Rechazan la versión oficial de Claudia Sheinbaum, García Harfuch y Evelyn Salgado de que los ataques en la región son por una disputa entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Señalan a la alcaldesa priista de Chilapa de “proteger” a los sicarios de esa organización. Es falso que regresaron los desplazados a Tula, informan
Alcozacán, Chilapa, Guerrero, a 25 de mayo de 2026.- El Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO-S) exigieron justicia para los pobladores de Tula, Xicotlán y Alcozacán, municipio de Chilapa atacados y desplazados, y el desmantelamiento del grupo criminal Los Ardillos.
También rechazaron la versión oficial, avalada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de los ataques en la región son por una disputa entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada y acusaron a la alcaldesa priista de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, de “proteger” a Los Ardillos.
El sábado en conferencia de prensa, Bernardina Sánchez Hernández leyó un comunicado elaborado por el Cipog-EZ y la CRAC-PF, respaldado por comisarios de Rincón de Chautla, Amatitlán, Zacapexco, Tula, Acahuehuetlán, Alcozacán, Xochitempa, Nuevo Amanecer, Buenavista, Ayahualtempa, Colonia de Los Pinos y Xicotlán, y consejeros de autoridades de los Pueblos Fundadores, en el que afirmaron que Los Ardillos pretenden apoderarse de su territorio.
“Basta de tanta indiferencia y desprecio, porque al mismo tiempo que los grupos criminales nos atacan, nos matan, aterrorizando a nuestros niños a nuestras niñas, los malos gobiernos se ríen de nuestro sufrimiento y sólo nos miran cuando están obligados a mirarnos”, expresó.
“Nos queda muy claro que lo que hemos vivido durante más de 10 años y que se replicó el pasado 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, es una guerra de exterminio en nuestra contra… lo que no entendemos es cómo los distintos gobiernos hablan de paz, sacan sus estadísticas de que los homicidios disminuyen todos los días, pero eso es mentira”, dijo.
“Sheinbaum y Harfuch mienten descaradamente sobre la guerra de exterminio en nuestra contra acusándonos de pertenecer a un grupo delincuencial, para proteger a Evelyn Salgado, quien no ha tenido la capacidad de detener la violencia en el estado, al contrario, ha pactado con los grupos delincuenciales”, aseguró.
Manifestó que también protegen a Mercedes Carballo, quien “es parte de la estructura político-criminal que protege a Los Ardillos, no sólo por su parentesco con Celso Ortega Jiménez como cuñada, sino porque pone a disposición del grupo criminal los recursos económicos que el municipio de Chilapa debe entregar a las comunidades”.
Reclamó que las autoridades “ocultaron los ataques con drones, los ataques con armas de alto poder, los más de 2 mil desplazados, los cortes de luz, que los militares y Guardia Nacional se retiraron del lugar del ataque y permitieron el desplazamiento” de Los Ardillos.
Además, “ocultaron que (el subsecretario de Desarrollo Político y Social), Francisco Rodríguez Cisneros estaba con Los Ardillos mientras estaban atacando Alcozacán… posterior al ocultamiento del terror que vivimos procedieron a cuadrar la mentira, acusando al Cipog-EZ y a la CRAC-PC-PF de ser ellos un grupo criminal y no sólo eso, sino que estas organizaciones habían atacado a sus propias comunidades”.
“Rechazamos esas acusaciones que pretendían criminalizarnos para encubrir a Los Ardillos, creando la narrativa de un enfrentamiento entre grupos criminales”.
Manifestó que las autoridades no escuchan a los pobladores ni han cumplido sus demandas, como ocurrió en la visita de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y de Francisco Rodríguez, “dicen que llegaron sus programas sociales y listo, más migajas y problema resuelto”.
Critica que la gobernadora “sigue en campaña, pero ahora en la de su papá (el senador Félix Salgado Macedonio)”; mientras que Mercedes Carballo “dejó claro que ella está con Los Ardillos y dijo que no dialogará con organizaciones no reconocidas por el Estado”.
Agrega que Tula es la comunidad más afectada y “es mentira” que las familias ya regresaron, como informaron las autoridades, y declaró a esa localidad como parte del Cipog-EZ y de la CRAC-PF.
“No queremos un cuartel militar en nuestra comunidad, porque nosotros no somos criminales, los criminales son Los Ardillos y exigimos que se les detenga”; pidió la salida del Ejército de Alcozacán y la instalación de cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales en la zona, para proteger a todos los pobladores.
Sara, representante del Congreso Nacional Indígena demandó “enérgicamente al Estado Mexicano alto a la guerra genocida” y a los señalamientos en contra del Cipog-EZ y la CRAC-PF.
Los representantes de la MCO-S, Sergio Pacheco y Jesús Cuellar coincidieron en que el gobierno, “no está haciendo lo que debe”.
Sergio Pacheco declaró que “para nosotros ha sido muy doloroso escucharlos, lo más doloroso y bestial es que el Estado ha abandonado a las comunidades”.
Consideró que “es muy delicado” que las autoridades afirmen que el desplazamiento forzado de los pobladores es por una disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada, cuando “todos sabemos que son Los Ardillos y si hay más grupos ellos saben quiénes son, que los detengan”.
Detalló que “lo que venimos a hacer es documentar porque lastimosamente escuchamos que no tenían confianza en las autoridades”.
Jesús Cuellar añadió que “caminamos en Tula y fue terrible lo que observamos, allá en la Ciudad de México el gobierno dice que los desplazados de Tula ya regresaron, dice que ustedes son parte de un grupo delincuencial, nosotros decimos que no es cierto”.
Alina Navarrete Fernández
