METALES PESADOS
Tryno Maldonado
Los pueblos del sur enfrentan una ley que promete justicia y reparte despojo.
Mientras en San Lázaro los diputados discuten a toda prisa la nueva Ley General de Aguas –una reforma presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada en comisiones en el Legislativo con el argumento de garantizar el derecho humano al agua–, en los territorios indígenas la guerra informal sigue viva. En el país de las represas, los gasoductos y los corredores interoceánicos, el agua se ha vuelto un recurso que da pie a más de una batalla.
El pasado 26 de noviembre fue asesinado en la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, Jalisco, el comunero y defensor del territorio Marcos Aguilar Rojas. Su hermano resultó gravemente herido cuando ambos intentaban defender tierras comunales invadidas por ganaderos. Sólo unos días antes, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunciaron ataques armados contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata. En cada caso se repite el patrón: invasión de tierras, paramilitares, complicidad de autoridades, silencio y connivencia institucionales. En el fondo, una misma disputa: quién decide sobre el agua, la tierra. Quién decide sobre la vida.
La llamada Ley General de Aguas declara su intención de priorizar el uso humano, evitar acaparamientos y transparentar concesiones. Pero detrás de este lenguaje pretendidamente progresista se esconde una amenaza: la centralización del control estatal sobre pozos, manantiales y ríos que durante generaciones han sido administrados por asambleas y usos y costumbres. Donde antes bastaban la palabra y los acuerdos comunales, ahora se exigirá un permiso; donde había autonomía, habrá un secuestro burocrático de los recursos. La reforma, que se votará en el pleno antes de fin de año, no reconoce plenamente los derechos colectivos ni el principio de libre determinación de los pueblos firmado por México en el Convenio 169 de la OIT.
En el papel, la ley busca justicia; en el territorio, puede traducirse en despojo. Comuneros, agricultores y pueblos enteros temen perder el acceso al agua que sostiene sus cultivos y su subsistencia. En Oaxaca, Chiapas, Puebla y Jalisco, los conflictos hídricos se cuentan por decenas. En el Istmo, las obras del megaproyecto neoliberal conocido como Corredor Interoceánico han modificado cauces y contaminado pozos. En la Montaña de Guerrero, la minería a cielo abierto drena manantiales. En la selva chiapaneca, la militarización avanza junto a los proyectos energéticos. Cada megaproyecto tiene su costo invisible: la sequía de las comunidades, la desmovilización social y el desahucio de la tierra.
El gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación defiende esta ley diciendo que busca “acabar con los privilegios” de grandes concesionarios. Pero sin participación real de los pueblos, la norma corre el riesgo de concentrar el poder en nuevas manos: las del Estado aliado con las grandes corporaciones. Regular el agua sin reconocer la soberanía de quienes la habitan es otra forma de despojo. Y cuando los pueblos defienden sus ríos, el Estado responde con represión.
El país vive una paradoja cruel bajo el gobierno de la llamada Cuarta Tranformación. Se legisla en nombre del pueblo, pero se criminaliza y se reprime su defensa. Se prometen derechos, pero se niega la justicia. Cada comunero asesinado –como Marcos Aguilar– es prueba de que la supuesta modernización no es neutra: tiene víctimas que generalmente son de los pueblos organizados y en resistencia. Los comunicados del CNI y del EZLN insisten en que la guerra no terminó: simplemente cambió de nombre. Lo que antes era conquista o contrainsurgencia ahora se llama “desarrollo regional”. Por eso la resistencia sigue: asambleas, bloqueos, jornadas de lucha. Desde Chiapas hasta Jalisco, se repite la consigna “El agua no se vende, se defiende”.
La nueva guerra por el agua es también una guerra por la memoria. Porque cuando se pierde un río, se pierde la historia, la narrativa y la lengua completa de un pueblo. El gobierno que utiliza y presume a sus pueblos indígenas en sus eventos oficiales y conferencias parece al mismo tiempo decidido a olvidar que de los manantiales que quiere expropiar nacieron esos mismos pueblos.
No bastará una ley neoliberal escrita en oficinas centralistas para corregir siglos de despojo. Hace falta escuchar a quienes todavía viven con y del agua, reconocer su autonomía, respetar sus sistemas normativos. Hace falta exigir un alto total a la violencia que cae sobre ellos.
El agua, como la dignidad, no se concede: se respeta. Y mientras el país legisla contra sus propios pueblos, son ellos quienes –en silencio, entre montes, a la orilla de los manantiales– continúan recordándonos que sin ríos libres no hay justicia ni democracia posibles.
