educativas porque la familia del agresor, otro estudiante, lo sacaron de la ciudad por las amenazas que recibió en internet.
Vía telefónica, la organización señaló que generalmente el acoso se comete de manera oculta y a partir de los tendederos de denuncias anónimas que realizan el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer, se brinda atención psicológica y acompañamiento.
“Como no hay cultura de la denuncia, las niñas, incluso personas mayores, no saben a dónde ir, con quién acudir, sienten que es mucho tiempo y dinero perdido. Sólo para ir a denunciar se llevan casi todo el día”.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2022, indicó que siete de cada 10 mujeres de 15 años y más en Guerrero, experimentaron violencia en la calle o parque.
Consideró que las reformas no sirve de nada si no se aplican, “porque, ¿de cuántas denuncias que existen hay agresores en la cárcel? ¿Un caso que sí se pueda festejar como ganado para la víctima, que tenga una reparación integral?”.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no registra en la incidencia delictiva el acoso. En las llamadas de emergencia al 911, reporta en Guerrero 141 incidentes de acoso u hostigamiento sexual de enero a septiembre de 2025, representa el 1.4 por ciento del 9 mil 930 en el país.
La tasa nacional de acoso y hostigamiento sexual, por cada 100 mil habitantes por entidad, se estima en 7.45 y Guerrero está por debajo, con 3.91.
En consulta telefónica, Marina Reyna Aguilar denunció que estos datos no corresponden a la realidad del estado, “porque lo más, es lo que se da en los hechos, lo menos es lo que se registra”.
Además, señaló que es muy difícil documentar los distintos tipos de acoso porque las agencias del Ministerio Público dejan la carga de la prueba a la víctima y mucha veces no les aceptan las denuncias.
Advirtió que la misma presidenta Claudia Sheinbaum, en la agresión que se documentó en video, reveló que dudó en presentar la denuncia contra su acosador, que finalmente anunció que sí levantará la querella.
Dijo que la legislación de Guerrero sobre el acoso “no está tan mal, pero no se aplica”.
Reformas penales
El Inegi a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2022, estimó que en el estado de Guerrero, el 68.8 por ciento de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida, y 44.1 por ciento en los últimos 12 meses.
Asimismo, indicó que en el estado, 35.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado situaciones de violencia en la comunidad a lo largo de la vida, mientras que 19 por ciento vivió este tipo de violencia en el último año.
En los últimos 12 meses, 6 de cada 10 mujeres de la encuesta señalaron que la principal persona agresora fue un desconocido y que siete de cada 10 que experimentaron violencia en el ámbito comunitario, pues declararon que ocurrió en la calle o parque.
Con este último dato, el Congreso local aprobó penalizar el año pasado el hostigamiento y acoso sexual en el código penal, con penas de de uno a cinco años de prisión y de 50 a 250 días de multa.
En el artículo 186 bis, incluyó el acoso sexual callejero, “a quien con fines o móviles lascivos asedie a otra persona, tome fotos y grabe su cuerpo sin su consentimiento, tenga contacto físico y/o arrinconamiento no consentido, persiga, se masturbe con o sin eyaculación o realice exhibicionismo en lugares públicos y/o privados de acceso público, vías y transporte público y provoque malestar en la víctima dañando su dignidad e integridad personal”.
La pena del delito es de tres a ocho años de prisión y de 200 a 500 días multa, pero cuando el agresor sea reincidente o exista la participación de dos o más agresores o la conducta sea realizada por servidores públicos, la penalidad referida se duplicará.
Aclara que el delito se persigue a petición de parte ofendida, “salvo que exista la participación de servidores públicos, en cuyo caso será de oficio”.
En marzo de 2025 se impuso por el acoso y hostigamiento sexual a niños, niñas y adolescentes, penas de cuatro a diez años de prisión y de cien a 400 días multa. Si el delito tiene agravantes, como privación de la libertad, la pena se irá aumentando en función del tiempo de incomunicación.
En el CBTIS acusan a estudiantes y docentes de acoso
La feminista María Luisa Garfias Marín señaló que para el acoso en las escuelas y en los espacios laborales no hay mecanismos de seguimiento.
Lo demuestra es una denuncia de padres del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 134 de Chilpancingo, fechada el 28 de octubre, de difusión de videos con fotomontaje donde colocan rostros de estudiantes en materiales de carácter sexual.
En el oficio, dirigido al director José Martín Rodea Zúñiga, señalaron “con preocupación y firmeza los hechos de acoso sexual en contra de alumnas menores de edad del plantel educativo a su cargo, perpetrado por estudiantes varones y docentes”.
Señalaron que los hechos constituyen delitos tipificados en la conocida Ley Olimpia y son graves violaciones a los derechos de los estudiantes, que generan un ambiente escolar hostil y atentan contra el derecho a aprender libre de violencias.
Advirtieron que la falta de acción y el retraso de la respuesta institucional perpetúa la impunidad y aumenta el riesgo de los estudiantes.
Texto: Lourdes Chávez
