Tlapa, Guerrero, a 11 de febrero de 2026.- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó el señalamiento del secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), Omar Estrada Bustos, de que la organización civil es reclutadora de población jornalera para empresas.
Barrera Hernández calificó de grave el comentario porque pretende desacreditar el trabajo de acompañamiento que por décadas han dado a la población jornalera ante la explotación laboral en los campos de cultivo y en las condiciones de traslado desde sus comunidades de origen.
Afirmó que con eso el secretario mostró su desconocimiento de los problemas que enfrentan los jornaleros y la vulneración de sus derechos como trabajadores.
Agregó que el servidor público sí es un trabajador de las empresarios, “un patroncito” que recluta a través de las 30 empresas que tiene registradas.
Mencionó que Estrada Bustos tiene visión corta y se entiende porque debe conservar su empleo, pero Tlachinollan no aceptará descalificaciones a su trabajo porque sólo ha exigido que se respeten los derechos de los jornaleros que el Estado no ha garantizado.
Mencionó que la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha asumido su responsabilidad para proteger los derechos elementales de los jornaleros, pero se hace más fácil responsabilizar a la sociedad civil “cuando las instituciones son el problema al trivializar e ignorar a quienes trabajan en el campo”.
Remarcó que el llamarlos reclutadores es una manera de criminalizar el trabajo que realizan como organización civil de defensa de derechos humanos y muestra la ignorancia sobre su trabajo.
Reiteró que Tlachinollan ha luchado por décadas contra el Estado que se niega atender a los jornaleros y en la Montaña logró el registro de quienes migran para demostrar que existen y se generen las políticas públicas adecuadas; el funcionamiento de un comedor en las instalaciones de la Unidad de Servicios Integrales (USI) para atenderlos durante su travesía.
Mencionó que las personas iniciaron una migración desordenada y poco a poco se creó una red de contratistas en las comunidades, donde el tío, el hermano o el paisano empezaron a invitarlos, y ante la falta de empleo se fueron involucrando sin preguntar si un campo o rancho está registrado o respetaba sus derechos o era irregular.
“Eso es lo que ha visibilizado Tlachinollan, esas empresas no registradas donde van enganchados y muchas veces violentan sus derechos laborales y es donde las autoridades deben intervenir, pero no lo hacen, pareciera que son cómplices”.
Mencionó que desde hace una década le han dicho a la Secretaría del Empleo y al Servicio Nacional de Empleo que verifiquen a las empresas o campos no registrados en los lugares de recepción para atender las irregularidades cuando llegan a trabajar.
Reclamó que durante la temporada alta de migración no hay ninguna representación de la STyPS que observe las condiciones de migración y genere propuestas de atención.
“Hay un vacío de instituciones, ausencia de autoridad y de atender a la población jornalera porque no hay un presupuesto desde el Congreso. Al contrario, les quitan dinero a las que pudieran atender como la Sedepia que les apoyaba con insumos para el comedor y ya no lo hará regularmente”.
Destacó que por eso se busca la mesa intersecretarial para que se atienda de manera integral el problema, aunque ya llevan 20 años sin respuesta, y en lugar de avanzar la desatención creció en este sexenio y se agrava con los recortes presupuestales a las secretarías.
Precisó que Tlachinollan realiza un registro de los jornaleros que pasan a la USI y por eso saben a qué campos o empresas van. No es que los recluten para esos lugares y tal vez por ese desconocimiento el secretario hizo sus declaraciones desafortunadas.
Dijo que espera que las instituciones atiendan porque no solo hay maltrato laboral, hay desaparición, secuestro o decesos de la población jornalera y no se involucran con el argumento de que no hay dinero.
Sostuvo que la migración continuará por la falta de trabajo y no se ven en el horizonte fuentes de empleo. Por eso lo único que piden es que se atienda de manera integral a la población jornalera para que se respeten sus derechos elementales.
Carmen González Benicio
