Tlapa, Guerrero, a 21 de julio de 2026.- Familiares y vecinos del defensor de la Plazuela de los Cántaros, Sergio Hugo Ureiro Castañeda, asesinado hace un año, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Región Montaña para exigir justicia y avances en la investigación.
El grupo de personas llegó como a las 10:30 de la mañana y permaneció dos horas con su manta, cartulinas y una bocina, desde donde exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda que tomen el caso porque a un año del homicidio del arquitecto Sergio no hay avances.
Verónica Ureiro, hermana del asesinado, recordó que un domingo 20 de julio por la tarde, mientras su hermano esperaba su turno para cargar gasolina a su camioneta en la gasolinera del centro Tlachichinolapa fue asesinado a balazos.
Dijo que lo único que había hecho era defender el espacio de la plazuela que estaba ocupado por comerciantes de alimentos que estaban afectando los árboles con el aceite que le tiraban, los clavos que le ponían y los medidores de energía, y por eso pidieron la intervención de las autoridades ambientales.
Los acompañantes dijeron que lo único que pedían era justicia, porque la vida de Sergio no regresaría.
Dejaron las pancartas pegadas en las puertas con las frases: “Los Defensores no deberían acabar así”, “Fiscalía corrupta” y “Justicia para el arquitecto Sergio Hugo”.
Además, colocaron veladoras en la entrada de la Fiscalía en memoria de defensor de la Plazuela.
La movilización por la recuperación de la plazuela duró un año, el 06 de enero de 2024 los vecinos de la colonia San Diego cercaron el espacio con malla para evitar que los comerciantes entraran, pero luego intervino el Ayuntamiento de que se quitarían sin que eso ocurriera, por lo que los comerciantes siguieron vendiendo y los inconformes instalaron un plantón en las afueras donde pusieron una mesa para recolectar firmas que respaldarán la salida de los comerciantes y la Plazuela de los Cántaros quedara libre.
La exigencia de la salida de los comerciantes por parte de los vecinos del Barrio de San Diego era añeja pero tomó forma cuando en el 2024 se enteraron que en el lugar el Ayuntamiento construiría locales de concreto, que sustituirían las casetas de metal y lámina para dejarlos de manera permanente, aunque el municipio no quiso reconocerlo.
Durante todo ese año sostuvieron reuniones con autoridades municipales y estatales sin tener respuestas por lo que movieron su protesta a Chilpancingo, con un plantón de donde fueron desalojados por la policía.
Al inicio del 2025 recibieron respuestas favorables y reanudaron las pláticas con los comerciantes por lo que algunos aceptaron mover sus casetas y cosas, pero no todos, por lo que el día nueve de enero de 2025 los vecinos las quitaron dejándolas entre las calles Galvez y Fonseca para que fueran por ellas, pero nadie lo hizo y días más tarde lo hizo el Ayuntamiento para liberar las vías.
En las instalaciones desde la parte alta se asomó el fiscal regional, Mariano Ambrosio Flores pero no bajó para acercarse a la familia a entablar un diálogo, lo cual fue confirmado por Verónica, quien dijo que las autoridades son indiferentes con quienes acuden a pedir justicia, sobre todo si son personas comunes.
Pidieron que sea otra instancia la que atraiga el caso para que la investigación avance, porque no tienen información y para ellos el único motivo fue la defensa de la plazuela, donde ahora se hacen actividades culturales.
Texto: Carmen González Benicio
