Chilpancingo, Guerrero, 10 de agosto de 2026. El subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros señaló que el exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina debe presentarse a declarar lo que él considere ante las autoridades, para que exista una consecuencia jurídica de las conductas que señaló de manera pública: la injerencia del crimen organizado que se asume como gobierno, y de dinero ilícito en procesos electorales.
En el caso del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien añadió que la influencia de la delincuencia organizada en la política en Guerrero es “inocultable”, días antes de su detención por delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Rodríguez Cisneros ratificó que no puede opinar, por respeto al debido proceso.
El subsecretario de gobierno consideró que “no puede existir un posicionamiento político sobre un hecho que es eminentemente jurídico”, además de que en México hay un debido proceso, que es un derecho fundamental de todas las personas que están frente a una autoridad.
“Si él no estuviera bajo proceso, y hubiera oportunidad de opinar, con gusto, pero no puedo violentar la ley. Así haya sido gobernador, presidente, diputado o ciudadano que está bajo proceso, serán las partes del caso correspondientes las que informen; la fiscalía o su defensa, si así lo autoriza el señor Angel”.
El debido proceso es un conglomerado institución que busca justicia, imparcialidad e imparcialidad, y la opinión de una autoridad afecta esos principios que forman parte de los humanos, precisó.
Sobre la opinión de Jacobo Molina, preguntó, por qué un funcionario electoral por más de 10 años, ahora hace estos señalamientos, “lo invito de manera respetuosa a presentarse ante las autoridades y señalar lo que él considere, para que exista una consecuencia jurídica de las cuestiones que él ya señaló de manera pública”.
Aclaró que no iba a contestar, a calificar ni a descalificar opiniones de los demás, “de las cuales, cada uno es responsable”.
Al insistir sobre la situación política que advierten los actores políticos en las regiones, dijo: “ni lo rechazo, ni la afirmo, porque si él está haciendo una manifestación, que acuda ante una autoridad”.
Estimó que así, presentando una denuncia formal, “ayudaría mucho a la sociedad”
Recordó que todo funcionario público protesta hacer cumplir la ley. “Quienes se dedican al servicio público tienen una responsabilidad. Es como si yo, en 10 años, saliera muy orondo a estar haciendo declaraciones, y el señor tuvo una responsabilidad”.
Añadió que que las autoridades de Guerrero están trabajando por la seguridad y la paz todos los días. “Hoy mismo la Fiscalía General del Estado acaba de dar cuenta de la detención en Acapulco, de una persona que estaba afectando la ciudad. Hay coordinación, y consecuencias jurídicas por los actos”.
Enfatizó que las acciones no son sólo del gobierno del estado que tiene facultades muy específicas en la administración pública, y que no sólo se atienden las causas que generan la violencia.
“Es una coordinación con todas las instituciones que forman parte del Estado; la FGE, que realiza actos de investigación con la que hay consecuencias jurídicas de los actos, y se está haciendo un seguimiento permanente de la situación”.
Ratificó que la Fiscalía del estado “ha tomado un papel muy importante en los últimos tiempos”, sobre las conductas delictivas, sobre el incremento en el número de detenciones en el último año.
Consultado también sobre el anuncio de nuevos cierres de carreteras por parte del ejido de Buenavista en San Luis Acatlán, para exigir la libertad del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, detenido el 17 de julio y trasladado a un penal federal, sólo dijo que cada vez que hay manifestaciones, se aplica un protocolo para la atención.
Lourdes Chávez
