Alcozacán y Tula, Chilapa, Guerrero, a 25 de mayo de 2026.- Era el Día de las Madres, 10 de mayo de 2026, cuando Saturnino Bartolo Tlalcorral, integrante del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y miembro de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), salió de su casa en defensa de Xicotlán, municipio de Chilapa, pero fue asesinado por integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
Su cuerpo fue localizado y trasladado por las autoridades al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital, donde permanece a 14 días de los ataques, mientras que su esposa y su hija, de apenas 9 de años de edad, están refugiadas en Alcozacán, desplazadas de manera forzada.
“Los Ardillos encendieron el fuego en el cerro”, recordó la esposa de Saturnino Bartolo el sábado en declaraciones, “pa’ que no avanzara mucho el comisario los mandó a apagar el fuego, él se fue como a las 2 de la tarde… cuando me di cuenta, le intentaba marcar, ya no contesta, los demás de mi familia también le intentaban marcar y no contestaba”.
“Ese 10 de mayo fue un día domingo y cuando amaneció el lunes, me di cuenta que ya estaban tirados allá en Las Antenas, eran cuatro los que los agarraron, los desaparecieron”; Saturnino Bartolo fue desaparecido junto con los también integrantes del Cipog-EZ y la CRAC-PF, José Guadalupe Ahuejote Xanteco, Víctor Ahuejote Arribeño y Benito Tlalcorral Rita, todos asesinados.
El jueves pasado agentes de la Fiscalía General del Estado visitaron la comunidad de Alcozacán, como parte de la Feria de los Servicios que encabezó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
En la actividad, la esposa de Saturnino Bartolo les solicitó a las autoridades que lleven su cuerpo a la comunidad, ella no puede ir a la capital, “me da miedo porque están, todo eso pa’llá Los Ardillos… me dijeron que me lo van a entregar”, pero no le indicaron cuándo, sigue esperando.
“Nada más lo voy a enterrar, no lo voy a velar porque no tengo casa, mi casa está en Xicotlán y a nosotros nos da miedo ir porque nos han dicho, mi familia que ha bajado allá, a traer los animales, que se encuentran ahí Los Ardillos, allá, en ese pueblo de Xicotlán y por eso nos da miedo bajar”, informó.
“No me siento segura, el gobierno está allá en la Comisaría, pero si Los Ardillos entran por el monte no vas a poder hacer nada… yo no voy a regresar porque me da miedo de ir, que nos maten”.
Contó que el viernes pasado acudió a su casa acompañada por agentes de la Guardia Nacional, sólo para llevarse lo necesario para enterrar a su marido.
Saturnino Bartolo y su esposa se mantenían de trabajar en campos de Sinaloa, recolectando chile y jitomate, mientras que su hija pasaba el día en la guardería habilitada por la empresa para la que laboraban, esperándolos.
Viajaron en septiembre del año pasado a los cultivos y regresaron en mayo, días antes de los ataques a las comunidades. Ahora su esposa no sabe qué hará, no tiene una casa para ella y su hija, ni siquiera ha podido enterrarlo, sólo tiene la certeza de que fue asesinado y que su cuerpo sigue en el Semefo.
La desértica Tula
El sábado pobladores marcharon desde la cancha hasta el crucero de Alcozacán para despedir y manifestarse en respaldo de los integrantes del Cipog-EZ, la CRAC-PF, la Misión Civil de Observación-Sexta y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes fueron en caravana vehicular nuevamente a Tula, escoltados por policías estatales.
Mientras que agentes de la Guardia Nacional y el Ejército mantienen puestos de vigilancia desde el punto conocido como Los Ajos, en la cabecera municipal de Chilapa, hasta Alcozacán; en ocasiones detienen a automovilistas para preguntarles a dónde y por qué van, como les ocurrió a periodistas, a quienes incluso se les pidió proporcionar el nombre de un “encargado”, antes de permitirles seguir con su camino.
En Tula se observó cinco personas de distintas familias, que, al ver llegar la caravana a lo lejos, bajaron a la calle principal para pedir ayuda, “no tenemos luz, no podemos estar así”, contaron.
La comunidad sigue como quedó después de los ataques armados, con casas y vehículos incendiados, la única diferencia es que algunos pobladores acudieron a revisar sus tierras, pero sólo encontraron a sus animales muertos.
Aunque las autoridades afirman que ya hay seguridad y ya se retomaron las actividades, la realidad es que no hay servicios, las clases continúan suspendidas y las familias no tienen ninguna garantía que les permita volver a sus hogares, siguen en Alcozacán, en calidad de desplazadas por la violencia.
Alina Navarrete Fernández
