Ciudad de México, 12 de agosto de 2026. Un juez federal vinculó esta madrugada a proceso a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, por la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano.
Tras una larga audiencia, Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los datos de prueba suficientes para presumir que existe un hecho que la ley marca como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió.
El impartidor de justicia también fijó un término de 4 meses para la investigación complementaria, un plazo previsto para que las partes acopien sus respectivas pruebas y que fenecerá el próximo 4 de diciembre.
Aguirre fue procesado por el delito de desaparición forzada de persona, en una modalidad que sanciona con 40 a 60 años de prisión y con 10 mil a 20 mil días de salario al servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad o el paradero de una persona.
La imputación específica consiste en que habría ordenado ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
La base de la imputación son los testimonios de la magistrada Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG) y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex Visitadora General de la misma institución.
Estrada declaró que el 29 de septiembre de 2014 robó en la oficina de Galeana el disco con los videos de la noche de las desapariciones y los entregó ese mismo día a las 20:30 horas a Aguirre, en Chilpancingo.
Al día siguiente, dijo que hubo dos reuniones en el Palacio de Gobierno en la capital de Guerrero, en las que Aguirre cuestionó a miembros de su gabinete si ya habían destruido las evidencias del caso de los normalistas, porque estas desapariciones no podían pasar a mayores, ya que él tenía muchas relaciones con el gobierno del presidente priista Enrique Peña Nieto.
Estrada asegura que ella y Galeana acudieron a esas reuniones.
La FGR ofreció 13 datos de prueba contra Aguirre, entre ellas los testimonios de las ex funcionarias, ambas también procesadas, mientras que Aguirre presentó 31 datos de prueba.
El juzgador dijo que en el delito de desaparición forzada, la norma le obliga a realizar un análisis atenuado, flexible y basado en pruebas indiciarias.
“Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas”, manifestó.
Esta audiencia originalmente estaba programada el martes a las 10:00 horas, pero inició hasta las 12:47 y concluyó hasta las 2:31 horas de este miércoles.
Defensa apelará procesamiento
Al término de la diligencia, la defensa de Aguirre lamentó el fallo del juez y adelantó que apelará el procesamiento.
El abogado Guillermo Barradas señaló que apelarán a más tardar el lunes la decisión legal de mantener en prisión preventiva a Aguirre Rivero.
“Se ratificó y se queda por lo menos cuatro meses más, apelaremos. Nos vence el próximo lunes”, dijo Barradas a medios de comunicación.
El abogado de Aguirre aseguró que en la audiencia inicial se dio un desahogo de pruebas donde incluso se buscó, por parte de la Fiscalía, ofrecer geolocalización de un celular, del cual dijo que no era de Aguirre Rivero.
“Es una pena, es una lástima ver la fragilidad del sistema de justicia que actualmente estamos viviendo. Ustedes presenciaron esta ardua audiencia en la que demostraron una reunión de alto nivel en la que se encontraba el señor Aguirre en el momento en el que supuestamente le entregaron los videos que supuestamente mandó a destruir”, expresó.
Añadió: “en nuestra opinión quedó clarísimo que demostramos eso. La Fiscalía incluso en su desesperación pretendió ofrecer una geolocalización de un celular que ni siquiera era del señor Aguirre y que ni siquiera demostraba que estaba en Chilpancingo ese número”.
Barradas dijo que la defensa legal hará un “esfuerzo” para demostrar la inocencia del ex gobernador en las siguientes etapas, pero que no apostaba a hacer una valoración sobre si la presión social afectó la decisión.
El abogado Guillermo Barradas cuenta con experiencia en la defensa de ex gobernadores por diversos señalamientos. Además de Aguirre Rivero, el litigante defendió al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa contra los delitos de peculado y recursos de procedencia ilícita.
Barrada fue además el representante legal de cooperativistas de la Cooperativa Cruz Azul en el caso contra el entonces presidente de la Cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas luego de que tuviera órdenes de aprehensión.
En mayo de 2025, el despacho García González y Barradas, de Guillermo Barradas fue señalado por ser parte de una red de extorsión legal dirigida por el entonces consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Juan Luis Altamirano/ Agencia Reforma
