METALES PESADOS
Tryno Maldonado
Cada 3 de mayo la libertad de prensa vuelve a ocupar un lugar aceptable en el vocabulario público. Gobiernos, organismos internacionales, medios y funcionarios repiten su importancia con fórmulas comunes. La dificultad empieza cuando la libertad de expresión deja de ser un principio democrático y se observa como trabajo cotidiano: quién investiga, en qué condiciones, con qué salario, con qué respaldo legal, bajo qué amenazas, frente a qué autoridades o en qué municipio.
En México, la libertad de prensa no se deteriora sólo cuando alguien censura una nota. También se deteriora cuando el periodista local trabaja sin contrato, cuando un portal digital sustituye a una redacción empobrecida, cuando un fotógrafo freelance cubre homicidios para varios medios y ninguno responde por él si hace falta, cuando una reportera denuncia amenazas y la protección estatal no evita lo más trágico, cuando el Estado cuenta los casos pero rara vez modifica las condiciones que los hicieron posibles. Una y otra vez.
Artículo 19 ha documentado 176 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000 en posible relación con su labor. Según su registro, 47 ocurrieron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y nueve en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa y directora de Quinto Poder, cubría política local, corrupción y abusos de autoridad en el norte de Veracruz. Fue asesinada el 30 de marzo de 2020, en Papantla. Después de su asesinato, su hija Fernanda de Luna Ferral, también periodista, asumió la exigencia de justicia y fue atacada dos meses más tarde junto con sus escoltas.
Gustavo Sánchez Cabrera era periodista independiente en el Istmo de Tehuantepec. Dirigía el portal Noticias Minuto a Minuto. Había denunciado amenazas y solicitado protección. El 17 de junio de 2021 fue asesinado en Oaxaca mientras viajaba en motocicleta con su hijo adolescente. Su hijo sobrevivió. Gustavo estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque organizaciones como Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras señalaron que sus medidas no habían sido implementadas en su totalidad.
Su caso no es una anomalía dentro de Oaxaca. Una nota de La Jornada, publicada este 4 de mayo de 2026, informa que el estado ocupa el segundo lugar nacional en personas adscritas al Mecanismo de Protección, sólo detrás de Ciudad de México. El registro citado por el diario contabiliza 194 beneficiarios en la entidad: 161 personas defensoras y 33 comunicadores. La organización Educa ha documentado, además, los asesinatos de 33 activistas desde el inicio del gobierno morenista de Salomón Jara, en diciembre de 2022. Este altísimo número de personas “protegidas” es el síntoma más grave de un clima de riesgo que parece sistemático en la entidad.
En enero de 2022, Tijuana concentró dos asesinatos que exhiben otra dimensión del problema. El 17 de enero fue asesinado Alfonso Margarito Martínez Esquivel. Era fotoperiodista de nota policiaca y colaboraba como freelance con varios medios locales. La palabra freelance, en este contexto, no describe libertad profesional sino una forma de exposición: cubrir escenas de alto riesgo sin la protección de una estructura laboral.
Seis días después fue asesinada Lourdes Maldonado, también en Tijuana, frente a su domicilio. En 2019 había acudido a una conferencia matutina de López Obrador para pedir ayuda; dijo entonces que temía por su vida. La escena se ha vuelto conocida, pero no por eso ha perdido sentido.
Antonio de la Cruz trabajaba en Expreso, en Tamaulipas. Tenía más de dos décadas de trayectoria. El 29 de junio de 2022 fue asesinado al salir de su casa en Ciudad Victoria. Su hija Cynthia, de 23 años, resultó gravemente herida durante el ataque y murió después. Aquí la categoría “periodista asesinado” queda corta: el ataque alcanzó directamente a su familia. En 2025, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) confirmó que el homicidio estuvo relacionado con su labor periodística, de acuerdo con investigaciones ministeriales citadas por medios nacionales.
Fredid Román Román había trabajado más de 30 años en medios de Guerrero. Dirigió diarios locales como Expresión Popular y La Palabra; en sus últimos años publicaba el semanario La Realidad, ya sólo en redes sociales por el aumento de los costos de impresión. Fue asesinado el 22 de agosto de 2022 en Chilpancingo. Un mes antes habían asesinado a su hijo. Su última columna abordaba el caso Ayotzinapa. En su historia se juntan varias precariedades: la económica, la tecnológica, la familiar, la política, la de un periodismo local que sobrevive con menos recursos y aun así sigue nombrando asuntos que incomodan.
Ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, Carlos Leonardo Ramírez Castro, director de Código Norte Veracruz y corresponsal de Noreste, fue asesinado el 8 de enero de 2026 en Poza Rica. El Comité para la Protección de los Periodistas reportó que tenía 25 años y que fue atacado mientras comía en un restaurante. Cubría temas de seguridad. Había tenido medidas de protección tras un altercado con un policía municipal en 2024, pero éstas expiraron después de que salió de Veracruz. No estamos ante un problema clausurado con el cambio de administración.
La precariedad no es un tema lateral. Forma parte de la arquitectura del riesgo. Muchos periodistas asesinados no pertenecían a grandes empresas nacionales. Trabajaban en medios pequeños, semanarios locales, portales digitales, colaboraciones múltiples, iniciativas personales. Esa fragilidad no explica por sí sola los crímenes, pero sí ayuda a entender por qué el periodismo local queda tan expuesto: menos recursos, menos asesoría jurídica, menos visibilidad nacional, menos protocolos, menos capacidad de reubicación, menos margen para decir no a una cobertura peligrosa.
A esto se suma el discurso desde el poder. Durante el sexenio de López Obrador, Artículo 19 registró 3 mil 408 agresiones contra la prensa: una cada 14 horas. También documentó 179 agresiones a periodistas y medios dentro de las conferencias matutinas. Las “mañaneras” fueron, aparte de un instrumento de comunicación política, un espacio de descalificación recurrente contra periodistas y medios. No todos los ataques contra la prensa derivan del discurso presidencial, por supuesto. Pero el poder sí fija autorizaciones simbólicas. Cuando un gobierno reduce la crítica a enemistad política, corrupción o conspiración, otros actores entienden que el periodista está disponible para el descrédito.
Svetlana Alexiévich dijo en su discurso del Nobel que la verdad no cabe en una sola mente ni en un solo corazón, que está dispersa. El periodismo local trabaja justamente con esa dispersión: voces incompletas, documentos parciales, familias que insisten, expedientes que no avanzan, vecinos que hablan con miedo, funcionarios que administran la demora.
Ricardo Flores Magón escribió que “la prensa es luz”. Leída desde el México actual, la frase exige una pregunta poco cómoda: ¿quién sostiene esa luz, en qué condiciones trabaja, quién la amenaza y quién investiga cuando la apagan? La libertad de prensa no se protege con efemérides. Se protege con justicia, salarios dignos, mecanismos eficaces, medios menos frágiles y gobiernos que entiendan –cosa casi imposible– que la crítica no es una ofensa personal sino una condición mínima de la vida pública.
Cada 3 de mayo es, también, aniversario de la que es ahora mi casa editorial. Este año cumplió 33. No ha sido un camino terso el que se ha atravesado para mantenerse como el periódico independiente más importante y prestigioso de Guerrero: larga vida a El Sur.
