Pobladores y fuentes oficiales confirman lo ocurrido el miércoles en Tlatlauquitepec, donde los autollamados policías comunitarios bloquearon la carretera para impedir que las fuerzas federales y estatales se llevaran a Chilpancingo a un miembro de su organización
Chilpancingo, Guerrero, 18 de abril de 2026. Derivado de la violencia en los municipios de Atlixtac y Zapotitlán Tablas, 10 militares fueron retenidos durante más de cinco horas, en tanto que cuatro policías fueron privados de la libertad durante 21 horas en la Casa de Justicia de San Juan Escalerilla, municipio de Zapotitlán Tablas, en la región Montaña, por presuntos policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), informaron este viernes fuentes oficiales y pobladores de San Pedro Huitzapula Narte.
Los 10 militares fueron retenidos a las 6 de la tarde del miércoles y fueron liberados entre 11 y 12 de la noche, en tanto que los cuatro policías de las 6 de la tarde del miércoles a las 3 de la tarde del jueves, según las fuentes.
El jueves, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, negó en declaraciones a los medios de comunicación que hubiera ocurrido la privación de la libertad de los soldados y policías, como lo informó El Sur.
Sin embargo, este viernes la información se confirmó con diversas fuentes, tanto del mismo gobierno estatal como del pueblo de San Pedro Huitzapula Norte.
Los militares y policías estatales fueron retenidos, cuando trasladaban a Chilpancingo a un policía comunitario, que había sido detenido al ser sorprendido disparando un arma de fuego cerca de San Pedro Huitzapula Norte.
Policías comunitarios de la CRAC-PC que no son reconocidos por las cinco casas de esa institución comunitaria, instalaron un bloqueo en la carretera Chilpancingo-Tlapa, en Tlatlauquitepec, donde retuvieron a los militares y policías, a quienes se llevaron a su casa de justicia de San Juan Escalerillas.
La noche del mismo miércoles acudió a ese lugar el delegado de Gobernación estatal de la región de la Montaña, Jorge Rodríguez Ponce, para negociar la liberación de los militares y policías, pero entre 11 y 12 de la noche solamente fueron puestos en libertad los 10 militares, mas no los cuatro policías, a pesar de que el policía comunitario detenido fue entregado esa misma noche a la CRAC-PC, a cambio de la liberación de los soldados.
Después de la media noche del miércoles, los policías comunitarios también retuvieron a Rodríguez Ponce quien se quedó en la Casa de Justicia de San Juan Escalerillas junto con los cuatro policías estatales hasta a las 3 de la tarde del jueves cuando subió un vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE), de quien no se proporcionó su nombre, y logró la liberación del funcionario y los cuatro policías estatales.
En tanto que pobladores de San Pedro Huitzapula Norte, denunciaron que fueron tres días de violencia en la zona entre dos grupos delictivos que se disputan el territorio; el de Los Ardillos y otro conocido como Los Jiménez que tienen su centro de operaciones en Puebla.
Los ataques comenzaron a las 8 de la mañana del martes cuando civiles armados que se autodefinen como policías comunitarios de la CRAC-PC que tienen su casa de justicia en San Juan Escalerillas, municipio de Zapotitlán Tablas, emboscaron al ciudadano Gregorio García, de oficio mecánico, originario de El Lucerito, anexo de San Pedro Huitzapula Norte, en el tramo de la carretera Zopilotepec-Lucerito del municipio de Atlixtac.
Se informó que, a las 4 de la tarde de ese mismo día, atacaron a balazos al pueblo de San Pedro Huitzapula Norte “y con drones arrojaron bombas a la comunidad, contabilizando cerca de cinco artefactos explosivos estallados en diferentes puntos de la localidad”, según un reporte de los vecinos.
Aseguraron que los disparos en contra del pueblo continuaron durante toda la tarde-noche, ocasionando sólo daños materiales a algunas viviendas.
Según los vecinos, al día siguiente, el miércoles, a las 10 de la mañana, los policías comunitarios de la CRAC-PC, “sobrevolaron drones dejando caer bombas nuevamente al interior de la comunidad y los niños quedaron atrapados en las aulas de las escuelas sin poder abandonarlas, hasta que llegaron las autoridades gubernamentales, a realizar las evacuaciones de las escuelas y del centro de salud”, indicó el reporte.
Los ataques continuaron por la tarde del mismo miércoles, “aún con la presencia de las fuerzas del orden que ya se encontraba n en el centro de Huitzapula”.
“Nuevamente lanzaron bombas e hicieron disparos contra la población, por lo que algunos comuneros trataron de resguardar a la comunidad, siendo este el momento en que llegaron más ataques por parte de la policía comunitaria”.
Informaron que ese mismo día alrededor de las 14:00 horas “sobrevoló un helicóptero de las Fuerzas Armadas realizando un reconocimiento en la zona en la que están escondidos los agresores policías comunitarios, justo en las colindancias con el pueblo de Ocopexco, municipio de Atlixtac, siendo ese el lugar desde donde están operando los drones y se resguardan”.
Agregaron que “ha sido relevante observar cómo con el Ejército sobrevolando en helicóptero la localidad de Huitzapula, los delincuentes no detuvieron los ataques en contra de la población, demostrando la falta de temor a las autoridades federales y estatales, aún con actos graves violatorios de las leyes”.
A las 4 de la tarde del miércoles, dos mujeres; una de 50 años de edad y otra de 35, fueron encontradas asesinadas con múltiples disparos de armas de fuego, a orilla de la carretera federal Chilapa-Tlapa, en la desviación hacia la localidad de San Pedro Huitzacotla Norte, en la misma zona donde el martes ocurrieron los enfrentamientos entre los dos grupos delictivos.
Vecinos ajenos a los dos grupos delictivos piden protección del Ejército y la GN
En un escrito de los pobladores ajenos al conflicto entre los dos grupos delictivos, piden a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la presencia permanente de soldados del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía estatal para proteger a los pobladores.
“La población de Huitzapula manifiesta su exigencia de la atención personal y presencial de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para dar una solución ante la grave crisis de inseguridad y violencia que está afectando gravemente a la región”, piden en su documento.
Zacarías Cervantes
