METALES PESADOS
Tryno Maldonado
En 2022 fui exhibido desde Palacio Nacional en Quién es Quién en las Mentiras. Exigí mi derecho de réplica diariamente. Casi 47 meses después, sigo esperando. Ahora el gobierno vuelve a exhibir periodistas y críticos desde una sección llamada, irónicamente, Derecho de Réplica. Y todo esto ocurre en un país donde ejercer el periodismo todavía cuesta amenazas, desplazamiento y vidas. Andrés Manuel López Obrador convirtió el señalamiento público de sus críticos en política de comunicación. Claudia Sheinbaum pudo terminar con esa práctica. Decidió heredarla. La novedad es más inquietante: ahora el poder llama “derecho” a su privilegio de señalar y estigmatizar. ¿Para qué?
Luisa María Alcalde, ex secretaria de Gobernación y actual consejera jurídica de Presidencia, presentó el pasado 13 de agosto cuatro capas de un “ecosistema de amplificación digital”. En la primera colocó 54 cuentas de periodistas, comentaristas y medios que, según dijo ella, originan mensajes legitimados mediante investigaciones, noticias y opinión que después amplifican trols y bots. Luego tuvo que aclarar que esos periodistas no necesariamente forman parte de la operación. La pregunta es elemental: si no forman parte de ella, ¿por qué exhibir sus nombres y rostros dentro de esa cartografía?
La organización Artículo 19 encontró problemas todavía más básicos: el gobierno no hizo pública una metodología técnica suficiente para sostener sus conclusiones y tampoco resulta claro con qué atribuciones la Consejería Jurídica de la Presidencia monitorea, selecciona y califica la conversación pública. ¿Qué criterios permiten distinguir crítica, desinformación y coordinación? ¿Cómo puede impugnarse una clasificación equivocada? Una investigación periodística puede ser rigurosa y después ser apropiada por una maquinaria partidista o amplificada por miles de cuentas automatizadas. Nada de eso convierte retroactivamente al o la periodista que la produjo en integrante de la operación. Confundir circulación con coordinación es sustituir la prueba por la asociación.
Desde hace dos décadas, estudios comparados de Open Society Justice Initiative y organizaciones latinoamericanas hablan de soft censorship o censura suave: formas de interferencia estatal que no necesitan clausurar periódicos ni encarcelar periodistas. Publicidad oficial, licencias, regulación, premios, castigos económicos y presiones informales pueden modificar las condiciones bajo las cuales se ejerce la libertad de expresión. Estos estudios afirman que la democratización no necesariamente acaba con el control de la palabra: puede volverlo menos visible. Pero llamar “censura suave” a las mañaneras sería impreciso. El Sistema Interamericano ofrece una categoría más cercana: estigmatización oficial y efecto inhibitorio.
El chilling effect ocurre cuando un derecho continúa formalmente intacto pero el costo previsible de ejercerlo modifica la conducta de quien podría ejercerlo. Nadie necesita prohibirme hablar si consigue aumentar suficientemente el precio de hacerlo. Por ejemplo, exhibirme en una conferencia presidencial. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha advertido que los discursos estigmatizantes de funcionarios contra periodistas pueden aumentar riesgos y producir efectos inhibitorios sobre la deliberación pública. La razón es sencilla: un presidente y un ciudadano no son dos participantes equivalentes en una discusión. El propio estándar interamericano recuerda que los funcionarios poseen una enorme capacidad para controvertir información debido a su poder de convocatoria pública y, precisamente por ello, deben soportar un umbral mayor de escrutinio y crítica.
Eso vuelve particularmente extraño llamar Derecho de Réplica a una tribuna gubernamental. ¿Réplica frente a quién? La Presidencia dispone de Palacio Nacional, cámaras, transmisión nacional, canales públicos, recursos millonarios, funcionarios y cobertura inmediata de prácticamente todos los medios. El derecho de réplica nació para corregir asimetrías, no para fingir que el Estado es la parte débil de la conversación. Una o un ciudadano señalado desde esa maquinaria sí necesita réplica. Yo, por ejemplo, llevo casi cuatro años esperando la mía.
La Relatoría ya había advertido el problema en 2022. Mientras el gobierno de AMLO condenaba los asesinatos de periodistas, observaba al mismo tiempo una confrontación sostenida de autoridades federales con periodistas y medios mediante mensajes oficiales estigmatizantes. Aquel año fue, según la Relatoría, el más letal para periodistas en las Américas desde que comenzó sus informes en 1998. Artículo 19 documentó 696 agresiones contra la prensa en México: una cada 13 horas; 12 periodistas fueron asesinados y más de cuatro de cada 10 agresiones provinieron directamente de agentes del Estado. Sería irresponsable sostener que una conferencia mañanera mate periodistas, pero hay algo que sí es demostrable: en un país con este nivel de violencia, las autoridades tienen un deber reforzado de no alimentar la hostilidad contra quienes informan, ni de arriesgar sus vidas.
AMLO construyó una gramática política del adversario: “conservadores, prensa vendida, intelectuales orgánicos, mentirosos”. El mensaje podía seguir circulando; sobre el mensajero se colocaba una marca. La exposición de Alcalde introduce algo distinto. El periodista ya no aparece solamente como adversario político, sino como nodo dentro de una arquitectura conspirativa: “capas, cuentas semilla, amplificación, ecosistema, millones de publicaciones”. La clasificación política adquiere la autoridad visual de un análisis técnico. Podríamos llamarlo la tecnificación del adversario.
Existen antecedentes históricos de identificación y estigmatización que pertenecen a contextos incomparablemente distintos: del falangismo español y las dictaduras sudamericanas al red-tagging filipino y la Hungría de Orbán. Lo que importa es reconocer una tecnología política elemental que sobrevive bajo formas y consecuencias distintas: identificar, asociar, clasificar. Una lista no sólo describe a quienes aparecen en ella. Produce una categoría de sospecha desde la que de antemano deberán ser leídos.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) salió a defender los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias afirmando que “la libertad de expresión no es el derecho a decir mentiras”. Pero una institución creada para proteger a las y los ciudadanos frente al Estado debería añadir inmediatamente: ¿quién determina qué es mentira?, ¿con qué pruebas?, ¿mediante qué procedimiento?, ¿quién puede impugnar esa calificación? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando quien decide que una información es falsa es precisamente el poder sobre el cual esa información habla?
La libertad de expresión no es una concesión estatal. Es una conquista histórica contra el poder. En México bastaría recordar a Ricardo Flores Magón y el periódico Regeneración, cuando imprimir podía significar persecución, cárcel, confiscación o exilio. El viejo régimen priista conocería después otros instrumentos: papel, concesiones, publicidad oficial, presiones y despidos. La alternancia panista tampoco terminó con las presiones económicas ni con la violencia contra periodistas. No hay ningún pasado democrático al cual regresar. Pero precisamente conocer aquellas formas debería permitirnos reconocer las nuevas.
