Chilpancingo, Guerrero, a 6 de abril de 2026.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan respaldó la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de solicitar al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que presente ante la Asamblea General un panorama de la desaparición forzada en México.
Mediante un comunicado difundido el sábado, Tlachinollan indicó que el pasado 3 de abril, el Ced tomó la decisión “después de analizar la solicitud presentada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), que expuso decenas de casos paradigmáticos de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco”.
El Ced también estudió “las manifestaciones hechas por el Estado mexicano” y la información disponible, donde “encontró que hay indicios bien fundados para determinar que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, mediante ataques a la población civil perpetrados por autoridades del Estado o grupos delincuenciales”.
Ante esta situación, Tlachinollan respaldó la decisión del Ced debido a que “avala lo que ha sido documentado por la sociedad civil durante décadas. Desde la Guerra Sucia, el Estado mexicano ha utilizado la desaparición forzada como un método de represión política”.
“Además, en el presente siglo, ha permitido que sus agentes y los grupos delincuenciales -muchas veces en contubernio- delincan de la manera más atroz sin enfrentar consecuencias. Es decir, el CED no está creando una situación: simplemente narra, bajo términos de derecho internacional público, la situación que el país atraviesa desde hace años”, subrayó.
Lamentó que “la respuesta del Estado mexicano frente a esta decisión deja mucho que desear”.
“Frente a la oportunidad histórica de reconocer la crisis de desapariciones y forense, que atraviesa el país, y acceder a un poco explorado ambiente de cooperación técnica y financiera internacional, el Estado decidió utilizar la ya desgastada técnica de descalificar a un organismo internacional que cuenta con acreditada legitimidad en la materia”, criticó.
Dice que, “todavía hay tiempo de rectificar, pues el posible envío de la situación a la Asamblea General de la ONU generaría condiciones de escrutinio internacional, pocas veces vistas en nuestro país en materia de derechos humanos”.
Alina Navarrete Fernández
