Acapulco, Guerrero, a 27 de noviembre de 2025.- En el foro A 16 años de la sentencia de la Corte Interamericana del Caso Rosendo Radilla Pacheco, campesino y líder social desaparecido por el Ejército el 25 de agosto de 1974, su hija Tita Radilla criticó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) “continúa sin tener la voluntad para proporcionar la información que permita conocer la verdad de lo sucedido”.
Durante la actividad organizada por Fundar Centro de Análisis e Investigación ayer en el Memorial del 68 en Tlatelolco, Ciudad de México, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), dijo que el crimen contra su padre es un “botón de muestra de todo lo que ocurrió en aquel momento”.
Y “son miles ahora de personas que han sido desaparecidas, la lucha es por los de ayer, por los de hoy, y desafortunadamente, podemos decir que por los de mañana porque esta situación no ha parado”.
Recordó que la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que de un total de 532 quejas por desaparición forzada en la época de terrorismo de Estado conocida como guerra sucia, 332 eran de Guerrero, sobre todo, habitantes de las áreas rurales.
“A pesar de que estas cifras se alejan mucho por la cantidad real de personas desaparecidas, nos permiten darnos una idea sobre la magnitud del fenómeno; al Estado mexicano en aquella época, como en la más reciente guerra contra las drogas o contra la delincuencia organizada, el uso de la fuerza es el principal medio para lograr sus objetivos”.
Los medios como la desaparición forzada “evidencian la saña e inhumanidad con la que se ejecutaron ambas políticas”, advirtió Tita Radilla.
Señaló que la Defensa no permite “identificar con claridad la cadena de mando de los responsables de las múltiples violaciones graves cometidas principalmente en la década de 1970, a su vez, las omisiones y negligencias en la investigación han perpetuado la impunidad y prolongado la negación de acceso a la justicia en éste y en otros casos similares”.
Exige reconocer los crímenes como de lesa humanidad y llevarlos ante la justicia ordinaria
La activista lamentó que a 51 años de la desaparición de Radilla Pacheco no hay una sola persona sancionada, y expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) es omisa por no considerar el “carácter sistemático o generalizado de los crímenes atroces cometidos en la época, para construir una teoría del caso común a las investigaciones que, a su vez, permitan formular una acusación bajo estándares de autoría y responsabilidad”.
“Así como reunir los elementos para acreditar todos los delitos cometidos, incluso el del terrorismo de Estado”, como lo ordenó la sentencia 561/2018 de agosto pasado del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, actualmente en estudio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Exigió a la SCJN y a la FGR cumplir “con su deber, reconocer estos crímenes como de lesa humanidad y llevarlos ante la justicia ordinaria, que se sancione a los responsables de esta política de terror y se deje de honrar a los perpetradores de aquellos crímenes atroces, así como garantizar que nunca más el Ejército y el Estado mexicano puedan ocultar la verdad de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado”.
El homenaje a Figueroa y un plan integral de búsqueda
La investigadora en el programa de Derechos humanos y lucha contra la impunidad en Fundar, Natalia Pérez Cordero expuso las medidas incluidas en la sentencia 565/2018 del año pasado de la jueza Karla Macías Lovera, entre ellas, retirar los símbolos conmemorativos de los perpetradores de terrorismo de Estado.
“Esto es particularmente relevante en un contexto donde sabemos que hace unos días hubo un homenaje al ex gobernador (Rubén) Figueroa, que precisamente durante su mandato y gobierno fue que se propiciaron todos estos actos de violaciones graves y de terrorismo de Estado”.
Otras medidas son reclasificar el delito de desaparición forzada a terrorismo de Estado; realizar una investigación “seria y profesional”; crear un “plan progresivo para el ejercicio de la acción penal contra los responsables y llevar a cabo un plan integral de búsqueda para todas las personas desaparecidas en la época”.
Asimismo, expedir un estatuto de Servicio Profesional de Carrera para los fiscales; conformar una unidad especial para investigar estos casos; declarar sitios de memoria en el Campo Militar Número Uno y la Base Militar Número 7 de Pie de la Cuesta; y retirar los símbolos conmemorativos de los perpetradores de terrorismo de Estado.
La investigadora de Fundar rememoró que la resolución de Macías Lovera fue impugnada por 8 autoridades, de esa cantidad de recursos de revisión sólo subsisten dos, por ello la SCJN decidió atraer el caso de Rosendo Radilla.
Recordó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) de 2009 dio pie al Control de Convencionalidad que establece la obligación de cumplir las sentencias internacionales; al derecho al acceso a la información pública de las violaciones graves; y a la eliminación de la jurisdicción militar en casos contra civiles.
La defensora de derechos humanos planteó los “grandes pendientes” a partir de la sentencia internacional, como la consideración de la complejidad y el gran volumen de los casos; acumular las investigaciones; realizar análisis estructurales; ubicar puntos de detención o destino final de las personas; reconstruir de las cadenas de mando; y proteger a las víctimas y a los testigos.
El ex comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad, David Fernández, indicó que el impacto del informe final del MEH, “no dependerá tanto de los hallazgos, sino como fue la sentencia de la Corte hace 16 años, dependerá de que se traduzcan en justicia real, en reparación efectiva, en cambios institucionales que prevengan que vuelvan a ocurrir hechos similares”.
El actual colaborador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) denunció que “las instituciones del Estado se siguen resistiendo, no cooperan para esto, ni el poder Judicial ni los militares, ni los organismos de seguridad, ni las Fiscalías, todo conspira para que se averigüe la verdad y se lleve a la justicia a los perpetradores para que haya reparación efectiva y para que haya cambios institucionales”.
“Éstos son los grandes desafíos que tenemos hoy y para el futuro, que haya voluntad política para transformar el pasado en esas garantías del futuro”.
Alicia de los Ríos Merino, académica e hija de la militante desaparecida Alicia de los Ríos, dijo que los familiares están expectantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “hemos insistido mucho en las reuniones con las autoridades vigentes que están a cargo de los derechos humanos en México, les hemos reconvenido una y otra vez que ya no litiguen a las víctimas”.
Indicó que “como una hija que busca a su mamá, el caso de Rosendo Radilla fue impactante en la normatividad estatal, en la doméstica, que se negaba a reconocer las desapariciones forzadas en México”.
En la actividad moderada por el coordinador de Derechos Humanos de Fundar, Humberto Guerrero, también participó el hijo de un desaparecido y presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Pablo Estrada.
Ramón Gracida Gómez
